Lucía Ramírez / Caleidoscopio Humano
Desde el anuncio de las excarcelaciones el pasado jueves, 8 de enero, la vida de Lorealbert Gutiérrez se redujo a unos metros cuadrados del terreno situado frente a la cárcel El Rodeo, en donde los días se viven entre la incertidumbre y la espera de promesas oficiales que se cumplen a cuentagotas.
No está allí por elección. El 5 de agosto de 2025, las autoridades se llevaron a su madre, Lorena García, de 34, su hermano, Alberto Gutiérrez, de 22 años, su tía, Jazmín Tirado, de 46 años y su prima, Suri Vázquez, de 22. Cinco días después a su pareja, Enmanuel de La Rosa, de 22 años. En un solo allanamiento cometido por efectivos de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), Lorealbet se quedó sin familia.
Todos fueron acusados por participar en un presunto plan terrorista dado a conocer por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que involucró el uso de drones con explosivos en Plaza Venezuela, con el que se buscaba desestabilizar al Estado.
Para ella, más allá de algunas incomodidades, como dormir en carpas por pocas horas y desvelarse junto a otros familiares que esperan con ansias que el rostro de los suyos sea el próximo en cruzar el centro penitenciario, es haber dejado a su bebé de 3 meses, en etapa de lactancia y a su hija de 2 años en Cumaná, estado Sucre.
El vínculo de la crianza fue sustituido por llamadas telefónicas y la confianza ciega en su hermana de 17 años, que de forma voluntaria abandonó sus estudios para poder ayudar a Lorealbet, sobre quién quedó el peso económico de su hogar, que antes era sostenido por su pareja.
“Es muy difícil, pero les prometí que iba a regresar con su abuela y los demás”, dice Lorealbet. Mientras tanto, en Cumaná, su hija de 2 años cree que su papá anda “en una moto” por Colombia. Es la “mentira piadosa” que Lorealbet sostiene con fotos viejas en la pantalla del celular, el único refugio para que su niña mantenga grabado el rostro de su padre.
La promesa también va para sus hermanos de 10 y 6 años, quienes esperan que Lorealbet regrese con su madre y el resto de la familia a casa: “Mi hermano de 10 dice que su papá está muerto y que ahora también le quitaron a su mamá. Yo le dije que Dios tiene un plan para ella y que le prometía que cuando yo regresara, sería con ella de la mano”, dice con los ojos llorosos.
A diferencia de Lorealbet, que cuenta con el apoyo de su hermana en Cumaná, muchas otras mujeres no tienen una red de cuidado y se ven obligadas a pernoctar con sus hijos e hijas en las afueras de El Rodeo. Para estas familias, la espera no es solo un sacrificio personal, sino una exposición de niños y niñas a un entorno hostil donde muchos de sus derechos quedan en pausa ante la urgencia de no abandonar a quien está tras las rejas.
Este viernes, 23 de enero, la presidenta encargada de Venezuela aseguró que 626 personas han sido excarceladas. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal, hablan de 154, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón,174.
El “alto riesgo” de la espera
Antes, los días de Lorealbet olían a dulce, puesto a que Enmanuel, su pareja, vendía tortas y yogures por encargo. Esa tranquilidad se detuvo el día que el DCDO irrumpió de forma violenta a su casa
“A mí me llevaron para que se entregara mi pareja. Me decían que, si yo no hablaba, me iban a hacer abortar. Cuando ellos hablan, a uno le da como algo en la barriga, sentía que algo por dentro se me iba a desprender”, relata la joven quien tuvo que ser atendida por los médicos del lugar donde fue interrogada.
Al salir de allí, fue atendida de emergencia en el hospital debido a que sufrió pérdida de líquido amniótico durante el interrogatorio. Como consecuencia, su embarazo fue calificado como de “alto riesgo”, por lo que debía llevar un reposo que le fue difícil cumplir porque sus familiares estaban desaparecidos.
“Los médicos me decían que debía quedarme tranquila por mi bebé, pero era difícil. Además, yo no sabía de mis familiares”, relata. En octubre, su hijo nació con una cardiopatía congénita, una marca física del estrés extremo que ella arrastró durante el último trimestre de gestación.
Derechos vulnerados
Lorealbet supo de sus familiares durante la visita del domingo 11 de enero de 2026, día en que muchas personas pudieron ver a sus parientes después de meses, y hasta un año completo de desaparición.
“Me duele mucho salir de la visita porque es horrible salir sin ellos. Dicen que están bien, pero uno sabe que no es así”, manifiesta.
