Fuente original: Crónica Uno. – En zonas de Caracas, familias llevan casi cuatro meses sin recibir la bolsa de los Clap, mientras la ayuda estatal destinada a los más vulnerables termina en puestos improvisados en Catia y Quinta Crespo. Esta reventa, con precios hasta 18 veces más caros, revela la contradicción de un programa social opaco que alimenta impunemente un negocio informal.
Caracas. En los mercados populares de Caracas, lo que nació como un programa social —los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) creados para garantizar alimentos básicos a familias vulnerables— se ha convertido en una oportunidad de negocio informal, como reflejo de su opacidad.
Así, productos de los Clap, destinados originalmente a hogares de bajos ingresos, ahora se venden a precios que pueden superar hasta casi 20 veces su precio oficial. Esta situación se suma a la irregularidad en la entrega y es una evidencia más de la crisis económica que atraviesa el país, marcada por la inflación y la caída del poder adquisitivo.
Este fenómeno de reventa es solo la cara más visible de un sistema con graves fallas estructurales, que incluye el supuesto desvío de cajas, denunciado por vecinos de parroquias de Caracas y Miranda y el trueque de productos incluso antes de que lleguen a sus destinatarios originales.
Durante un recorrido, Crónica Uno pudo constatar que, en diversos mercados populares de la capital —desde Catia hasta Quinta Crespo—, los productos de los Clap han saturado los anaqueles y las aceras. Estos espacios son actualmente la última parada de productos que, en teoría, deberían ser un beneficio directo para los más necesitados.
El circuito suele comenzar con un manejo opaco. Las cajas son desviadas o intercambiadas por otros bienes o servicios por parte de algunos intermediarios o los mismos beneficiarios, quienes, en lugar de consumirlas, las canalizan hacia el mercado informal.
18 veces más caros
A simple vista, en las esquinas, cestas y pedazos de cartón sirven de mostradores a cielo abierto para exhibir los artículos de los Clap. Allí, bolsas de harina de maíz y pasta se apilan junto a latas de sardinas, los grandes protagonistas de este mercado de reventa.
No vienen solos; se mezclan con otros productos de marcas venezolanas que completan la oferta y arman lo que los vendedores llaman “bolsas de comida”, en alusión al conjunto de alimentos básicos que se venden en paquetes para facilitar su comercialización informal.
En una calle del mercado de Catia, bajo un toldo que no logra mitigar el sol de la mañana, está Alfredo*. Lleva tres años en este negocio informal. Su puesto es modesto: una tabla de madera que funciona como mesa y una lista de precios escrita a mano, donde el bolívar ya no es la única moneda.
”La gente los compra bastante. Son más baratos que cualquier otra cosaque consigas en un abasto o un supermercado”, confirmó a Crónica Uno con el tono tranquilo de quien sabe que su producto, aunque venga de un canal irregular, es la opción más asequible.
Una bolsa promedio de alimentos de los Clap, vendida por el Gobierno a una familia venezolana, tiene un costo cercano a los 100 bolívares —aproximadamente $0,56 al cambio oficial de este 1° de octubre—.
Esos mismos productos ofrecidos como “combo”, revendidos en los mercados populares del oeste de la ciudad, alcanzan un precio que supera nueve veces su costo subsidiado, en promedio. Esta brecha deja al descubierto la abismal diferencia entre el precio impuesto por el Estado y un mercado que opera al margen de la ley.
El precio oscila entre $5 y $10, según la cantidad de productos. Es decir, los productos de los Clap en conjunto se pueden conseguir hasta 18 veces más carosen el mercado informal. En paralelo, en algunas zonas de Caracas no reciben el beneficio desde más de tres meses.
La compra de los productos
El sobreprecio se explica por los retrasos en la entrega, que ya superan los cuatro meses en sectores de Caracas y Miranda, debido a fallas logísticas. Vecinos del este y oeste de la ciudad reportan constantes demoras en la distribución desde los centros de acopio. Este vacío alimenta directamente la demanda de losrevendedores.
Alfredo no solo vende; también es un pequeño eslabón en esta cadena de reventa. Sus principales proveedores son vecinos o personas de zonas aledañas que llevan productos para vender o intercambiar. Esta dinámica convierte a la distribución de los Clap en un circuito informal, que desafía al oficial.
“Mucha gente viene a venderlos. Por ejemplo, la Nutrichicha la compramos en 30 bolívares; el arroz, dependiendo de la marca, está entre 30 y 60 bolívares. Luego lo compramos y las personas aprovechan para adquirir frutas u hortalizas. Mientras, otros lo cambian por productos de mejor calidad”,detalló antes de señalar la lista de precios.
