La ONG advierte sobre el aumento de la violencia del Estado contra las mujeres con detenciones, torturas y abusos judiciales, sumado a la vulnerabilidad de migrantes e indígenas por la crisis
Fuente original: Efecto Cocuyo. – El aparato represivo del Estado venezolano intensificó la violencia contra la mujer mediante detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en el contexto poselectoral, según documenta el informe Resistencias que sanan: Haciendo frente al silencio opresor en Venezuela, de la organización Caleidoscopio Humano, publicado el pasado 1 de diciembre.
La magnitud de la ola represiva fue cuantificada por la ONG Foro Penal, que registró la detención de 230 mujeres por parte de los cuerpos de seguridad únicamente en el periodo comprendido entre el 28 de julio y el 26 de agosto de 2024.
Tras estas detenciones masivas documentadas por Foro Penal, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) constató las graves condiciones de reclusión que enfrentaron estas mujeres, específicamente en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, en el estado Miranda.
El OVP documentó que las autoridades penitenciarias confinaron a las detenidas en celdas con hasta 10 personas, donde el hacinamiento les impedía acceder a servicios básicos y solo recibían un balde de agua para satisfacer todas sus necesidades de aseo y consumo.
El documento explica que esta precariedad se agravó en algunos centros de reclusión por la falta de clasificación de las reclusas, ya que el sistema penitenciario omitió la separación por género o edad al momento de privarlas de libertad. En casos documentados, adolescentes y mujeres compartieron celdas con hombres y personas imputadas por delitos graves, lo que aumentó los riesgos de sufrir violencia basada en género (VBG).
A este panorama descrito por Caleidoscopio Humano se sumaron las desapariciones forzadas, el aislamiento total de familiares y abogados, y el uso de la pobreza menstrual como arma de hostigamiento y burla por parte de los custodios.
Tortura y tratos crueles contra la mujer presa política
La organización no gubernamental señala que las denuncias sobre violencia sexual y física dentro de los centros de detención evidenciaron un patrón de agresiones dirigidas específicamente contra el cuerpo de las mujeres.
El informe detalla prácticas como la desnudez forzada, agresiones sexuales, violaciones y torturas, incluso contra mujeres embarazadas, una situación que también fue documentada por el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), que señala la gravedad de estas agresiones que sufren tanto las detenidas como sus familiares femeninas al intentar visitarlas o buscar información.
“Sufren tortura, violencia sexual y desnudez forzada en las cárceles (mientras que los familiares) sufren tortura, violencia sexual y desnudez forzada en las cárceles”, se lee en el informe.
Un caso emblemático de las consecuencias de esta violencia descrita en el informe es el de una adolescente de 16 años detenida en Carúpano, estado Sucre, acusada de instigación al odio tras una denuncia de una funcionaria pública. La ONG señala que el terror psicológico y las amenazas provocaron en la joven un ataque de nervios que derivó en daño cerebral confirmado por un encefalograma; una condición que, sin tratamiento oportuno, puede causar discapacidad psicosocial permanente.
También detallan que en Mérida, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes documentó la detención arbitraria de una adolescente embarazada que sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Caleidoscopio Humano señala que la alimentación en los centros de reclusión constituye otra forma de tortura, debido a que el Ministerio para el Servicio Penitenciario suministra una dieta precaria basada en arroz y granos, que en el contexto poselectoral se limitó a pasta y mortadela.
Denunciaron que las autoridades no entregan la comida que llevan los familiares, sino que la racionan y reparten entre varias reclusas, utilizando el hambre como herramienta de castigo. A esto se suma la negación de atención médica, ejemplificada en el caso de Rocío San Miguel, quien requiere medidas humanitarias urgentes para su rehabilitación postoperatoria.
Discriminación sistemática en el proceso penal
Caleidoscopio Humano sostiene que el sistema de justicia venezolano viola flagrantemente el debido proceso y las garantías judiciales establecidas en la Constitución y en tratados internacionales como el Pacto de San José.
