Fuente original: Crónica Uno. – Cientos de buhoneros retomaron el bulevar de Sabana Grande y Chacaíto, en Caracas, con toldos rojos y azules, instalados bajo vigilancia policial. El acuerdo con la alcaldía, tras el enfrentamiento del 29 de septiembre pasado, busca ordenar la economía informal sin desalojos.
Caracas. Las calles del bulevar de Sabana Grande y Chacaíto amanecieron transformadas este jueves dos de octubre: los antiguos tarantines y puestos improvisados que durante años ocuparon sus aceras, pequeños espacios de venta informal en los que se comercializan desde ropa hasta alimentos, muchas veces sin licencia municipal, fueron reemplazados por una hilera de toldos rojos y azules.
Tras días de tensión y un enfrentamiento con las fuerzas policiales, cientos de buhoneros regresaron al lugar luego de pactar con la Alcaldía de Caracas un permiso temporal para trabajar hasta el 31 de diciembre, bajo nuevas reglas que buscan ordenar la economía informal sin desalojarla por completo.
En las calles alrededor del bulevar, la dinámica de la economía informal —marcada por la aglomeración y el desorden— quedó ahora sujeta a nuevas reglas: se permitirá un máximo de 40 toldos por cuadra, alineados en una sola fila.
Además, deberán cumplir condiciones adicionales: recoger los desechos, evitar la contaminación sónica, el ruido que supera los niveles permitidos y puede afectar la salud auditiva de vecinos y transeúntes, y abstenerse de emplear a menores de edad, una medida que busca proteger a niños y adolescentes de labores informales que podrían interferir con su educación y desarrollo.
El cambio obedece a una mesa de negociaciones entre la Alcaldía y los comerciantes informales, quienes, tras tensiones, aceptaron reorganizarse en toldos de 2×2, medidas estándar que permiten distribuir de forma ordenada los puestos en espacios reducidos, facilitando la circulación peatonal y la seguridad.
Un retorno condicionado
El acuerdo se concretó apenas dos días después del enfrentamiento entre vendedores y fuerzas policiales durante un operativo de desalojo ejecutado la madrugada del 29 de septiembre.
Aunque los comerciantes obtuvieron un permiso provisional para trabajar en el bulevar, aseguraron a Crónica Uno que su futuro laboral sigue siendo incierto, pues aún no se les garantiza un plan definitivo de reubicación para el próximo año.
Es decir, aún desconocen si llegarán a contar con un espacio permanente, ya sea en mercados municipales o centros comerciales, donde puedan ejercer su actividad de forma estable y legal.
Durante el recorrido, el equipo de Crónica Uno constató que, bajo la vigilancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los buhoneros instalaron sus toldos mientras las aceras y esquinas quedaban despejadas para el tránsito peatonal.
Al mismo tiempo, voceros de la economía informal iniciaban un nuevo censo. María*, una representante del sector, explicó que la negociación fue el resultado de cuatro mesas de trabajo con la Alcaldía y la oficina de Control Urbano, la dependencia encargada de regular la ocupación de espacios públicos y controlar la economía informal en la ciudad.
“Nos permitieron estar aquí hasta el 31 de diciembre y nos prometieron que nos darían una reubicación en algún centro comercial o mercado municipal. Esperamos que lo cumplan porque somos más de 700 trabajadores con familia y necesidad de sustento . Además, es la situación del país la que obliga a esto”, indicó.
María portaba un listado con los datos de los vendedores que trabajan entre Sabana Grande y Chacaíto. Las autoridades exigieron este registro para cuantificar la población de buhoneros y proyectar un plan de reubicación aún incierto.
Si bien el último censo reflejó unos 700 comerciantes, voceros del sector calculan que la cifra real podría acercarse a 1000, considerando que muchos vendedores operan de manera informal y no están incluidos en los registros oficiales.
