1. Venezuela es uno de los Estados Parte fundadores del Estatuto de Roma que creó la CPI, ya que participó activamente en la Conferencia de Roma en 1998 y ratificó el tratado en el año 2000. Una retirada ahora, decidida unilateralmente por el chavismo —como ya hizo antes con la Comunidad Andina de Naciones en 2006 o como intentó hacer con la OEA en 2017— sería ante todo un gesto político y diplomático que confirma su falta de voluntad de cooperar con la justicia internacional. Se trata de un régimen autoritario que, además de negarse a rendir cuentas internamente, buscaría convertirse en prófugo del sistema internacional de justicia, empeorando su ya precaria imagen ante aliados regionales.
2. Las autoridades venezolanas saben que la investigación de la Fiscalía de la CPI ha avanzado y puede determinar responsabilidades individuales en la comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. También saben que las órdenes de captura contra altos mandos pueden ejecutarse incluso contra jefes de Estado o exjefes de Estado, como lo demuestra el caso del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien fue detenido en marzo de 2025 y trasladado al centro de reclusión de Scheveningen, en La Haya, por crímenes relacionados con su política de ejecuciones extrajudiciales durante la “guerra contra las drogas”. En el caso venezolano, los crímenes investigados por la CPI —detenciones arbitrarias, persecución por motivos políticos, tortura, violencia sexual, entre otros— se multiplicaron con mayor intensidad y crueldad después del fraude electoral del 28 de julio de 2024. Por ello, la actual amenaza de retirada del Estatuto de Roma, junto a la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU, es percibida como un intento desesperado por evadir la justicia internacional.
3. La denuncia del Estatuto de Roma (o «salirse de la CPI») tendría efecto solo un año después de ser formalmente notificada al Secretario General de las Naciones Unidas, según establece el Artículo 127 del mismo Estatuto. Esa medida no suspende la investigación ya abierta ni impide que se sigan librando órdenes de captura por crímenes cometidos durante el tiempo en que Venezuela haya sido Estado Parte. La competencia de la CPI se mantendría para todos los crímenes cometidos desde la entrada en vigor del Estatuto en Venezuela (julio de 2002) y hasta un año después de la notificación formal de la retirada. Por tanto, el período que cubre la investigación actual de la CPI —que abarca crímenes desde 2014, con énfasis en los ocurridos entre 2017 y 2020— seguiría plenamente vigente. La retirada solo reafirmaría el temor de los responsables y su intención de atrincherarse para evadir la justicia.
4. Lo único que se perdería es la «cooperación» formal del Estado venezolano con la Fiscalía y la Corte para llevar adelante algunos procesos. Sin embargo, esa cooperación ya se había reducido considerablemente en el último año, después de que el chavismo no pudiera frenar más la investigación tras perder seis apelaciones en La Haya. La oficina técnica de la Fiscalía en Caracas, inaugurada en 2023 con el ánimo de fortalecer la complementariedad con la justicia nacional y facilitar la interacción con las autoridades, ha enfrentado numerosas restricciones impuestas por el propio Estado, lo que ha limitado sus actividades. El mensaje es claro: las autoridades venezolanas intentaron replicar con la CPI la misma estrategia que emplearon con la ONU, simulando una cooperación para contener las críticas de los organismos internacionales, para luego rechazar abiertamente su presencia cuando los informes y las decisiones confirmaron que los crímenes de Estado continuaban. La expulsión en febrero de 2024 del equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sumado a los insultos en su contra en 2025, son otro ejemplo del patrón de hostilidad hacia los mecanismos internacionales de derechos humanos cuando hacen su trabajo, mientras el poder Ejecutivo sigue victimizándose y desviando la atención hacia temas como las sanciones internacionales o la situación en otros países como Irán o Palestina para encubrir la impunidad sobre crímenes atroces en Venezuela.
5. Sea cual sea el escenario, es fundamental priorizar la protección de víctimas y testigos, dentro y fuera de Venezuela. Los procesos de justicia penal internacional son técnicamente complejos y prolongados, por lo que es esencial mantener seguras y activas tanto a las personas como las pruebas que documentan las violaciones. La amenaza de salida forma parte de la estrategia de propaganda del gobierno para desmoralizar a las víctimas y la sociedad civil, pero no altera los hechos ocurridos ni la competencia de la Corte. Por eso es clave evitar la infiltración de informantes y colaboradores del chavismo en grupos de víctimas, organizaciones sociales, redes de la diáspora y espacios de documentación, para proteger la integridad de las personas y la información. La investigación de la CPI seguirá su curso, y la retirada de Venezuela podría incluso reforzar la percepción internacional de que los crímenes en el país son graves y sistemáticos, alentando a los Estados de la región a respaldar la investigación y a las víctimas a persistir en su búsqueda de justicia.
