Resumen
De conformidad con la resolución 57/36 del Consejo de Derechos Humanos, el presente informe se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a un medio ambiente sano, el estado de derecho, la rendición de cuentas y el espacio cívico, así como en el nivel de aplicación de las recomendaciones presentadas anteriormente a la República Bolivariana de Venezuela.
La actualización comenzó saludando y agradeciendo a las personas presentes en el diálogo interactivo sobre el informe del alto comisionado sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Volker Türk, Alto comisionado, tomó la palabra para informar al consejo y presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela durante el año, a partir del 1 de mayo de 2024.
«Me preocupa que la situación en los derechos humanos en Venezuela ha empeorado durante este periodo de tiempo. Se han sometido a personas a detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desaparición forzada, en un contexto de tortura y malos tratos#, aseveró.
Türk detalló que, de cara a las elecciones parlamentarias y regionales, las autoridades anunciaron la detención de unas 70 personas, incluidas figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusándolos de pertenecer a un grupo terrorista. Tras las elecciones parlamentarias, las autoridades indicaron haber desmantelado una red terrorista que involucraba a algunos que habían sido previamente detenidos, junto con varias organizaciones humanitarias y derechos humanos. Reitero que la legislación sobre terrorismo de Venezuela y su aplicación son contrarias a las normas internacionales.
«La mayoría de personas detenidas debido a delitos relacionados con «el terrorismo» están sujetas a procedimientos judiciales que no respetan, no cumplen las normas internacionales. Numerosas personas siguen detenidas tras ser arrestadas con relación a las elecciones presidenciales en julio de 2024. Observo que las autoridades han puesto en libertad a por lo menos 1.500 personas, condicionalmente», expresó.
El Alto Comisionado también indicó que la Oficina ha documentado que 32 personas han sido sometidas a tortura y malos tratos, estando en detención. 15 de estas eran adolescentes, aproximadamente 28 personas fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales y siguen en paradero desconocido. Por lo menos, 12 son personas extranjeras que no tienen acceso a asistencia consular.
«Me preocupan sobremanera las condiciones de la detención y el que se deniegue a algunas personas la atención médica o el acceso al agua y a la alimentación. Algunos prisioneros han sido sometidos también a una detención en situación de incomunicación, tras haber reivindicado o pedido públicamente que se mejoraran sus condiciones de detención».
Sobre la libertad de asociación y, en particular, la ley sobre ONGs aprobada en noviembre pasado también expresó preocupación ya que muchas organizaciones han denunciado problemas con relación al proceso de registro, incluidos unas solicitudes legales de gastos y también ciertos requisitos que no están incluidos en la ley. Varias ONGs se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones en Venezuela debido a obstáculos legales.
«Mi informe también se refiere a violaciones del derecho de las personas pertenecientes a grupos y su derecho a participar en los asuntos públicos. Las mujeres siguen estando poco representadas en la vida pública. Mi informe también hace hincapié en retos que enfrentan las víctimas de discriminación de género y de violencia, incluido el femicidio, para poder acceder a la justicia», acotó.
Sobre el derecho al aborto dijo que sigue estando tipificado, incluso en casos de violación, incesto o problemas
de salud. También lamento la falta de progreso en torno a los derechos de las personas LGBTIQ+, que son objeto de ataques, de discurso de odio y delitos de odio. Cuando ocurren estos delitos, no pueden acceder a la justicia y son objeto de discriminación y violencia en situaciones de tensión.
Entretanto, también han empeorado las condiciones económicas, ya muy difíciles. Empeoradas también por el fin de las operaciones de la gran empresa Chevron. Los venezolanos notan el impacto de esta decisión, que ha contribuido a una hiperinflación.
La capacidad de las autoridades de sufragar servicios públicos esenciales se ve sumamente limitada. Por ejemplo, casi la mitad de los estudiantes han participado o han ido a la escuela de manera irregular en 2024, en parte debido a la falta de docentes y a la suspensión de las clases.
El Alto dijo que se le ha informado sobre una falta de medicamentos esenciales y de material en los centros de salud pública.
«Aproximadamente el 91 % de hospitales que se han analizado entre enero y julio de 2024 pedían a los pacientes traer su propio material para las cirugías, para las operaciones».
Sobre el salario mensual afirmó que no ha cambiado desde marzo de 2022. «Estamos hablando de 130 bolívares, justo menos de un dólar estadounidense y la mitad del precio de una caja de huevos», aseveró.
La reducción drástica de la financiación también de donantes internacionales y la imposición de sanciones en sectores contribuyen al empeoramiento de la situación humanitaria, mencionó al tiempo que explicó que, si bien esto trasciende el alcance de su informe, es consciente de que muchos venezolanos sufren debido a la incertidumbre en torno a la suerte de sus seres queridos que han sido deportados de los Estados Unidos.
Finalmente, el Alto Comisionado reiteró el llamado al Gobierno estadounidense para que respete el debido proceso, que aplique las decisiones de sus tribunales para salvaguardar los derechos de los niños y poner fin precisamente a la exclusión de cualquier persona a los países donde se corre el riesgo de sufrir un daño irreparable.
También hizo el exhorto a que se ponga en libertad, de manera incondicional e inmediata, a los que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos los defensores Rocío Sanmiguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.
«Pido que se ponga fin inmediatamente a las desapariciones forzadas y a las detenciones en situación de incomunicación y que los extranjeros en detención reciban asistencia consular. También exhorto a que se revoque la legislación que contribuye a restringir el espacio cívico y democrático».
Reiteró el llamado a que se levanten las sanciones por sector que restringen servicios básicos, como la salud y el acceso a la alimentación, y tienen un impacto desproporcionado sobre los más vulnerables. «Señor presidente, como bien saben, yo creo firmemente en la cooperación y me comprometo a ello, pero espero que las autoridades creen las condiciones necesarias para garantizar el retorno pleno de mi personal y para la aplicación
de mi mandato. Gracias, señor alto comisionado.
Respuesta de Venezuela
El representante de Venezuela, Jimmy Alexanders Hernandez ante el Consejo respondió que el mandato fue impuesto y viene de una resolución política ordenada por Estados Unidos y sus satélites a fin de ejercer la llamada máxima presión para cambiar el gobierno. «Esta resolución evidencia la politización y selectividad de este consejo. Ella no fue inspirada ni por principios ni por justicia sino por conveniencias geopolíticas», afirmó.
Asimismo, Hernández expresó que el alto comisionado no hizo ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana. «Luego de las elecciones del 28 de julio evidencian el sesgo, selectividad y parcialidad de este informe, el cual rechazamos. Alto comisionado, hoy me acompañan cinco familiares de los 253 migrantes venezolanos que hoy cumplen 105 días bajo detención arbitraria y desaparición forzada en una cárcel en El Salvador», advirtió.
Estos migrantes fueron detenidos en Estados Unidos y llevados bajo engaño a El Salvador sin debido proceso, sin delito, sin defensa, sin sentencia al amparo de una ley anacrónica de enemigos extranjeros de 1798. Ni Estados Unidos ni El Salvador han aportado hoy a pesar de innumerables gestiones la lista de las personas en desaparición forzada. Ni siquiera una llamada le han permitido y sus familias aquí exigen una fe de vida.
Dijo también que la migración venezolana había sido inducida por las sanciones y que es perseguida, discriminada, sometida a xenofobia en varios países de la región, siendo especialmente inhumana en los Estados Unidos.
«Hoy con fuerza decimos, migrar no es un delito. Señor alto comisionado, habiendo recibido suficiente evidencia y testimonios de las víctimas, habiendo pruebas fílmicas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso vídeos de las autoridades de Estados Unidos y El Salvador y luego de la llamada telefónica del propio presidente Nicolás Maduro para que usted se abocara a este abominable caso, nos preocupa que después de todas estas gestiones hayan pasado 56 días para que su oficina finalmente se pronunciara».
Hernandez resaltó que ante tamaña violación de los derechos humanos y sabiendo quiénes la cometen, los familiares esperaban un pronunciamiento contundente y proporcional al sufrimiento de las madres presentes. Además, afirmó que la Oficina no actúa con diligencia ya que tardó 56 días en responder sobre este tema.
«Lo invitamos a revisar si es que en su oficina la velocidad de respuesta depende de la conveniencia de los casos. Nos parece que esa metodología de estarse aplicando no sólo desacredita su oficina sino que reafirma la tesis del doble rasero en este sistema. Recuerde que la neutralidad e imparcialidad son principios esenciales de su mandato».
Dijo además que la institución de los derechos humanos está hoy en grave peligro. «El fracaso de la extinta Comisión de Derechos Humanos fue un llamado de atención contra el uso y abuso de los derechos humanos como arma de agresión e intervención contra ciertos países. Este consejo va por el mismo camino de la Comisión y las potencias occidentales no quieren darse cuenta de que siguen minando su credibilidad, perjudicando así a los pueblos y a los derechos humanos».
Cuestionó que el doble rasero que se observa en el consejo ante graves situaciones de derechos humanos es indecible y alertó que mientras a Venezuela se le pretende condenar permanentemente y se gastan casi 9 millones de dólares en un mandato espurio e impuesto, el genocidio en Gaza a manos de Israel es un asunto que pretende ser silenciado e incluso eliminado de las discusiones.
«Mientras miles de migrantes africanos mueren en el Mediterráneo o son objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el propio territorio europeo, este consejo poco o nada dice y mucho menos poco o nada hace. Recientemente vimos protestas de migrantes en ciudades de Estados Unidos reaccionando a la brutal persecución a las que están siendo sometidos y las acciones desproporcionadas de sus autoridades políticas y policiales. ¿Habrá dicho algo este consejo sobre la pública y notoria violación de derechos humanos en Estados Unidos? Señor presidente, el silencio no es una opción».
Señaló finalmente que el sistema de derechos de la ONU parece ser muy eficiente cuando se trata de países del sur, global, pero muy complaciente cuando se trata de los países occidentales.
