El exdiputado Macario González y un matrimonio en Trujillo son los casos más recientes, a los que se suman las detenciones como «rehenes» de familiares del dirigente Pedro Andrade Hernánd
Fuente original: Efecto Cocuyo. – El pasado 24 de agosto se produjeron las más recientes excarcelaciones en Venezuela de las que el sector opositor encabezado por Henrique Capriles y Manuel Rosales no dudó en asumir la responsabilidad, producto de negociaciones con Miraflores, en las que aseguraron insistirán hasta lograr que todos los presos políticos salgan de la prisión.
Pero la puerta siguió girando y con fuerza, puesto que nuevas detenciones posterior a esa fecha no han cesado. Las más recientes son las del exdiputado de la Asamblea Nacional (AN), Macario González, en el estado Lara, y un matrimonio en el estado Trujillo, señalados de supuestos planes terroristas.
La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, recordó que antes de las excarcelaciones del mes de julio hubo un canje de 10 presos estadounidenses por 251 migrantes venezolanos detenidos ilegalmente en El Salvador más la promesa de liberar a 80 presos políticos. Esto último, resaltó, no fue cumplido en su totalidad o no se conoce una lista completa de quienes fueron “beneficiados”.
Rendón apunta que luego la administración de Nicolás Maduro permite a un sector político abogar por algunas excarcelaciones, cuyos criterios, advirtió, no estuvieron claros y ahora arrecia nuevamente con la represión política en medio de tensiones con el gobierno de Estados Unidos.
“En un momento de aumento de presiones al Estado venezolano recurrir a radicalizar los crímenes de lesa humanidad sólo genera un efecto agravante en cualquiera que sea el desenlace de la situación. Lamentablemente por muchos años las detenciones arbitrarias y los presos políticos han servido al gobierno venezolano para negociaciones con Estados, sectores internos, quiebres, dominación, control social y para mantenerse en el poder. Es por eso que incrementa su práctica y ejecución en momentos en que su permanencia podría estar en riesgo”, señaló la defensora de derechos humanos.
¿Quiénes salieron?
El pasado mes fueron excarcelados el exdiputado de la AN, Americo de Grazia, y la activista de Primero Justicia (PJ), Mayra Castro, afectada por problemas de salud. Asimismo, recibieron casa por cárcel el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, y su exdirector de despacho, Pedro Guanipa, hermano de los dirigentes Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa, preso político.
Además de Ramírez Colina, recibieron casa por cárcel el exalcalde de Cabimas y miembro de Un Nuevo Tiempo (UNT), Nabil Maalouf; Valentín Gutiérrez y David Barroso. El exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, reportó, por su parte, las excarcelaciones del vicepresidente de UNT en el estado Táchira, Simón Vargas, y el presidente de la tolda en Falcón, Víctor Jurado.
También salieron de sus celdas: Diana Berrío y Margarita Assenza, ambas exempleadas de la Alcaldía de Maracaibo, durante la gestión de Ramírez Colina; el director del Foro Hatillano, Gorka Carnevali, y Arelis Ojeda, exadministradora de la Alcaldía de Cabimas.
Mientras este grupo salía, otros fueron detenidos e incluso familiares de dirigentes o activistas fueron víctimas de arrestos arbitrarios.
A continuación le contamos quiénes fueron apresados a partir de esa fecha.
Macario González
Exdiputado de la AN electa en 2015 y expresidente de la Comisión de Contraloría. También fue alcalde de Barquisimeto, ciudad donde reside, durante dos períodos (entre 1995 y el año 2000). Familiares y el partido Voluntad Popular (VP) denuncian que es víctima de desaparición forzada.
Fue visto por última vez el viernes 12 de septiembre, cuando salía de la Universidad Fermín Toro donde imparte clases en la Escuela de Derecho; desde entonces se desconoce su paradero. Su hija, Macarena González, alertó que el exdiputado padece de problemas cardíacos por lo que necesita tomar medicamentos.