El encuentro marcado por el sabor agridulce del reencuentro que no dura más de 25 minutos confirmó una irregularidad en el proceso en el que Lorena, Jazmín y Suri – madre, tía y prima de Lorealbet – permanecieron recluidas en El Rodeo I, un recinto carcelario exclusivamente masculino.
Permanecieron ahí hasta el pasado jueves, 15 de enero, cuando las autoridades ejecutaron su traslado hasta el centro de reclusión femenino La Crisálida. Para la joven, este movimiento no trajo paz, ya que ahora debe dividir su angustia en cárceles distintas.
Además de La Crisálida, el resto de mujeres que estaban en El Rodeo fueron trasladadas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ambas ubicadas en Los Teques. Aunque muchos familiares recibieron mensajes el miércoles, 14 de enero, indicando que podían visitarlas en El Rodeo el viernes, 16 de enero, se enteraron el mismo día que el día anterior habían sido llevadas a otro recinto.
Las familias desconocen si las mujeres estaban separadas de los hombres. Presumen que sí. La permanencia de mujeres en cárceles diseñadas para hombres es una forma de violencia institucional que las expone a situaciones inhumanas,y vulnerabilidad.
Mantener mujeres en El Rodeo vulnera el artículo 44 de la Constitución, que exige la separación de hombres y mujeres de los centros penitenciarios. De igual forma, violó las Reglas de Bangkok, de las Naciones Unidas, que establecen que las mujeres deben tener trato diferenciado y en cárceles que atiendan sus necesidades específicas de salud y seguridad.
Por otra parte, Lorealbet pudo conocer que sus familiares hombres estaban siendo víctimas de malos tratos: “Dicen que los hacen correr desnudos, los mojan y les pegan. A mi pareja lo metieron en un cuarto oscuro y los funcionarios le dijeron que pasara la Navidad con su soledad. También supe que los estamos viendo así gorditos porque les están inyectando algo”, denuncia.
Dejar el hogar
A unos metros de Lorealbet, la espera tiene el rostro de Ofelia Álvarez, otra madre de 64 años, que también dejó su vida en pausa. En su caso, el vacío quedó en la finca en la que cultiva frutas y hortalizas para la venta, la cual tuvo que abandonar para dedicarse a la defensa de su hijo, Leonardo González.
“Yo soy la única que tiene el tiempo disponible para estar aquí. Tuve que dejar a mi esposo solo en el campo para que siguiera con la producción”, cuenta Ofelia.
La detención de Leonardo, ocurrida el 2 de septiembre de 2024, no fue un hecho aislado. Formó parte de una ola de persecución contra trabajadores de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), tras el apagón nacional registrado el 30 de agosto de ese año.
Al principio, aproximadamente 40 trabajadores fueron detenidos. Y, aunque algunos fueron liberados, 11 siguen privados de libertad.
Leonardo fue acusado de “terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir”. Su familia asegura que su implicación se debe a mensajes en un grupo de WhatsApp donde, como cualquier trabajador asfixiado por la crisis, se quejaba de sus bajos ingresos.
Ideales rotos
Para Ofelia, el dolor viene acompañado de una profunda decepción política. Recuerda haber votado por Hugo Chávez en el pasado, pero la realidad de ver a su hijo encarcelado por expresar sus pensamientos terminó de romper sus ideales. “La revolución” que una vez apoyó es hoy la que mantiene a su hijo en una celda.
El camino hasta El Rodeo II fue un calvario de violaciones sistemáticas. Leonardo fue víctima de desaparición forzada; su familia no supo de su paradero hasta un mes después del arresto. El tiempo que pasó en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta dejó cicatrices imborrables. Ofelia denuncia que su hijo fue sometido a torturas: “Estuvo 23 días sentado y amarrado. Lo metían en un cuarto frío al que le dicen ‘la pecera’. Del frío se les quemaban las plantas de los pies”.
Mientras Ofelia resiste en la entrada del penal, donde permanece desde el martes, 20 de enero, los hijos de Leonardo de 2 y 13 años, piden verlo: El más pequeño intenta comunicarse con él a través de videos en el celular, donde le repite cuánto lo extraña. El mayor, que vive en Brasil con su madre, le asegura por teléfono que “tiene las maletas listas” para volver a Venezuela apenas su padre cruce la puerta del penal.
La espera fuera de El Rodeo y otros centros penitenciarios llenos de familiares que se niegan a moverse esperanzadas porque sus parientes sean los próximos excarcelados, es una violación profunda del derecho a la crianza y vida familiar establecidos en la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño.
A su vez, impone una condena invisible que castiga a quienes abandonaron sus hogares para vivir en la espera, con la mirada fija en un portón que cada noche presencia vigilias y miradas al cielo de personas que entre rezos y lágrimas le piden a Dios que le devuelva a sus familias la libertad.
