Fuente original: EFECTO COCUYO. –
Para defensores de DDHH y juristas será una mala señal si la AN ratifica al actual fiscal encargado
Tras culminar el plazo para la presentación de postulaciones al cargo de fiscal general de la República (2 al 13 de marzo, con prórroga), el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano publicó un listado de 73 candidatos a dirigir el Ministerio Público (MP), tras la “renuncia” de su titular, Tarek William Saab, el pasado 25 de febrero.
Compiten el fiscal encargado, Larry Devoe, destacados juristas y académicos apoyados por universidades nacionales, funcionarios en ejercicio y exfuncionarios. Algunos también compiten para el cargo de defensor del pueblo. De las 73 postulaciones, 25 son de mujeres.
Desde la sociedad civil se han hecho llamados para que la renovación parcial del Poder Ciudadano (no se incluye al contralor) abra camino a un proceso de transición democrática en Venezuela, mediante la designación de un nombre que no responda a lealtades partidistas, sino a la Constitución y el respeto a los derechos humanos.
Estos son algunos de los postulados:
Larry Devoe: actual fiscal encargado, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), cercano a la gobernante encargada, Delcy Rodríguez. Según la hoja de vida leída en el Parlamento el día de su designación, posee un máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España, y en Democracia, Derechos Humanos y Estado de derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, también en España. Además, es especialista en ciencias penales y criminológicas, y posee dos diplomados en materia de derechos humanos.
También es miembro del recién creado por Delcy Rodríguez Programa para la Convivencia Democrática y la Paz y de la Comisión de Alto Nivel para Liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La postulación de Devoe es altamente cuestionada por ONG y defensores de DDHH, puesto que, como representante del Estado ante organismos internacionales (agente alterno Corte Interamericana de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, entre otros), este abogado se ha dedicado a negar las violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentados e investigados por instancias como la Corte Penal Internacional (CPI).
Magaly Vásquez: Especialista en derecho penal, doctora en Derecho, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (la primera mujer penalista), profesora titular y actual secretaria general de la Ucab. Es además corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) de 1998.
Su postulación es apoyada por la Ucab, Universidad Central de Venezuela y Universidad Metropolitana.
Nelson Chitty La Roche: Abogado constitucionalista. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV. Obtuvo Licencia Especial en Estudios sobre la integración en Europa en la ULB de Bruselas (Bélgica) y Licencia Especial sobre Política Internacional en el Instituto de Estudios Europeos.
Exdiputado del Congreso de la República por Copei. Su postulación también es apoyada por la UCV.
Renée Moros Tróccoli: Abogada litigante, docente y reconocida académica, doctoranda en Ciencias Penales, con más de 35 años de experiencia. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Derecho Penal Económico y violencia de género.
Giovanni Rionero Leal: Profesor de postgrado de Derecho Penal y Procesal Penal de la Ucab, UCV y Universidad Santa María.
Jesús Ramón Rodríguez Rodríguez: Especialista en Derecho Penal, Derecho Informático y Gerencia Pública, con maestría en Ciencias Jurídicas con mención en Derecho Penal y doctor en Derecho Constitucional. Es fundador y director del Instituto de Estudios Jurídicos, Telemáticos y de Seguridad Corporativa.
De su hoja de vida señala que ha ejercido durante más de 19 años como fiscal del MP, con competencia especial en delitos informáticos y de telecomunicaciones. Fue presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público (Asofiscal) por más de siete años por elección gremial.
José Luis Alcalá Rhode: Trayectoria de más de tres décadas en el ejercicio profesional y la función pública. Se ha desempeñado como secretario general de Gobierno del Estado Zulia, fue presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en la entidad zuliana y director de la Policía de Maracaibo.
Ángel Wladimir Zerpa Aponte: Experto en Derecho Penal. Fue profesor de pregrado y posgrado en al menos ocho universidades en Venezuela, entre ellas la UCV, la Ucab, Universidad de Carabobo, Católica del Táchira, Universidad de Los Andes (ULA), Santa María, Católica Santa Rosa y la José María Vargas. Fue instructor en la Escuela de Fiscales adscrita al MP.
De los 33 magistrados juramentados por la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora en 2017, fue el único detenido (22 de julio) por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Entonces se le consideró cercano a la destituida fiscal Luisa Ortega Díaz, de quien fue abogado en el antejuicio de mérito en su contra por denunciar ruptura del hilo constitucional, tras las sentencias del TSJ contra la AN. Salió del Helicoide el 25 de agosto de 2017, una medida cautelar que le otorga libertad bajo régimen de presentación cada ocho días.
En 2017, la BBC reseñó que mientras fue juez 18.º del Tribunal de Control de Caracas, otorgó en 2001 dos veces medida de casa por cárcel a Luis Carrera Almoina, condenado por el secuestro, las torturas y la violación de la joven Linda Loaiza López.
El 13 de marzo, el diputado Jorge Arreaza, quien dirige la comisión que hace seguimiento a la aplicación de la Ley de Amnistía, declaró que algunas personas que “usurparon” funciones en el pasado como magistrados y diputados, habían solicitado acogerse al “perdón” que otorga la normativa.
Danilo Antonio Mojica Monsalvo: abogado egresado de la Universidad Santa María, magistrado emérito del TSJ, formó parte de la Sala de Casación Social, docente universitario. En su hoja de vida publicada en la página web del TSJ, destaca que es doctor en Derecho Constitucional Comparado de la University Preston en EEUU, especialista en Derecho Procesal Penal.
En 2017 se pronunció contra la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla impuesta por Maduro con serios riesgos para la soberanía popular. Se postula también para el cargo de defensor del pueblo.
Josmary Angelica Páez Fonseca: En 2022, aspiro al cargo de defensor público. Fue abogada adjunta del despacho del exmagistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, integrante de la Sala de Casación Penal en 2019. También aspira a ser defensora del pueblo.
El 29 de noviembre de 2019, la abogada presentó ante el TSJ la ponencia titulada «La Lopnna en tiempo de constituyente y los desafíos ante una Asamblea Nacional en desacato», en alusión a la AN de 2015, con mayoría opositora.
Romy Elena Mendez Ruiz: Abogada egresada de la UCV, jueza de 1.ª instancia laboral y penal jubilada de carrera, asesora de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la AN. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la UCV, Derecho Laboral, Tributario, Violencia y docente de Derecho e Instituciones Militares y Postgrado. También ha aspirado sin éxito a formar parte del TSJ.
Activos en el MP
Entre los postulados están los abogados Ramon Eduardo Meneses, Adriana Meaño Díaz y Minerva Thaís Balza Rosario, quien a la llegada de Tarek William Saab a la Fiscalía en 2017 fue nombrada subdirectora en la Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y en 2024 se postuló para fiscal, compitiendo con el propio Saab.
Doble postulación
Hay abogados que también decidieron postularse simultáneamente para el cargo de defensor del pueblo. Es el caso de Marioly Flores Vives, Adriana Meaño Díaz, el magistrado emérito Danilo Mojica, Juan Bautista Mirabal Ascanio, Yonmar Montoya, Karla Consuelo Ramirez, Luisa Elena Rivero, Tomas Rafael Aguilera Marin, Edgar Jose Fuenmayor de la Torre, Libardo Garcia Robles, Gabriel Guerrero Gil, Josmary Paez Fonseca, Jesus Enrique Ramirez Paz e Ignacio Ramírez Romero.
