Saab deja la Fiscalía como uno de los entes de justicia más cuestionados por foros y organismos internacionales y nacionales
Fuente Original: Efecto Cocuyo
Casi ocho años permaneció Tarek William Saab al frente de la Fiscalía. Esta gestión es considerada una de las etapas más oscuras debido a la violación de derechos humanos en Venezuela. Organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas y oficinas como la del Alto Comisionado publicaron informes que describen la sistemática represión en Venezuela.
La renuncia de Tarek William Saab, a pesar de ser exigida en múltiples oportunidades por defensores de derechos humanos y diversas organizaciones, se produjo el 25 de febrero de 2026, 53 días después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, donde arrestaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.
Saab comenzó su carrera como Fiscal General de la República el 5 de agosto de 2017, en una cuestionada elección realizada por la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano controvertido creado por el gobierno de Nicolás Maduro para suplantar a la Asamblea Nacional opositora.
Saab, que ahora está como encargado temporalmente como Defensor del Pueblo, sale de la Fiscalía General con señalamientos como el de ser una pieza clave en el aparato represivo del Estado venezolano, encabezado por Maduro.
A continuación en Efecto Cocuyo preparamos una cronología sobre hechos importantes que dejaron los casi ocho años de Saab al frente de la Fiscalía General de la República:
Año 2017: Designación y desmantelamiento del MP
En el año 2017, marcado por un largo periodo de protestas multitudinarias contra la presidencia de Maduro, debido a la emergencia humanitaria compleja y la grave crisis económica que afectó a Venezuela, se designó a Saab como fiscal, después de la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el gobierno tras denunciar los abusos y la represión contra los manifestantes opositores. “Se rompió el hilo constitucional”, una declaración que le costó el cargo a Díaz.
Lo primero que hizo Saab al llegar al Ministerio Público fue una reestructuración completa. Organizaciones señalan que el fiscal designado por la ANC, en agosto de 2017, destituyó a varios integrantes de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del MP. Estos funcionarios se encargaban de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerzas de seguridad en el país y que anteriormente trabajaban con la fiscal Ortega Díaz.
El fiscal general también desmanteló la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, creada en 2014 por Ortega Díaz para recolectar pruebas forenses en los casos en que miembros de las fuerzas de seguridad eran acusados de haber cometido violaciones de los derechos humanos.
Organizaciones como Human Right Watch también señalaron al Ministerio Público de haber ignorando abusos de fuerzas de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales.
Ese año también se iniciaron las investigaciones contra opositores por «traición a la patria» y «conspiración», incluyendo a figuras como los diputados Julio Borges y Freddy Guevara. También las cifras de la Fiscalía, sobre muertes en contextos de protestas, no coincidían por las registradas por organizaciones: mientras el ente reconoció 124, organizaciones reconocían más de 150 atribuidas a la represión estatal.
2018: La muerte de Fernando Albán
En 2018, la muerte del exconsejal opositor Fernando Albán en custodia del Estado puso nuevamente a Saab en el foco. El fiscal señaló que el militante de Primero Justicia, que se encontraba detenido en la sede del Sebin, se habia suicidado, una versión que fue rechazada por opositores y su abogado Joel García aseguró que la causa de muerte habia sido homicidio.
En 2021, el fiscal señaló que no se había suicidado. “En su momento se imputó el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar violaciones de garantías constitucionales. Y siendo acordada dichas nulidades por el tribunal, la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación”, expresó Saab en rueda de prensa.
En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) inicia un examen preliminar sobre la comisión de presuntos crímenes contra la humanidad desde 2014, incluyendo tortura y ejecuciones, pero Saab cuestionó la investigación.
2019: Investigación contra Guaidó e informe de la Misión de Determinación de Hechos
El 29 de enero de 2019, Saab abrió una investigación preliminar contra Juan Guaidó; solicitó al TSJ la prohibición de su salida del país y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias. Esta medida fue la primera respuesta judicial de la fiscalía tras la juramentación de Guaidó como presidente encargado.
Posteriormente, el 12 de marzo de 2019, el Fiscal General anunció una nueva investigación penal contra Guaidó y lo acusó de ser el responsable intelectual del «sabotaje» al sistema eléctrico nacional. Saab vinculó directamente a Guaidó con el apagón masivo que se produjo en Venezuela en marzo de 2019 y que duró más de 96 horas.
Ese año la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela emitió un informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país, pero Saab lo descalificó.
2020: Una pandemia amordazada
Durante el año 2020, el MP utilizó el «Estado de Alarma» por la pandemia para criminalizar la difusión de información crítica. Según informes de Provea y Espacio Público, la fiscalía imputó a periodistas, médicos y ciudadanos particulares principalmente bajo los delitos de instigación al odio, boicot, difusión de información falsa y uso indebido de información privilegiada.
Un caso emblemático fue el de la bioanalista Andrea Sayago, detenida por informar a sus colegas vía WhatsApp sobre casos confirmados de COVID-19; el MP le imputó «uso indebido de información privilegiada». Asimismo, periodistas fueron procesados por reportar cifras de contagios que contradecían la narrativa oficial, bajo cargos de instigación al odio.