Elizabeth Rodríguez y Juan Torres
Ambos médicos y esposos con residencia en Valera, estado Trujillo. Familiares denunciaron que la vivienda de este matrimonio, detenido arbitrariamente, fue allanada sin orden judicial y que hubo «hurto de pertenencias».
Rodríguez y Torres son colaboradores de la organización política Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado. Fueron detenidos el miércoles 10 de septiembre, cuando se dirigían a su sitio de trabajo y luego trasladados a la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) en El Paraíso, en Caracas.
Este lunes, 15 de septiembre, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, los implicó en la supuesta planificación de acciones terroristas contra el Batallón de Infantería Motorizada «Coronel Luis María Rivas Dávila», en la entidad andina. También habló de un tercer detenido por este caso, el capitán Javier Romero Briceño.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela advirtió el aumento de las desapariciones forzadas, la represión y las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos en las últimas semanas. Su vocera principal, Andreína Baduel, lo atribuyó al aumento de la presión internacional contra la gestión de Nicolás Maduro.
“Las detenciones y las desapariciones a partir de la permanencia ilegítima en el poder ha servido para control interno, generando miedo, silencios, abandono de espacios, la contención del descontento por la fuerza; la neutralización de la protesta; dominar el malestar social. Es un mecanismo de control que ha sido muy efectivo”, sostuvo Rendón para explicar por qué el chavismo en el poder no abandona las prácticas represivas.
Recordó que una vieja práctica es usar a los presos políticos como fichas de canje en determinadas coyunturas para obtener beneficios, lo cual puede verse acentuado ahora, cuando quizás la administración de Maduro ve amenazada su permanencia en el poder por la presión de EEUU en el contexto del despliegue aeronaval en el Caribe para combatir el narcotráfico.
María Hernández Ramírez y Liseth Andrade Hernández
Madre y hermana del dirigente político Pedro Andrade Hernández. Fueron detenidas en la ciudad de Valera, estado Trujillo, el 11 de septiembre. Los funcionarios policiales buscaban al opositor y al no encontrarlo se llevaron a la señora de 71 años y a Liseth.
Testigos señalaron que unos 100 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía de Trujillo y el Conas se presentaron al lugar. La vivienda donde se encontraban las mujeres fue allanada.
Familia Guillén
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció la detención de cuatro integrantes de una familia el 7 de septiembre, en el estado Carabobo, por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la búsqueda de un activista de Vente Venezuela.
Las víctimas de la detención arbitraria son Miriam Fernández Ruiz (72 años) y Chantal Guillén Ibarra (21 años), hija del activista solicitado. La señora de la tercera edad junto a su nieto de 17 años fueron apresados primero en su vivienda, luego la PNB hizo que el adolescente llamara a Chantal y al presentarse en la sede policial con su hija de dos años también fueron retenidas. Los menores de edad fueron liberados al día siguiente por la presión de familiares y organizaciones.
“El Sippenhalf nuevamente se está aplicando. El Estado secuestra a familiares, amigos, allegados como mecanismo de presión para la entrega de la persona buscada, pero ejerciendo un efecto devastador en la sociedad. El delito por asociación, una violación grave a DDHH en el que cualquiera solo por conocerle está en riesgo de sufrir una detención, desaparición, tortura y daños irreparables. Es de las prácticas más crueles que dieron origen a los denominados crímenes de lesa humanidad”, alerto Rendon.
Julio Velazco
Su hijo Marco Velazco, miembro de Vente Venezuela, denunció la desaparición de su padre Julio Velazco en Caracas, desde el 3 de septiembre.
“Este secuestro es una violación de derechos humanos y forma parte del método Sippenhaft (detener a familiares para que la persona buscada se entregue), una práctica más del terrorismo de Estado, aplicado por el régimen a quienes piensan distinto y sus familias. Alertamos a la comunidad internacional de esta arremetida que ha aumentado con fuerza durante las últimas horas y se ha expandido a otras personas inocentes”, expresó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.
José Luis Machín Machín
Exalcalde de Barinas (2014-2018 por la MUD). Su esposa, Lucía Delgado, denunció desaparición forzada desde la madrugada del 30 de agosto, cuando fue detenido arbitrariamente junto a otras cuatro personas.
