Mientras organizaciones de DDHH denunciaron tratos crueles contra mujeres detenidas por motivos políticos en Venezuela, el aparato comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro lanza una narrativa propagandística sobre supuestos “avances” en la protección de sus derechos, ocultando la realidad de los abusos

Fuente original: Efecto Cocuyo. – En Venezuela, el Estado mantiene un ecosistema comunicacional que busca imponer la idea de un país “modelo” en materia de derechos de las mujeres. Durante fechas conmemorativas, como el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recuerda a las hermanas Mirabal —activistas dominicanas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo—, la propaganda oficial se intensifica: ministerios, medios públicos y cuentas institucionales difunden mensajes que celebran supuestos avances, omitiendo deliberadamente denuncias, cifras y casos de violencia institucional.

Ese discurso, sostenido por la maquinaria mediática estatal y reforzado por la censura que limita el acceso a información independiente, contrasta de forma frontal con la realidad que documentan organizaciones de derechos humanos. Esa realidad incluye desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, aislamiento y tratos crueles contra mujeres.

En Venezuela, más de 180 mujeres están actualmente encarceladas por motivos políticos y otras 24 permanecen desaparecidas, según organizaciones como Provea y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Muchas enfrentan no solo persecución, sino también humillación, invisibilización y condiciones degradantes dentro del sistema penitenciario.

El 25 de noviembre, mientras el Estado celebraba “logros” en materia de género, familiares, activistas y organizaciones venezolanas convocaron protestas físicas y digitales para denunciar la situación de las presas políticas. La campaña digital ciudadana bajo el hashtag #EllasNoEstánSolas alcanzó un pico de al menos 288 menciones en redes, donde los usuarios compartieron cifras, testimonios y denuncias sobre torturas, desapariciones y condiciones degradantes.

La narrativa oficial: un modelo en derechos de las mujeres
Mientras organizaciones ciudadanas denunciaban desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y patrones de violencia institucional contra mujeres, el ecosistema mediático oficial desplegó una narrativa completamente opuesta. En VTV, Venezuela News y Telesur predominaron contenidos que presentaban al gobierno de Nicolás Maduro como líder en la prevención y erradicación de la violencia de género, apoyados en actos oficiales, declaraciones y notas celebratorias.

A la par, la cuenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Instagram publicó más de 10 piezas propagandísticas en un solo día: videos institucionales, ceremonias, discursos, reconocimientos y mensajes que exaltaban supuestos avances judiciales en materia de protección a la mujer. Todo con una estética y un lenguaje orientados a reforzar la imagen de un Estado activo y comprometido con la defensa de los derechos de las venezolanas.

En ninguna de estas comunicaciones oficiales se mencionó a las mujeres presas políticas, ni las denuncias de violencia institucional, ni los señalamientos sobre desapariciones forzadas, aislamiento, torturas o tratos degradantes. Tampoco hubo referencia a los casos emblemáticos que familiares, ONG y activistas llevaron al espacio público durante la fecha.

En paralelo, medios alineados al discurso del Estado, como Carupanero.com cubrieron eventos oficiales que transformaron la conmemoración de la violencia en un festival de parrandas y danzas, generando una profunda disonancia con la realidad de las cárceles y la situación de las mujeres presas políticas. En la Plaza Bolívar, por ejemplo, se celebró el festival «Alegría con nombre de mujer», conmemorando el segundo aniversario de la Gran Misión Venezuela Mujer.

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El Ministerio de la Mujer y cuentas regionales de otros entes aprovecharon estos actos para legitimar al TSJ, presentándose como garante de derechos en foros teóricos, mientras en Táchira, el encendido de luces violetas liderado por la esposa del gobernador, Karem Durán de Bernal, se presentó como un gesto de concientización, reduciendo la violencia de género a un elemento estético y despolitizado.

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En conjunto, estas prácticas muestran cómo el oficialismo venezolano transforma conmemoraciones y políticas de género en un espectáculo propagandístico, ocultando la violencia institucional y la represión, y construyendo una narrativa que, en la superficie, celebra avances y protección, mientras en la realidad las denuncias de derechos humanos continúan siendo ignoradas.

