Fuente original: Crónica Uno. – En centros de salud públicos de Caracas las consultas sobre control reproductivo siguen abiertas, pero sin insumos y con capacidad limitada. Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), advierte que esta estrategia es insuficiente ante la demanda. Mientras, las mujeres deben asumir costos por falta de políticas efectivas.
Caracas. Hay charlas, hay consultas, pero no hay anticonceptivos. En los hospitales públicos de Caracas, la planificación familiar carece de insumos, y las mujeres deben cargar con todo: exámenes, documentación y hasta el método que deberían recibir gratis.
La planificación familiar —el conjunto de servicios que permite a las personas decidir si quieren tener hijos, cuándo y cuántos— se reduce a palabras sin respaldo. Lo mismo ocurre con la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): aunque se habla de ellas en talleres, no hay preservativos, pruebas rápidas ni tratamientos accesibles.
En el caso del Hospital Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza, ubicado en Caricuao, las consultas de salud reproductiva siguen activas, pero sin ofrecer soluciones concretas. Así lo admitió el personal de salud de esa institución, que enfrenta una demanda creciente de servicios especializados, en general, y diferenciados para mujeres.
“Hay citas, pero no tenemos ningún método anticonceptivo disponible”, subrayó una enfermera* del servicio de control reproductivo del Materno Infantil de Caricuao.
Otra enfermera denunció que ese centro de salud no recibe casi ningún tipo de suministros desde hace un año, pese a ofrecer charlas sobre ITS. Es decir, se advierte sobre sus riesgos, pero sin herramientas para evitar los contagios, más alla de consejos y orientaciones.
“Las pacientes pueden venir a las charlas de Infecciones de Transmisión Sexual. Sin embargo, si desean colocarse un método anticonceptivo, deben traerlo. Hace un año que no llegan al hospital”, reveló la trabajadora de la salud, quien prefirió el anonimato por temor a represalias.
Acceso insuficiente
La situación contradice el principio establecido por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), que señala que “todas las mujeres, adolescentes y jóvenes tienen derecho a utilizar servicios y acceder a métodos anticonceptivos diversos y de calidad”.
Ya en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había manifestado su preocupación por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela, al advirtir que esta situación “impacta de forma desproporcionada en las mujeres y personas gestantes de todas las edades”.
Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), reconoce que las consultas de planificación familiar existen en algunos hospitales, pero no son suficientes para responder a la demanda. Y, peor aún, no ofrecen los insumos básicos.
“El problema es que estas consultas pueden dar orientación, pero las mujeres y hombres no tienen acceso a métodos anticonceptivos porque los hospitales carecen de ellos, lo que repercute directamente en la salud sexual y reproductiva”,explicó.
Barreras económicas y sociales
*Romina, de 39 años, lo vivió en carne propia. Llegó un lunes con su hija adolescente, confiando en que personal del hospital pudiera orientarlas y proteger a la joven. Lo que encontró fue un servicio cerrado y una solución cara.
“No tuve para pagar la consulta en Plafam, menos para comprar esto. Soy madre soltera y no quiero que mi hija tenga un bebé, pero ahorita tiene un noviecito y por eso quiero cuidarla”, relató a Crónica Uno.
El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, poco más de un dólar al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, el costo de un Implanon —implante subdérmico que libera hormonas para evitar el embarazo durante tres años— en farmacias supera los 90 dólares. Una consulta privada con aplicación de método puede oscilar entre 60 y 100 dólares, constató Crónica Uno.
Avesa calcula que 7 de cada 10 personas en el país no usan actualmente métodos anticonceptivos ni mecanismos de prevención de infecciones de transmisión sexual, principalmente por motivos económicos.
Yrama Baloa, coordinadora médica del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex), señala que el principal obstáculo es la drástica reducción de anticonceptivos a bajo costo. Hoy, la mayoría solo se consiguen en clínicas privadas.
Baloa también advierte que la crisis se ha visto agravada por la escasa presencia de métodos subsidiados por organizaciones internacionales. “Las más pobres, quienes viven lejos o en zonas rurales, son las más afectadas”.
“Además de las barreras económicas, existen las sociales. Hay muchos mitos y temores por parte de las mujeres y adolescentes sobre el uso de los métodos”,indicó.
Abortos y embarazos
La falta de acceso continuado a anticonceptivos no es una simple estadística: repercute en embarazos no deseados y, con ello, en abortos inseguros. Así lo advierte Muñoz, también profesora de Orientación Psicoeducativa en Sexualidad.
“En Venezuela, el aborto voluntario está prohibido, lo que expone a las pacientes a métodos artesanales, procedimientos quirúrgicos no válidos y graves problemas legales. Ante estas limitaciones para controlar la reproducción en Venezuela, se crean métodos de aborto por inducción que elevan los números de muertes maternas y neonatales”, sostuvo.
Romina conoce a otras madres que han pasado por lo mismo. Algunas, contó, terminan buscando pastillas en redes sociales o aplicándose lo que les dicen otras mujeres. “Todo por no tener cómo prevenir a tiempo”, reflexionó.
La falta de políticas públicas también pesa. No hay un plan nacional de prevención del embarazo adolescente ni una estrategia educativa sostenida en escuelas o liceos. El Estado sigue en deuda con las mujeres.
En el Hospital Universitario de Caracas, solo se coloca el DIU —Dispositivo Intrauterino, un método anticonceptivo de larga duración que se inserta en el útero—. Las pacientes deben asistir lunes o miércoles en la mañana, con hematología, ecosonograma, prueba de embarazo y citología.
En el Materno Infantil de Petare, el panorama es el mismo: el DIU es la única opción, y solo después de pasar por una consulta general.
“Ya tenemos meses sin más opciones de métodos y pronto se va a agotar este. Ponemos el que tenemos y ya”, lamentó.
El 1° de julio, la Maternidad Concepción Palacios anunció en Instagram la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Pero el personal confirmó a Crónica Uno que el servicio lleva meses cerrado. “A las pacientes las enviamos a otro centro o las ven en ginecología”.
Sin políticas
De acuerdo con Baloa, en la última década han sido las organizaciones no gubernamentales las que han permitido que se introduzcan nuevas opciones, como pastillas anticonceptivas, inyecciones mensuales y métodos de barrera como condones.
Sin embargo, alertó que muchos de estos métodos se están ofreciendo bajo una lógica de emergencia, sin respetar siempre los criterios médicos de elegibilidad. Estos criterios definen, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), qué personas pueden usar ciertos métodos de manera segura, considerando su edad, historial médico y otras condiciones. Eso ha generado preocupación por efectos adversos o complicaciones.
En Venezuela existe un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos. En su artículo 2 se plantea el acceso garantizado a métodos anticonceptivos modernos y el reconocimiento de la salud sexual como un derecho.
Pero las expertas coinciden en que no bastan leyes. Para garantizar una planificación familiar digna, es urgente un enfoque integral: educación, sensibilización, acceso real y voluntad política para enfrentar una deuda que, hasta ahora, sigue creciendo.
La escasez de métodos anticonceptivos en los hospitales públicos no solo deja sin opciones a quienes, como Romina, buscan proteger su salud sexual y reproductiva. También revela una deuda estructural del Estado con las mujeres, especialmente con las más pobres y jóvenes.
Sin educación, sin acceso y sin insumos, la planificación familiar deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Y mientras no haya voluntad política para garantizarlo, serán las mujeres quienes sigan asumiendo solas las consecuencias.
