Aunque las autoridades no los contactaron, estas familias viajaron cientos de kilómetros con la esperanza de que se les otorgue la libertad a los presos políticos
Fuente Original: Efecto Cocuyo
En el instante que Julianny Flores escuchó el anuncio de Jorge Rodriguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre las excarcelaciones, al mediodía del 8 de enero, no dudó en viajar más de 600 kilómetros desde El Callao, estado Bolívar, hasta Caracas, para reencontrase con sus padres Patrick Zamora, de 42 años, y María Dalis, de 50 años de edad.
Zamora y Dalis, una enfermera y un operador de planta de Corpoelec, fueron detenidos en 2021 luego de denunciar una extorsión de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tras la denuncia, el funcionario los detuvo y los vinculó falsamente con el secuestro de un alcalde en Guasipati, caso por el cual recibieron una condena de 30 años.
Julianny, de 25 años de edad, es abogada. Pero gracias a un emprendimiento de venta de tortas y a la ayuda de familiares en el extranjero que puede costear los gastos de su hogar y hacer frente a los traslados a la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, sitio de reclusión de su papá; y a la sede policial en El Valle, Caracas, el de su mamá. Ambos, además, con la salud deteriorada.
Julianny, con su hijo en brazos, decidió acudir a las vigilias para visibilizar el caso de sus padres. Confiesa que no denunció anteriormente ante las ONG por el miedo a represalias y el «psicoterror» que sentía.
Cada viaje que Julianny hace es elevado. El pasaje en autobús cuesta 35 dólares y en avión 120, sumado a los 50 dólares que aproximadamente gasta en insumos para cada uno de sus padres.
«Mi mamá estaba enferma la última vez que la vi. En (la sede policial) El Valle son muchas mujeres y no salen al sol, le faltan vitaminas, están hacinadas; y mi papá igual. Mi mamá tiene dos hernias lumbares y fue diagnosticada con ansiedad y depresión, y mi papá es diabético. Nos ha tocado rudo, somos tres hermanos y el menor, de 13 años, lo tiene mi abuela”, relató la joven mientras sostenía las fotografías de sus padres en los alrededores de la avenida victoria de Caracas, a pocos metros de El Helicoide, la tarde de este lunes 12 de enero.
Julianny no tiene familiares en Caracas. Ella se hospeda con una samaritana que conoció en un autobús, mientras venía a Caracas. Se queda en una casa ubicada en la comunidad de Yare, estado Miranda. “Gracias a ella puedo estar pendiente cuando salgan mis familiares, porque los hoteles en Caracas están impagables”, dijo.
Las movilizaciones de familiares desde distintos estados del país hacia la capital comenzaron tras el anuncio de Jorge Rodríguez. El proceso se enmarca en la cooperación establecida tras los hechos del 3 de enero entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump.
Al igual que Julianny, María Jiménez decidió hacer público su caso por primera vez en esta vigilia. Su hijo, Jhonatan Carrillo, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía el 20 de julio de 2022.
María es de Ciudad Bolívar y su hijo era el único sustento. Tras su detención se dedicó a vender postres para sobrevivir. Durante tres años, Jhonatan estuvo en El Helicoide y hace tres meses fue trasladado a Yare II, en el estado Miranda.
El gasto en defensa privada superó los 1.500 dólares hasta que el dinero se agotó en diciembre, lo que dejó al estudiante de comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela sin representación legal privada.
María no tiene familia en Caracas y se queda en casa de una conocida de su iglesia cristiana mientras espera la excarcelación.
«Lo vi bastante desconcentrado, nervioso, desgastado con su moral por el suelo; es la primera vez que pasaba por una situación como esta. Él es estudiante de comunicación social, tiene 24 años de edad y no tiene hijos. Él siempre ha tenido un abogado privado que nosotros hemos pagado, pero ya a partir de diciembre, en la última audiencia, no pudimos pagar más el abogado porque ya no teníamos más dinero», contó la mujer mientras redactaba una carta para intentar entregarla a las autoridades gubernamentales.
Salud deteriorada y traslados desde el interior
Fabiana Vera esperaba este lunes 12 de enero en las adyacencias de El Helicoide. Ella viajó desde San Cristóbal, Táchira, para saber de su hermano, Jackson Vera, un defensor de derechos humanos de 47 años de edad.
