Activistas desafían violencia y persecución con nuevas protestas a favor de los presos políticos

Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos retomaron las calles a pesar del constante hostigamiento. La persecución quedó en evidencia este viernes, 19 de septiembre, cuando se descubrió un dispositivo desconocido, instalado en el vehículo de Margareth Baduel durante una protesta frente a la Embajada de Italia.

Fuente original: Crónica Uno. – Caracas. Un dispositivo fue instalado en el vehículo de Margareth Baduel, hija del fallecido general y exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, y hermana de Josnars Baduel, durante la quinta jornada de la Ruta Global por la Libertad de los Presos Políticos, realizada este viernes, 19 de septiembre.

El hecho ocurrió en El Rosal, frente a la embajada de Italia en Caracas. A pesar de que se desconoce qué era el dispositivo y para qué estaba destinado, el evento da fuerza a los reclamos de justicia de la familia Baduel y otros activistas por la liberación de los presos políticos.

Baduel denunció que este hecho se suma a la campaña de hostigamiento que sufre su familia por defender los derechos de su hermano, Josnars Baduel, quien se está encarcelado en el Internado Judicial El Rodeo I.

“Me encontraba afuera esperando a la comisión que estaba entregando el documento hecho por los familiares y me percaté que debajo del tubo de escape de mi carro se encontraba este dispositivo que desconozco. Esto forma parte de la persecución que tenemos como familia”, contó a Crónica Uno.

Durante dos horas, Baduel se negó a movilizar su vehículo o a retirarlo ella misma, como le sugirió uno de los uniformados presentes. En cambio, esperó a que el grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o algún cuerpo especializado llegara a inspeccionar el dispositivo, lo que no ocurrió. 

Solo se limitaron a solicitar a las personas que se alejaran del área cercana al vehículo por considerarlo peligroso.

Casi tres horas después, funcionarios que se identificaron como integrantes de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB retiraron el dispositivo sin informar a los presentes ni levantar ningún acta.

“Es importante destacar que algunos efectivos policiales insinuaron que el dispositivo podría haber sido colocado por los familiares, lo que resulta especialmente grave, considerando la persecución documentada y sistemática que ha sufrido la familia Baduel”, señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) en sus redes sociales.

Acecho constante

El día anterior, el jueves, 18 de septiembre, tras entregar un manifiesto en la embajada de Alemania en el que se exige la liberación de presos políticos y el fin de la tortura en Venezuela, su hermana Andreina Baduel denunció que fue perseguida por un hombre que circulaba en una moto sin placas. 

Según la activista, prácticas similares se han vuelto constantes desde que comenzó a denunciar lo que considera una injusticia contra su familia.

“Al retirarme del lugar, un sujeto en motocicleta siguió deliberadamente la unidad en la que me trasladaba, intentando extender la persecución más allá de la actividad. No es la primera vez: desde hace meses vivo bajo un cerco policial frente a mi casa, donde activan sirenas y luces como mecanismo de hostigamiento”, denunció a través de su cuenta oficial en la red social X.

En el escrito, Baduel reiteró que este tipo de acciones forman parte de un esquema de amedrentamiento que pretende silenciar a quienes expresan su descontento yluchan a favor de la libertad de los presos políticos de Venezuela. 

Hasta la fecha, hay 823 presoss político activos: 101 mujeres, 170 militares y 89 extranjeros usados como “fichas de negociación”, alertó la ONG.

Derechos tras las rejas

Para Andreina Baduel, las detenciones de dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos constituyen medidas de persecución por parte del Estado, pero asegura que el miedo no detendrá su lucha.

“Cada paso que damos está más blindado, pero nadie está exento de ser perseguido en Venezuela, esa es una realidad con la que lidiamos. Pero más miedo nos da que se olviden de nuestros presos políticos, que sigan habiendo muertes bajo custodia. Por eso responsabilizamos al régimen de cualquier cosa que les pueda pasar a los presos y sus familias porque el riesgo está. Tomemos o no tomemos medidas de seguridad, el riesgo siempre está”, enfatizó.

La también periodista denunció que recientemente su hermano, Josnars Adolfo Baduel, fue notificado de que la pérdida continua de sus beneficios como privado de libertad, incluido el derecho a atención médica y visitas, se le atribuía a ella.

“Que era por mi culpa, por hacer tantos videítos y las denuncias. Que en todo caso ellos no tenían responsabilidad de nada, sino que la responsabilidad era mía. También le infringen amenazas de que si yo sigo, la situación para él va a empeorar y para mi también”, añadió a Crónica Uno.

Bajo asedio

La activista aseguró que en junio arreció el asedio que padece. “Frente a mi casa hay alcabalas ilegales y patrullas del CICPC y la PNB que me vigilan de manera constante”, explicó.

Ese mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, pero la situación se ha intensificado. En julio, reportó un “cerco policial permanente” con sirenas encendidas durante la noche.

“Esto no es seguridad, es persecución”, dijo entonces. Los vecinos, acostumbrados ya a las rondas nocturnas, evitan acercarse a la vivienda. La rutina diaria se ha transformado en un escenario de vigilancia continua.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Provea han respaldado sus denuncias, al alertar que “la intimidación contra Andreina Baduel refleja un patrón de persecución contra activistas y familiares de presos políticos en Venezuela”.

Justicia y libertad

El trasfondo de la lucha de Baduel es la persistente crisis de presos políticos en Venezuela, considerada por la Organización de Naciones Unidas y la Cidh como una de las violaciones más graves de derechos humanos en la región.

Según Foro Penal y Human Rights Watch, desde 2014 se han registrado al menos 18.488 detenciones con fines políticos, de las cuales más de 14.000 resultaron en excarcelaciones condicionadas y 9000 personas permanecen bajo control judicial. 

El gobierno de Nicolás Maduro niega su existencia y los califica de “terroristas” o “criminales”. Sin embargo, informes independientes documentan torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Casos emblemáticos como el de Fernando Albán (2018) o el del general Raúl Baduel (2021) —padre de Andreina— simbolizan un patrón de impunidad.

La situación se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que autoridades electorales proclamaron a Maduro como ganador con el 51 % de los votos, pese a denuncias de fraude. La oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia, asegura haber obtenido el 67%.

La represión posterior dejó al menos 28 muertos, 200 heridos y 2.400 detenidos. La Cidh considera que prácticas como el aislamiento prolongado, la tortura con descargas eléctricas y la negación de atención médica constituyen crímenes de lesa humanidad.

Con esta segunda ruta organizada por familiares de presos políticos, iniciada en la Embajada de España y seguida en los días posteriores por las de Suiza, Bolivia, Alemania e Italia, los participantes buscan reactivar las manifestaciones a favor de la libertad de sus familiares, pausadas tras el auge de la represión hace más de dos meses. 

De esta forma, insisten, se niegan a dejar que el miedo los paralice. Por lo que planean continuar en las calles hasta lograr la libertad de sus seres queridos.

Por ello, ignoran a los hombres y mujeres, conocidos por ellos como simpatizantes del Estado, que los graban y fotografían, a menudo sin disimulo, durante cada convocatoria pública.