De acuerdo con cálculos de la consultora Ecoanalítica, Venezuela es el cuarto país de Latinoamérica con mayor índice de informalidad laboral, con 70 % frente a un promedio regional de 50 %, lo que significa que siete de cada diez trabajadores ejercen su actividad sin contratos formales ni protección social, contextualizando la necesidad de regular el sector sin eliminarlo.
Luis*, otro comerciante, cuestionó el desalojo del 29 de septiembre y relató que la PNB no les permitió armar sus tarantines.
El costo del orden
Antes del amanecer, los efectivos resguardaban el bulevar e impidieron la instalación de los vendedores. “No nos quitaron la mercancía, pero nos cerraron los depósitos y perdimos tres días de trabajo”.
La tensión aumentó cuando algunos funcionarios obligaron a los vendedores a retirarse, lo que derivó en un enfrentamiento en el que un policía resultó herido.
Posteriormente, representantes de la economía informal acudieron a la Alcaldía para negociar un acuerdo.
Allí, además de imponer nuevas condiciones, se ordenó la compra de toldos para reorganizar la actividad. Esa misma tarde llegaron los vehículos con los toldos embalados, vendidos a un costo de 70 dólares cada uno.
“La mayoría optó por compartir el toldo con otro compañero para pagar $35 cada uno. No se nos regaló nada. A muchos se les ha dificultado ordenar la mercancía compartiendo el espacio y todavía faltan más toldos”, aseveró.
El comerciante insistió en que estos procedimientos son recurrentes, pero sin soluciones de fondo. Las promesas de reubicación suelen incumplirse y los buhoneros terminan volviendo a ocupar las calles de manera desordenada.
“No tienen sitio donde meternos. En el Manuelita Saenz no hay espacio. Tampoco nos consultan acerca de algún plan y todo vuelve a lo mismo. Este es nuestro sustento y por eso salimos a trabajar”.
Un problema de vieja data
Los operativos de reordenamiento de buhoneros han sido una constante en la gestión municipal de Caracas durante el año 2025. El pasado agosto, la Plaza Francisco Narváez y la Avenida Universidad fueron desocupadas de trabajadores informales.
La reorganización de vendedores ambulantes no es ninguna novedad. Los primeros intentos de recuperar los espacios peatonales se remontan al año 2007 como parte de un proyecto que buscaba reubicar a 2900 comerciantes en Sabana Grande.
Más recientemente, en 2019, vendedores informales protestaron contra los desalojos en Petare. Este tipo de procedimiento de desocupación, aunque genera malestar en el sector de la economía informal, se sustenta en las ordenanzas municipales diseñadas para regular el uso de las vías y áreas comunes.
Una de esas normativas es la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo, Justicia y Paz Comunal, publicada en Gaceta Oficial en mayo de 2023.
Más que un problema local
Zulma Bolívar, experta en planificación, desarrollo local y diseño urbano, recordó anteriormente en una entrevista con Crónica Uno que corresponde al gobierno local velar por el cumplimiento de estas normas.
La experta señaló que regular la economía informal requiere un inventario que permita controlar el número de comerciantes, su ubicación y horarios de trabajo, para evitar problemas como insalubridad, desorden y colapso peatonal.
Mientras tanto, en las calles, los ciudadanos apoyan los desalojos. Argumentan que la ocupación de calles y espacios públicos genera desorden, suciedad y obstrucción en el tránsito peatonal y vehicular.
Karina Pérez aplaudió la medida, aunque reconoce el impacto sobre la economíapopular. “Sé que los buhoneros tienen familia, pero el ciudadano también tiene derecho a transitar libremente y disfrutar de la ciudad. Eso es lo que ellos han irrespetado por mucho tiempo”.
La reordenación del bulevar ha alineado los toldos y devuelto el espacio a los peatones. Este avance, sin embargo, convive con la incertidumbre de los comerciantes, pues la falta de un plan de reubicación mantiene en suspenso el futuro de cientos de familias, lo que pone de relieve el frágil equilibrio entre el ordenamiento urbano y la economía de subsistencia.
