En ocasión de la conmemoración del 68° aniversario del 23 de enero de 1958, día del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y del inicio del período democrático más largo de nuestra historia republicana, Venezuela aspira nuevamente a la superación del autoritarismo, la recuperación de la democracia y el rescate de la soberanía popular y territorial.
La trascendencia de la fecha es propicia para enaltecer el valor de la democracia y la organización ciudadana, como elementos esenciales para la construcción de un modelo de convivencia que promueva el desarrollo nacional, basado en el respeto de las libertades públicas y en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con el bienestar ciudadano.
Destacamos el ideal interamericano –impulsado, entre otros, por el venezolano Rómulo Gallegos, primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, por la construcción de una democracia integral, que garantice el respeto a los Derechos Civiles y Políticos y a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como elementos esenciales para la dignidad humana.
En ese sentido, afirmamos que el “nuevo momento político”, basado en la “reconciliación y el reencuentro”, anunciado por la administración encabezada ahora por Delcy Rodríguez, no será viable en tanto no sean atendidas las urgentes demandas ciudadanas.
Creemos que el reclamo más urgente, que unifica al conjunto de la sociedad, es la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad o sometidas a procesos judiciales por razones políticas y que siguen injustamente recluidas en cárceles y comisarías del país.
Estas personas, y sus familias, han sido víctimas de graves abusos que incluyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso y el derecho a la defensa, entre otros.
Más allá de las renovadas promesas oficiales, los derechos civiles y políticos, como los derechos a la reunión y manifestación pacíficas, asociación, libre expresión e información y la libertad sindical, entre otros, continúan suprimidos o severamente restringidos.
El decreto de Estado de Conmoción Exterior brinda a los agentes de la fuerza pública y los funcionarios estatales y/o para-estatales, un marco inconstitucional para profundizar la represión y la persecución por razones políticas.
Este decreto debe ser derogado si realmente se tiene la voluntad de avanzar en un proceso genuino de reconciliación que conduzca a la redemocratización del país, al respeto de la Constitución Nacional y a la reconstrucción de la institucionalidad.
En materia social, el anunciado “nuevo momento político”, debería traducirse en atender la enorme deuda social y en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Los acuerdos energéticos firmados con Estados Unidos, tras la incursión armada de ese país, no deberían significar una cesión adicional de la soberanía territorial nacional, menos aún, la continuidad y profundización del soslayamiento de los derechos de los trabajadores venezolanos.
Al respecto es oportuno ratificar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe de septiembre de 2019 denominado “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela”.
Todas las medidas que se acuerden en el marco de estos acuerdos, deberían tener como foco principal el respeto a las conquistas sociales, la preservación del medio ambiente frente a los efectos del cambio climático, la democracia y la justicia social y ambiental.
La anunciada recuperación económica, auspiciada por la captación de inversión extranjera en la industria extractiva, presenta grandes retos en materia social y medioambiental.
Debería ser una prioridad de la agenda oficial la urgente reconstrucción de la remuneración de los trabajadores y las pensiones de vejez y jubilación, así como la obligación de ejecutar y respetar los procesos de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas, sobre los proyectos extractivos que les afecten, como el Arco Minero del Orinoco, y la expansión incontenida de la frontera extractiva en el sur del país.
En materia de remuneración, la agresiva bonificación debe ser revertida con una estrategia de reconstrucción del salario, basada en el diálogo social y la negociación tripartita, cuyo propósito sea el rescate del valor del trabajo y la dignificación de los trabajadores y sus familias.
En materia ambiental e indígena, la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú y el cumplimiento de los procesos de demarcación y titulación de tierras, son grandes deudas que el Estado venezolano debe cumplir antes de firmar cualquier acuerdo energético con cualquier país. Lo hemos dicho siempre, y ahora lo ratificamos.
La democracia no es una idea abstracta.
Es un ideal que se materializa en la realización diaria del ser humano, en el respeto a su dignidad, en el cumplimiento de las obligaciones de quienes tienen a su cargo hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de la gente.
El largo período de represión a las libertades ciudadanas e incumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos sociales, ocasionó la mayor crisis institucional de nuestra historia moderna y los más altos niveles de empobrecimiento y desigualdad de los últimos 80 años.
Pese a todo ello, el proyecto republicano y de profunda vocación democrática persiste y vive actualmente su hora más significativa en la firme determinación ciudadana que ilumina el presente y no admite errores y/u omisiones que prolonguen el llanto y el dolor de una nación que ha tenido claro su destino y así lo hemos consagrado en nuestra Constitución, y lo hemos exigido a lo largo de toda nuestra historia republicana.
En nuestra Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos forman un todo indivisible.
La democracia es la condición de posibilidad para la recuperación de la dignidad humana y la vigencia de los derechos sociales y económicos.
Vivir en democracia nos habilita para salir de la pobreza y conquistar el desarrollo sostenible.
Reiteramos que el pueblo venezolano está resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad, por eso, en 2024 los venezolanos afirmaron, con su participación ciudadana, las exigencias de cambio y expresaron su descontento ante el estado actual de sus condiciones de vida.
El tiempo de nuestra vida está signado por la imprevisibilidad.
Mientras a unos les tocan los siglos serenos y apacibles de cosechar, en cambio, a otros les toca el tiempo de sembrar, de enrumbar, de crear una visión de esperanza para las generaciones venideras.
Los venezolanos y el conjunto de organizaciones que suscribimos esta proclama en homenaje al espíritu del 23 de enero de 1958, reafirmamos nuestra lucha pacífica para que el Estado esté al servicio de la gente, que no es otra cosa que estar bajo el imperio de la Constitución y la ley, y bajo el control activo de la ciudadanía a través de su participación libre y soberana en los asuntos públicos.
Para adhesiones al presente comunicado, haz click en el siguiente ENLACE
Suscriben:
Organizaciones:
- Acceso a la Justicia
- Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).
- Aula Abierta
- Caleidoscopio Humano
- Clima 21
- Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).
- Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV).
- Fundación Aguaclara
- Fundación Iribarren Lucha
- FundaRedes
- Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR).
- Observatorio en Defensa de la Vida (ODEVIDA)
- Parroquia Jesús de Nazaret
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
- Red de Derechos Humanos del estado Lara
- Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (APUFAT).
- Unión Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial (UNASSG).
- Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto.
Individuos:
- Armando Barreto, Presidente del SINPRODO – Colegio de Profesores de Venezuela –Yaracuy.
- Juan Alonso Molina
- Ofelia Rivera López, Movimiento Pedagógico Red de Educadores.
- Pedro Arturo Moreno, Secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
- Tony Navas, presidente de Sirtrasalud Distrito Capital.
- Víctor Partidas, Integrante del Comité Ejecutivo de Fetraragua.
- Yenis Silva, presidenta del Sindicato Único de Obreros Municipales Gubernamentales de la Alcaldía de Caracas (SUOMGIA)