Más de 180 mujeres encarceladas por motivos políticos
Las denuncias de Provea, el OVP y familiares de las detenidas convergen en un diagnóstico contundente: las mujeres privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela enfrentan una doble violencia. A la persecución estatal que las detiene arbitrariamente, las procesa sin garantías o las hace desaparecer por días o semanas, se suma una violencia de género marcada por tratos humillantes, protocolos indignos, aislamiento e invisibilización dentro del sistema penitenciario.

Los relatos recopilados durante las actividades del 25 de noviembre describen un patrón que se repite. Revisiones vejatorias, restricciones absurdas para permitir visitas, intimidación permanente y castigos por razones políticas. “Nos humillan, maltratan, ofenden y someten a situaciones vergonzosas”, denunció la madre de Carla Silva, detenida desde 2020 por conocer a alguien vinculado al caso Gedeón. Otras familias alertaron que las mujeres quedan sistemáticamente fuera de los procesos de excarcelación: “Cada vez que hay liberaciones, salen hombres. Ellas no”, reclamó una madre.

Los casos emblemáticos ilustran la amplitud del patrón. Yanin Pernía, condenada a 30 años por el caso del supuesto magnicidio con drones en 2018, tiene un año sin recibir visitas porque el INOF impide el acceso a quienes no son familiares directos. La joven fue convertida en símbolo de aislamiento y castigo. El caso de Génesis Riera, detenida en condiciones precarias y con denuncias de tortura, también fue ampliamente mencionado durante la jornada. Y lo mismo ocurre con Emirlendris Benítez, víctima de violencia sexual, torturas y severos daños físicos mientras estuvo en custodia del Estado, según reportes de organizaciones de derechos humanos.

Casos más recientes, como el de Ruth Morales —detenida frente a sus hijas de 8 y 10 años en Guárico por participar en una protesta—, muestran cómo la criminalización alcanza a mujeres jóvenes que exigen derechos básicos. Su hermana insistió en el carácter político de su detención y en la crudeza del impacto familiar: “Mi mamá, con 60 años, se hace cargo de las niñas. Ruth no es una criminal. Es inocente”.

La lista incluye también a adultas mayores y a una menor de edad entre las 182 mujeres presas y las 24 desaparecidas, configurando un panorama alarmante que organizaciones han descrito como una política de Estado. Cada uno de estos casos fue visibilizado y amplificado durante el tuitazo #EllasNoEstánSolas, donde familiares, activistas y ciudadanos exigieron la liberación inmediata de todas las mujeres encarceladas por razones políticas.

EllasNoEstánSolas: protesta física y digital

Una jornada convocada por organizaciones de derechos humanos y familiares de presas políticas logró movilizar tanto las calles como las redes sociales. El Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) impulsó un pancartazo frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, donde mujeres, activistas y parientes levantaron fotografías, nombres y testimonios de las detenidas. Las imágenes de alas de mariposa —en homenaje a las hermanas Mirabal— y de familiares sosteniendo retratos de sus hijas, hermanas o nueras marcaron una protesta cargada de simbolismo. La acción se replicó en Madrid, Buenos Aires y Quito, ampliando el reclamo más allá de las fronteras venezolanas.

En paralelo, la convocatoria detonó una conversación digital intensa, marcada por picos abruptos, narrativas contrapuestas y una fuerte disputa por el sentido de la efeméride.

El volumen de menciones, monitoreado a través de un ejercicio de escucha social sobre la protesta y la conversación digital en torno al 25 de noviembre, evidencia un comportamiento claramente coyuntural. Registramos más de 500 menciones durante el período analizado, con un punto máximo el 25 de noviembre, cuando alcanzó 288 menciones, muy por encima del promedio diario del mes, que rara vez superó las 15.

Ese pico estuvo precedido por un aumento el 23 de noviembre (76 menciones), asociado a convocatorias anticipadas del tuitazo, y por un remanente el 26 de noviembre (90 menciones). Sin embargo, el interés cayó casi de inmediato: para el día 27 ya había descendido a 19 menciones y en los días posteriores se redujo a cifras de un solo dígito.