Médicos y enfermeros demandan la presidenta encargada mejoras salariales y el fin de los bonos sin incidencia legal. Con sueldos de apenas 23 dólares, los gremios piden eliminar el instructivo Onapre y auditar la millonaria deuda que el Estado mantiene con el personal.
Caracas. Carmen* limpia sus lentes empañados por el sudor tras pasar la noche en vigilia durante una guardia de doce horas en el Hospital Universitario de Caracas (HUC). Para ella, y para los miles de enfermeros y médicos que prestan servicio al sector salud, la noticia de la detención de Nicolás Maduro y el inicio de una aún eventual transición política no paga las cuentas ni compra las medicinas que no pueden costear.
El HUC es uno de los principales centros públicos de atención en Venezuela, conocido por atender pacientes de alta complejidad, lo que agrava la carga de trabajo en sus pasillos.
Aunque la incertidumbre política se ha convertido en tema central de conversación entre empleados y trabajadores, esa discusión se mezcla con el esfuerzo constante de encontrar insumos que no llegan, un problema con más de una década de arraigo en el sistema sanitario venezolano, marcado por falta de inversión sostenida y escasez de recursos básicos.
El sector salud, deteriorado por años de precarización —es decir, una reducción sistemática de condiciones laborales, sueldos y prestaciones sociales en comparación con el costo de vida real— exige a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respuestas inmediatas.
Foto: Luis Morillo/ archivo.
Desde hace años, organizaciones gremiales y expertos han señalado la falta de inversión efectiva en salud, un factor estructural que agrava cualquier iniciativa de cambio si no se atiende de inmediato.
Los trabajadores demandan que el salario base se ajuste a la canasta básica y que se elimine el sistema de bonificaciones sin incidencia prestacional. “La fe en un cambio de gobierno es mucha, pero seguimos en la misma situación y necesitamos cambios verdaderos. No más promesas”, afirmó Carmen.
Dignidad laboral frente a la transición
Puertas adentro, en las asambleas gremiales se repite un mismo mensaje: la transición política debe ir de la mano con la dignidad laboral. Los médicos especialistas perciben ingresos insuficientes para sobrevivir, lo que obliga a muchos a mantener hasta tres empleos para llegar a fin de mes.
Una situación insostenible, como han denunciado sindicatos al menos desde 2018, que afecta directamente la calidad de atención y la salud física y mental de los profesionales.
Aunque el Ejecutivo anunció el «Plan por la Salud y la Vida 2026» enfocado en la remodelación de la infraestructura, el presupuesto asignado al sector salud apenas alcanza el 1,5% del PIB, uno de los más bajos de la región, de acuerdo a la Academia Nacional de Medicina.
La situación precaria en los centros de salud ha llevado la crisis de personal a un punto crítico. De acuerdo con la Federación Médica Venezolana, para 2023 unos 42.000 trabajadores sanitarios habían emigrado debido a la crisis económica.
Ese éxodo de talento provoca salas con menos personal y mayor carga de trabajo para quienes permanecen, describiendo un ciclo de desgaste constante.
En un balance más reciente, el Colegio de Enfermería del Distrito Capital (CEDC) advirtió a inicios de 2026 que en los hospitales 60 % de las enfermeras había abandonado sus puestos en busca de mejor calidad de vida. En la mayoría de los casos, debido principalmente a emigración o cambio de sector laboral para buscar empleos con mejores ingresos.
Una deuda millonaria
Mientras los ciudadanos observan con cautela los cambios en la administración del país, fuentes consultadas por Cronica Uno coincidieron en que la recuperación del sistema público requiere rescatar la calidad de vida de quienes salvan vidas.
La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, recordó que la política de bonificación del ingreso “pulverizó el poder adquisitivo” de los trabajadores del sector salud —reduciendo la capacidad de compra real de los ingresos frente a la inflación y el alza de precios.