La organizaición documenta en su informe que el Ministerio Público imputó a las mujeres detenidas con cargos graves como terrorismo e instigación al odio, delitos que conllevan penas de 10 a 20 años de prisión sin beneficios procesales.
Las autoridades impusieron defensores públicos y realizaron audiencias virtuales, especialmente para las detenidas en regiones, ya que los tribunales de terrorismo operan centralizados en la ciudad Caracas.
El documento expone que la discriminación de género persiste incluso en las normativas internas de los penales del país respecto a las visitas conyugales, ya que a los hombres privados de libertad les permiten acceso amplio a visitas íntimas, incluso con trabajadoras sexuales, mientras que en el caso de las mujeres se les prohíbe o se les imponen requisitos humillantes y costosos.
Caleidoscopio Humano verificó que, para acceder a este derecho, las mujeres deben demostrar estar legalmente casadas y esterilizadas, además de pagar tarifas extorsivas en dólares.
“Una vez trasladada a Tocorón, su esposo la visitaba y en una oportunidad organizó una visita conyugal, para la cual tuvo que demostrar que estaban legalmente casados, que ella estaba esterilizada”, se lee.
El informe resalta el caso de Yenny Lucía Barrios, ex presa política y paciente oncológica que falleció recientemente sin la compañía de su único hijo, Diego Sierralta. La Policía Nacional Bolivariana detuvo a Sierralta en enero de 2025 cuando intentaba comprar analgésicos para el tratamiento de quimioterapia de su madre. Aunque lo liberaron el 8 de noviembre de 2025, su madre ya había muerto.
Vulnerabilidad extrema en la migración y territorios indígenas
Más allá de la persecución política, Caleidoscopio Humano advierte que la crisis estructural somete a mujeres migrantes e indígenas a riesgos letales, destacando un fenómeno de «feminización de la migración» donde, según datos de la OIM citados en el informe, las mujeres representan 48% de los migrantes internacionales.
Esta realidad implica que muchas migran solas y terminan encasilladas en nichos laborales precarios o asumiendo cargas de cuidado desproporcionadas en los países de acogida, tal como lo reflejan las cifras del Dane en Colombia, las cuales indican que 37% de las migrantes dedican su tiempo al hogar.
“Estas mujeres migrantes dedican más de 8 horas diarias a actividades de cuidado y casi la mitad de ellas tienen a su cuidado niños, niñas, una persona mayor o con discapacidad”, dice el informe.
Este contexto de vulnerabilidad, denuncia la ONG, es aprovechado por redes de trata de personas, un delito que ha aumentado debido a la Emergencia Humanitaria Compleja y que ha resultado en el rescate de 4.761 mujeres y niñas venezolanas en los últimos seis años según la ONG Mulier.
Sin embargo, el documento aclara que esto es solo una fracción de la realidad por el subregistro de casos. Dentro de este grupo, las mujeres trans enfrentan una doble vulnerabilidad por la falta de reconocimiento legal de su identidad y la exclusión laboral, factores que las convierten en «presa fácil» para los tratantes y la explotación.
En cuanto a los territorios indígenas, la organización denuncia una situación crítica derivada del Arco Minero del Orinoco (AMO), donde la minería ilegal y la disputa territorial por grupos armados exponen a mujeres y niñas a formas de esclavitud moderna como la explotación sexual y laboral.
A esto se suma la contaminación por mercurio en los ríos, la cual genera graves consecuencias sanitarias para las mujeres indígenas, tal como alerta el informe basándose en datos recopilados por la ONG Clima 21.
“En el caso de las mujeres indígenas, la contaminación por mercurio puede afectar su función reproductiva, conllevando a que se produzcan abortos espontáneos. Igualmente, efectos cancerígenos”, se lee.
Asimismo, las mujeres mayores se ven obligadas a reinsertarse en el mercado informal ante la precariedad de las pensiones y la necesidad de cuidar a nietos de padres migrantes, cerrando un ciclo de desprotección que, según concluye Caleidoscopio Humano, se perpetúa por la falta de financiamiento a la sociedad civil y la ausencia de políticas públicas reales para erradicar estas violencias.