Para sus clientes más conocidos y de confianza, Alfredo ha rescatado una práctica ancestral en tiempos de crisis: el trueque. Un paquete de harina PAN por un paquete de leche; unas hortalizas por un litro de aceite. La gente que recibe la ayuda estatal la vende por necesidad.
Mientras, vendedores informales la utilizan para abastecer a otros a los que no les llegan o no les rinden los productos de las deficientes bolsas Clap.
En Quinta Crespo, los productos de los Clap se camuflan entre puestos de frutas y mayoristas. Esta reventa no es solo un negocio informal, sino la metamorfosis de un paliativo social. La ayuda estatal diseñada para aliviar la escasez ha terminado convertida en mercancía de libre mercado, otra prueba del fracaso del plan estatal.
“Es lo que puedo pagar”
Para Carmen*, residente de la parroquia San Agustín, consultada mientras regateaba el precio de una bolsa de harina genérica, la reventa es una salida necesaria ante su situación económica.
“Tengo tres meses sin que me llegue la bolsa del Clap. Y cuando viene, trae dos cosas de muy baja calidad. Yo gano solo la pensión y lamentablemente no puedo hacer un mercado como quisiera. Ya un paquete de harina PAN me cuesta 2 dólares, prefiero comprar estos”, dijo con una mezcla de rabia y resignación.
Aún entre los buhoneros, los productos del Clap son más baratos que sus equivalentes comerciales. La harina PAN supera los $1,50, mientras que la harina genérica se consigue a tres por $1.
Frente a un aceite de Mavesa de $4, el genérico cuesta $2,50. Esta diferencia entre productos regulados y privados impone un costo adicional insostenible a la canasta básica familiar.
Este diferencial es clave en un país donde el salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares. En el sector privado apenas supera los $200 mensuales, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), mientras que la Canasta Alimentaria se proyecta en $503, según el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda).
Cuestión de “resolver”
Estos datos muestran que la mayoría de los venezolanos no pueden cubrir los gastos básicos con sus ingresos. Por ello, en muchos hogares, los productos de los Clap son los únicos que les permiten llevar un plato de comida.
“Si no tengo para el aceite bueno, compro este. Compro las harinas Kaly y leche para resolver por lo menos el mes, y las sardinas también”,explicó Carmen, mientras guardaba sus compras.
Carmen reconoció que los precios son altos, pues sabe que el Estado subsidia estos productos. Pero cuando la bolsa de los Clap no llega y su salario no alcanza, no le queda alternativa: debe resolver con lo poco que tiene en el bolsillo.
La combinación de desabastecimiento, entregas irregulares y opacidad en la distribución ha generado un mercado paralelo donde la necesidad de la población se transforma en una oportunidad de negocio para unos pocos.
El fracaso de los Clap es palpable en estos puestos informales. Lo que se supone es un beneficio social ahora es un producto de reventa. No obstante, se mantiene como la opción más viable para quienes viven al límite, aún con los inflados precios.
Lo que establece la ley
La reventa de los productos de los Clap no se limita a ser un ilícito comercial; es una transgresión directa de la Ley Orgánica de Precios Justos, promulgada bajo la misma premisa de “proteger al pueblo”.
Esta norma, firmada por Maduro en noviembre de 2017 —en el pico de la crisis de escasez que consolidó la dependencia del programa—, establece penas de 3 a 5 años de prisión y multas para quien revenda productos regulados o considerados básicos.
“Quien revenda productos regulados a precios superiores a los establecidos por el Estado, por regulación directa, será sancionado con prisión de tres a cinco 5 años, multa de 200 a 10.000 Unidades Tributarias y comiso de las mercancías”, reza el artículo 55 de la citada ley.
Sin embargo, la operación impune de este mercado informal exhibe la profunda brecha que separa la ley de la realidad social. La prueba está a la vista de todos. En Pérez Bonalde, por ejemplo, a pocas cuadras del mercado popular, hay grandes galpones donde descargan camiones de los Clap que previamente han intercambiado su mercancía por otros rubros en zonas populares.
“Cuando me quedan muchos productos del Clap, yo los vendo en estos galpones. Por cada cesta de comida surtida me pagan $20. En mi caso, me ayuda a comprar otros productos y venderlos también en el puesto”, reveló, bajo condición de anonimato, un revendedor que se instala cerca del lugar.
Alfredo y Carmen ejemplifican la distorsión de los Clap. A casi 10 años de su creación, lo que nació como ayuda alimentaria hoy es mercancía barata en un mercado informal. Cada bolsa revendida documenta el fracaso de un mecanismo gubernamental implementado para aliviar la crisis alimentaria venezolana.