En la actualidad, un profesional de enfermería de nivel I percibe un sueldo base de 246 bolívares, cifra congelada desde marzo de 2022 —lo que significa que no ha habido ajustes formales de salario desde esa fecha, pese al aumento continuo del costo de vida.
Para Contreras, la reconstrucción del sector en una eventual transición comienza por la restitución del salario como prioridad. La dirigente propone un salario mínimo acorde a la canasta básica, expresado en una moneda estable y con una escala que reconozca la formación y experiencia de cada profesional.
El Estado venezolano mantiene una deuda millonaria con el personal sanitario tras años de incumplimiento de las convenciones colectivas. Contreras recordó que, por concepto de primas de profesionalización, antigüedad, riesgos y uniformes, el monto adeudado asciende a miles de dólares por trabajador.
“No hablamos de beneficios discrecionales, sino de derechos adquiridos. Su eliminación fue una política de empobrecimiento forzado”, afirmó.
Por ello, exige que cualquier proceso de cambio incluya una auditoría de estos pasivos, una revisión formal y detallada de las obligaciones financieras pendientes del Estado con sus trabajadores, y un cronograma verificable para los pagos.
El impacto del memorándum 2792
El 11 de octubre de 2018, el Ministerio del Trabajo dictó el Memorándum 2792 con el supuesto objetivo de “uniformar” y “racionalizar” todas las escalas salariales de la administración pública.
Sin embargo, gremios y expertos lo consideran el “punto de partida” de la destrucción de la contratación colectiva en el sector público. Es decir, la disminución de los derechos laborales históricamente negociados.
Aunque son documentos distintos, el memorándum 2792 es el fundamento legal que permitió la creación del posterior Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), en 2022, —un mecanismo de control presupuestario que, según gremios y sindicatos del sector público, redujo aún más la transparencia y los beneficios laborales.
Al respecto, Contreras considera urgente eliminar el memorándum 2792 de la Onapre y rescatar las cláusulas de seguridad social y dotación de equipos. De acuerdo con la dirigente, sin desmontar estos mecanismos de control no habrá justicia laboral.
Sueldos como prioridad
El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, recalcó que el sistema público de salud atraviesa una crisis que convirtió el ejercicio profesional en un acto de sacrificio económico.
Lorenzo denunció que los sueldos actuales obligan a médicos y enfermeras a cubrir de su propio bolsillo traslado y alimentación durante las guardias. Estos gastos que normalmente serían cubiertos por el empleador en sistemas de salud funcionales.
Un médico residente —a dedicación exclusiva— percibe un salario mensual que ronda apenas los 23 dólares, complementado con bonos que no tienen incidencia legal —lo que quiere decir que no contribuyen a la pensión, seguridad social ni otros derechos futuros.
“Ese bono de guerra jamás formará parte de los cálculos cuando el profesional se retire. Lo que recibe hoy no representa la realidad de lo que entrega al país”, lamentó.
Formar a un especialista quirúrgico de alto nivel requiere al menos 22 años de inversión educativa, un capital humano que el Estado venezolano pierde diariamente por la falta de condiciones dignas, señaló.
El especialista enfatizó en que la seguridad social perdió su capacidad de prevenir enfermedades laborales porque, a diferencia de otros funcionarios públicos, la mayoría del personal dependiente del Ministerio de Salud no cuenta con seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), lo que los deja en una situación de vulnerabilidad al enfermarse.
Para Lorenzo, cualquier plan de transición debe priorizar que el sueldo sea una expresión real que cubra vivienda, alimentación, transporte y la capacidad de ahorro. “Nadie regresa a un sistema que lo maltrata”, afirmó
Ante la posibilidad de recibir inversión internacional o ayuda humanitaria, tanto médicos como enfermeros proponen la creación de grupos integrados por trabajadores, universidades y comunidades. Estos tendrían la tarea de vigilar que los recursos no se pierdan en la burocracia o la corrupción.
