Fuente original: EL NACIONAL. –
En entrevista con El Nacional, una enfermera del estado Táchira con 12 años de experiencia en el área de inmunización, relató la crudeza de la realidad hospitalaria. “Mi sueño siempre fue ejercer mi profesión y tener una mejor calidad de vida; sin embargo, trabajar en este sistema ha sido muy difícil. Pese a los salarios de miseria, continúo en mi país con la esperanza de un cambio”, afirmó
La crisis sanitaria en Venezuela, agudizada por brotes de fiebre amarilla y la migración masiva de especialistas, evidencia la fragilidad de un sistema que demanda con urgencia reforzar los planes de inmunización y mejorar las condiciones laborales del sector.
En entrevista con El Nacional, una enfermera del estado Táchira con 12 años de experiencia en el área de inmunización, relató la crudeza de la realidad hospitalaria. “Mi sueño siempre fue ejercer mi profesión y tener una mejor calidad de vida; sin embargo, trabajar en este sistema ha sido muy difícil. Pese a los salarios de miseria, continúo en mi país con la esperanza de un cambio”, afirmó.
El esquema de vacunación y el repunte de casos
El protocolo contra la fiebre amarilla en el país establece una dosis inicial a los niños de un año. Quienes no fueron vacunados en su momento deben recibirla entre los 2 y 9 años, mientras que la población de 10 a 59 años, incluyendo viajeros y trabajadores rurales, también es prioritaria si no cuenta con inmunización previa.
Aunque una sola dosis suele conferir protección de por vida a partir de los 10 días de su aplicación, en casos específicos con factores de riesgo o tras más de una década de la última dosis, los especialistas evalúan un refuerzo según los criterios de salud pública.
En las últimas dos décadas, Venezuela ha registrado seis brotes desde el 2002 con un saldo de 101 contagios y 42 fallecidos, lo que representa una tasa de letalidad del 41,58 %. La reaparición de casos entre 2025 y 2026 ha activado nuevas alertas sanitarias en diversos estados, confirmando que la capacidad de respuesta del sistema sigue siendo insuficiente.
Un sistema descapitalizado
El deterioro del sector salud no solo afecta a los pacientes, sino que ha expulsado a quienes lo sostienen. Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señaló a Unión Radio que aproximadamente el 40 % de los médicos formados en el país (unos 60,000 especialistas) han emigrado. El gremio de enfermería enfrenta un panorama similar: el 70 % de sus profesionales se encuentran fuera del país o han migrado al sector privado, sobrecargando a quienes permanecen en la red pública.
Por su parte, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, advirtió que la escasez de insumos y el déficit de personal han provocado un retroceso de un siglo en la atención sanitaria. El país enfrenta hoy el resurgimiento de enfermedades endémicas en un entorno donde el mosquito Aedes aegypti, transmisor también de dengue y zika, encuentra condiciones ideales para la propagación del virus.
La precariedad ha derivado en movilizaciones sociales. El pasado 12 de marzo, el gremio de enfermería protestó en vísperas de cumplirse cuatro años desde el último ajuste del salario mínimo (congelado desde marzo de 2022). Ana María Velásquez, presidenta de la Federación del Colegio de Profesionales de Enfermería, lideró la convocatoria exigiendo el cumplimiento del Artículo 91 constitucional, que vincula el salario al costo de la canasta básica.
Entre las demandas entregadas a los legisladores en el Parlamento se encuentran la eliminación del instructivo ONAPRE 2792, el cese de las bonificaciones que sustituyen al salario real y el rechazo a la propuesta de una “Constituyente Laboral” impuesta unilateralmente.
Sin salarios dignos no hay profesionales, y sin profesionales, el sistema es incapaz de contener brotes prevenibles como el de la fiebre amarilla. La estabilidad sanitaria del país depende hoy, más que nunca, de políticas públicas que protejan tanto al paciente como al trabajador.