Jackson fue interceptado en su motocicleta en 2022 por funcionarios de seguridad. Tras su detención, estuvo desaparecido cuatro días. Al quinto día fue acusado de terrorismo.
Fabiana realiza el viaje una vez al mes, lo que representa un gasto de aproximadamente 300 dólares por cada traslado desde Táchira hasta Caracas, ya que cuando puede, viaja en avión.
La preocupación principal de Fabiana es el estado de salud de Jackson, quien padecía una afección pulmonar antes de su arresto y ha empeorado significativamente en los últimos dos meses.
«Jackson antes de su detención presentaba un problema en un pulmón y desde hace dos meses para acá su salud ha deteriorado, yo hice la denuncia en el Ministerio Público y la Defensoría hace un mes y medio para llevarlo a un neumonólogo y no he tenido respuesta. Las veces que he venido lo he podido ver y no lo veo desde ayer; lo vi bien aunque de salud está delicado y no ha sido evaluado por un médico», reiteró.
Fabiana pudo ver a su hermano la mañana de este 11 de enero de 2026. Explicó que se encuentra tranquilo y confiado en que los anuncios oficiales se traduzcan en su libertad.
Horas de espera en la Zona 7
En la sede de la PNB en Boleíta, conocida como Zona 7, al este de Caracas, la situación se repite con familias que vienen del estado Zulia. Petra Vera busca a Wilfran Perea, de 60 años, detenido el 26 de noviembre de 2025 en Maracaibo bajo acusaciones de pertenecer a un grupo opositor.
Wilfran es hipertenso, diabético y sufre de la próstata. La familia viajó en un autobús que se accidentó en el camino, llegando directamente a la vigilia sin haber pasado por un hotel o casa particular.
«Él fue detenido el 26 de noviembre de 2025; supuestamente porque estaba en un grupo opositor en una reunión entre varias personas y nosotros creemos que alguien los pudo haber delatado. Tiene 60 años de edad y no hemos visto a nuestro familiar desde ese día. Nos lo niegan y no lo dejan ver, pero de manera extraoficial hemos sabido que se encuentra aquí», dijo.
Desapariciones forzadas y la vigilia permanente
La incertidumbre afecta también a los allegados de Denny Chourio, expolicía del municipio San Francisco, estado Zulia, y excandidato a alcalde, quien habría sido trasladado a Caracas tras su detención el 26 de noviembre de 2025.
Sus familiares, que no quisieron que sus identidades sean reveladas, volaron desde Maracaibo tras enterarse de que se producirían excarcelaciones.
Pasaron dos noches durmiendo frente al centro de detención y tras el cansancio han tenido que pagar 35 dólares diarios por un alojamiento sencillo para poder asearse, mientras los funcionarios niegan que Denny se encuentre en la Zona 7.
En una situación de desaparición similar se encuentra Eric Daniel Díaz. Su pareja, Mileidys Mendoza, es oriunda de Barlovento, en el estado Miranda, busca desesperadamente información desde el 17 de noviembre de 2025, fecha en la que Eric fue abordado por funcionarios en Catia.
Eric trabajaba montando luces y tarimas para eventos del gobierno; el día de su detención tenía un montaje programado a las 4 de la tarde. Mileidys ha recorrido el Ministerio Público y el Palacio de Justicia sin encontrar un solo papel que registre su detención.
«Los bebés (sus hijos) saben lo que ocurre y los he tratado de calmar porque ellos extrañan a su papá; lloran y preguntan cuándo su papá va a llegar y yo no tengo respuestas pero mantengo el control porque soy el sustento de mi familia. Cuando vi la información que dio Jorge Rodríguez se me presentó la oportunidad de ir a El Helicoide y fui: allí no me dijeron nada, yo denuncié el caso en el Ministerio Público una el 26 de noviembre y otra el 19 de diciembre, pero no me dan respuestas», dijo.
Estas familias, que han dejado sus hogares en Bolívar, Táchira, Zulia y Miranda, permanecen en una vigilia que ya suma cuatro días. Gracias a la solidaridad de los vecinos de Boleíta y de empresas cercanas, han podido usar el baño o han recibido donaciones de productos de aseo y comida para poder aguantar las largas horas de espera.