«Mi esposo y sus compañeros estaban cumpliendo labores humanitarias en zonas afectadas por las lluvias, ayudando a familias damnificadas. Regresaban de una reunión en Ciudad de Nutrias cuando los interceptó una camioneta sin placas, presuntamente de organismos de seguridad del Estado», relató Delgado, quien manifiesta desconocer dónde está el exalcalde de 60 años.
Junto al también profesor universitario fueron detenidos los miembros del partido PJ: la profesora Isaura Villamizar; el ingeniero Miguel Jorge Álvarez; el expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas, José Osorio, y el dirigente juvenil Junior Rivas, cuyo paradero también es desconocido.
“La desaparición forzada se ha normalizado como práctica estatal a partir del año 2024. Tiene efectos devastadores en la víctima, familiares y la colectividad. Genera miedo, inhibición, el silencio forzado y un desgaste colectivo porque el enfoque es en preservar la vida aun cuando se desconozca su estado y lugar”, expresó Rendón.
A su juicio, el canje de los 10 presos políticos estadounidenses no tuvo el efecto deseado para Miraflores en cuanto a una mayor flexibilización de sanciones y una mejoría en las relaciones con EEUU; por lo que al arreciar la presión desde Washington, el chavismo se radicaliza y “toma más rehenes” con nuevas detenciones.
Yones Molina y Jesús Castillo
Dirigentes juveniles de Vente Venezuela en el estado Mérida. La organización política denunció que el 31 de agosto de 2025 fueron interceptados por un grupo de civiles armados en circunstancias aún no esclarecidas.
“Yones y Jesús son dos venezolanos excepcionales, valientes y comprometidos con la libertad. Este acto cobarde del régimen no nos detendrá. Exigimos su liberación inmediata y hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que no permanezca silente ante esta violación flagrante de los derechos humanos”, expresó Maria Corina Machado en sus redes sociales.
Lorenia Gutiérrez
Coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Universidad, del municipio Caroní, estado Bolívar. La organización denunció que a la joven la sacaron a la fuerza de su vivienda, sin orden judicial, un grupo de hombres con capuchas, el 25 de agosto, un día después de las excarcelaciones de 13 presos políticos. Los presuntos policías allanaron la residencia sin orden judicial.
“La persecución contra toda la estructura de los denominados comanditos, que fue la red creada por el liderazgo legítimo, ha sido muy violenta. La mayoría de las detenciones y desapariciones están vinculadas a estos liderazgos movilizadores que hicieron posible la gesta en la jornada electoral (del 28 de julio de 2024)”, comentó Rendón sobre el hecho de que muchos detenidos sean miembros de Vente Venezuela.
Traslados irregulares
A la par de las nuevas detenciones, organizaciones defensoras de DDHH no paran de denunciar traslados de presos políticos desde sus sitios de reclusión hacia destinos desconocidos, sin notificación a sus familiares. Las ONG los considera víctimas de desaparición forzada.
Los traslados comenzaron con la movilización de los hermanos Rolando y Otoniel Guevara y su primo Juan Guevara, exfuncionarios policiales condenados en 2005 por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. Posteriormente afectó a los dirigentes de VP, Freddy Superlano y Roland Carreño, y a la presa política Carla Da Silva. Todos fueron sacados del Helicoide y hasta ahora se desconoce cuál es el nuevo sitio de reclusión.
Este 15 de septiembre, Amnistía Internacional en las Américas alertó sobre nuevos reportes de traslados de detenidos por motivos políticos a la prisión Yare II, en el estado Miranda, conocida por las malas condiciones de reclusión. Entre los trasladados, según la ONG, se encuentra el abogado y miembro de Provea, Eduardo Torres.
“El gobierno venezolano debe, contrario a incrementar la violencia y el terror de Estado, como gesto de respeto a la dignidad humana y la justicia, iniciar un proceso de liberación de todos los presos políticos y la libertad para desaparecidos, secuestrados y rehenes nacionales y extranjeros”, instó Laboratorio de Paz.