2021: Saab admitió que Juan Pablo Pernalete murió impactado por lacrimógena y rechazó informe de la CPI
En mayo de 2021, Saab admitió que Juan Pablo Pernalete (2017) falleció por el impacto de una bomba lacrimógena disparada al pecho por la GNB. Esta declaración rectificó la versión oficial del Ejecutivo, que desde 2017 atribuía la muerte al uso de una pistola de pernos por parte de manifestantes.
El MP imputó a 12 funcionarios por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. Esta calificación judicial y la ausencia de investigaciones contra la cadena de mando han sido señaladas por la CPI y la ONU como evidencia de una estrategia para limitar las responsabilidades penales y evitar sanciones mayores contra las instituciones del Estado.
En agosto de 2021, Saab rechazó el informe de la CPI que señalaba «bases razonables» para creer que autoridades y la Fanb cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y persecución política.
El Fiscal General calificó las conclusiones de Fatou Bensouda como subjetivas y alegó que el MP había entregado datos sobre cientos de procedimientos internos para demostrar una supuesta actividad investigadora.
Pese a estos argumentos, la CPI determinó la admisibilidad de los casos debido a la inacción y falta de voluntad genuina del Estado para procesar a los responsables. Mientras Saab defendía su gestión como una «colaboración de buena fe», el organismo internacional ratificó que el sistema de justicia venezolano no investiga las cadenas de mando.
2022: Para Saab, Venezuela no necesitaba una investigación de la CPI
En mayo de 2022, Saab afirmó que Venezuela «no necesita una investigación» de la CPI y calificó la actuación del sistema de justicia interno como «impecable». Estas declaraciones surgieron como respuesta a la decisión del fiscal Karim Khan de continuar con la investigación por crímenes de lesa humanidad, tras concluir que el Estado venezolano no presentó información nueva que justificara dejar el caso en manos de las autoridades locales.
Mientras Saab defendía la eficiencia del MP, organizaciones como Provea documentaban una realidad distinta, ya que registraron un aumento del 148,4 % en las víctimas de tortura durante 2021.
La CPI desestimó los argumentos de la fiscalía al considerar que el sistema judicial venezolano carece de independencia y se limita a procesos superficiales que no alcanzan a los altos mandos responsables de los tratos crueles e inhumanos y degradantes reportados por las víctimas.
2023: El fiscal que defendió al gobierno
En octubre de 2023, durante el V Examen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Saab integró la delegación oficial del Estado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En este proceso, el Comité cuestionó la falta de autonomía del Poder Judicial en Veneuzela y la opacidad sobre centros clandestinos de detención.
Saab intentó justificar la actuación estatal y negó la existencia de presos políticos y citó la imputación de 5 mil funcionarios, buscando proyectar una voluntad de justicia que los expertos internacionales consideraron insuficiente.
Durante la evaluación del Comité, el experto y abogado José Santos increpó la parcialidad del funcionario y lo señaló directamente como un «fiscal defensor de un Gobierno».
Santos le cuestionó: “Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma en este Comité a un Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia”.
La comparecencia fue calificada por los miembros del Comité como una «oportunidad perdida», debido a que la delegación no respondió preguntas técnicas sobre tortura, desapariciones forzadas y el uso de la jurisdicción militar. El evento cerró con un rechazo institucional a las descalificaciones de Saab hacia los expertos, y ratificaron la preocupación internacional por la instrumentalización del sistema penal en Venezuela.
2024: Más de 2.400 detenciones y la peor represión de la historia reciente
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el MP, bajo la dirección de Saab, se consolidó como una pieza fundamental del engranaje represivo del Estado. Según la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la fiscalía abandonó su deber de imparcialidad para actuar como el brazo acusador de una política de terror.
Saab lideró la narrativa oficial al calificar las protestas espontáneas por los resultados electorales como «actos terroristas» orquestados por «comanditos» , justificando así una ola de detenciones masivas sin precedentes.
La Fiscalía avaló la detención de más de 2.400 personas, en lo que fue denominado por actores del gobierno como «Operación Tun Tun», una campaña de captura selectiva basada en delaciones y monitoreo de redes sociales e informaciones de patriotas cooperantes.
Informes de la ONG Provea y Foro Penal denuncian que la fiscalía facilitó la imputación de cargos graves como «terrorismo», «incitación al odio» y «traición a la patria» de forma genérica. Este patrón incluyó la detención de al menos 158 adolescentes, a quienes se les impidió el contacto con sus padres y se les negó el derecho a la defensa privada.
Saab declaró públicamente la existencia de una «justicia impecable», mientras el sistema penal implementaba audiencias telemáticas masivas y grupales dentro de centros de reclusión.
En el ámbito de la persecución política, el MP emitió órdenes de aprehensión contra el candidato Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, acusados de forjar documentos públicos por la difusión de las actas electorales. Saab calificó las actas presentadas por la oposición como «falsas» sin realizar una auditoría forense independiente, utilizando la estructura de la fiscalía para sitiar sedes diplomáticas y perseguir a cualquier ciudadano que cuestionara los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral.
