Este informe abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y tiene como objetivo mostrar ante la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que persisten en el país
@Gabybuada / Caleidoscopio Humano. – El informe expone detenciones arbitrarias de menores de edad, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual contra presos políticos, asesinatos en protestas postelectorales y hostigamiento a periodistas. La represión recrudeció después de las elecciones presidenciales. El documento además detalló casos de falta del debido proceso, torturas físicas y psicológicas, extorsiones y persecución a la prensa independiente
El documento detalla 220 detenciones de adolescentes entre 12 y 17 años, 25 muertes en contexto postelectoral y un aumento del 254% en la persecución a la prensa. Hoy lunes fue presentado en Ginebra, en diálogo interactivo con representantes internacionales de países miembros de las Naciones Unidas.
La Misión denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro llevó a cabo una especie de plan de aniquilamiento de la disidencia política, el cual se tradujo en una treintena de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, exilio forzado, amedrentamiento en las calles y asfixia de la libertad de expresión lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
«Al menos 30 personas murieron víctimas de la represión poselectoral y miles fueron detenidas, entre ellas más de 80 personas extranjeras y familiares de perseguidos políticos», dijo Martha Valiñas, presidenta de la Misión.
Valiñas también dijo que las aprehensiones se prestaron para la extorsión y chantaje de parte de funcionarios de cuerpos militares y policiales.
«Las violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela, y han sido documentadas por la Misión de Determinación de los Hechos, no forman parte de hechos aislados, sino de una plan coordinado para perseguir y silenciar a la oposición», aseveró.
También se documentaron cinco muertes bajo custodia y tres fallecimientos relacionados con negligencia estatal y falta de atención médica oportuna.
Crímenes de lesa humanidad
El informe resaltó casos violencia sexual y de género, identificando 22 hechos documentados en seis estados del país. Las víctimas incluyen mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad, quienes sufrieron estos abusos en el contexto postelectoral.
Entre los patrones identificados figuran sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada.
En cuanto a la cruenta represión contra periodistas y trabajadores de la prensa el informe detalló que entre agosto de 2024 y agosto de 2025, la Misión documentó al menos 18 detenciones arbitrarias de comunicadores, realizadas sin órdenes de captura ni en situaciones de flagrancia. Según Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 detenciones de trabajadores de la prensa, lo que representa un incremento del 254 % respecto a los 28 casos registrados en 2023. Al cierre del informe, 11 periodistas (10 hombres y una mujer) permanecían detenidos por ejercer su labor periodística, mientras que otros tres seguían privados de libertad por su activismo político y opiniones.
“Las detenciones de 2025 continuaron contra personas opositoras o percibidas como tales, al igual que en 2024, con detenciones sin base legal ni orden judicial, en múltiples ocasiones realizadas por individuos enmascarados y sin identificación oficial. También se continúan fabricando expedientes penales y violando gravemente los principios de un juicio justo con total impunidad y connivencia judicial”, puntualizó Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”.
Los cuerpos de seguridad emplearon bolsas plásticas para asfixiar y propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género. También se perpetraron actos de tortura sexual, como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. Los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos, al igual que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que no emprendieron ninguna investigación.
La maquinaria represiva del Estado sigue asfixiando a la sociedad civil venezolana, sea o no opositora. El marco jurídico adoptado en los últimos meses, a través de las leyes de “financiación de las ONG” y “Simón Bolívar”, han forzado a muchas organizaciones a limitar sus programas o, incluso, a cerrarlos. Las desproporcionadas medidas y sanciones que contemplan estas leyes, así como el poder altamente discrecional que confieren a las autoridades, hacen que estas normas funcionen como piezas adicionales de la maquinaria represiva del Estado.
“Las evidencias alcanzadas por la Misión durante este ciclo investigativo confirman que el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar las graves violaciones de derechos humanos que configuran este crimen internacional”, concluyó Marta Valiñas.
Fragmentos:
Sociedad civil en el diálogo interactivo
Lawyers for Lawyers: Advirtió la represión contra abogados defensores como Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda y Eduardo Torres y denunció la cancelación de pasaportes y detenciones sin defensa legal.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que documentaron casos de hostigamiento a familiares de presos políticos como las hermanas Baduel y denunciaron represión a 60 familias del Comité de Madres frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
World Organisation Against Torture registró 1.038 personas detenidas por motivos políticos, incluidos 42 extranjeros y denunció técnicas de “terrorismo de Estado”, con torturas y desapariciones forzadas.
International Commission of Jurists acusó al sistema judicial venezolano de ser un mecanismo de represión y denunció el aislamiento prolongado y tortura como práctica generalizada.
Christian Solidarity Worldwide denunció vigilancia y persecución a líderes religiosos no alineados con el chavismo. También aseguró que incluso una pastora ha sido acusada de terrorismo y exige su liberación.
Algunas intervenciones de representantes de países miembros:
- Paraguay expresó en la ONU su alarma por la consolidación de patrones represivos como prácticas habituales en Venezuela
- Perú expresó en la ONU su profunda preocupación por «los alarmantes niveles de represión y acoso» contra la oposición en Venezuela. Además reclamó por los dos ciudadanos peruanos que son presos políticos.
- Portugal expresó en la ONU su alarma por la supresión de la oposición política en Venezuela.
- Argentina exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.
- Brasil expresó en la ONU su preocupación por las detenciones políticas en Venezuela e instó al régimen de Maduro a atender las denuncias de violaciones de DDHH.
- Suiza pide en la ONU que cesen las prácticas represivas en Venezuela y se ofrece para «construir puentes» para una solución a la crisis.
- Chile denuncia en la ONU que el régimen de Maduro aplica una «política estatal deliberada» y un «plan sistemático» para silenciar y anular a la disidencia.
- Bélgica denunció en la ONU el efecto de «puerta giratoria» como una táctica para intimidar a la sociedad civil en Venezuela.
- Noruega expresó en la ONU, en nombre de los países bálticos, su preocupación por la «complicidad del sector judicial y de la Defensoría del Pueblo con las autoridades en la vulneración de derechos humanos».
- España exigió la liberación de 20 personas españolas presas. se les niegan las visitas consulares y no se les garantiza debido proceso ni abogados.
Lee el informe completo aquí:
