Gabriela Buada Blondell / Caleidoscopio Humano. – El Palacio de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Asuntos Penitenciario y la Fiscalía fueron las instituciones que visitaron los familiares de presos políticos en Venezuela, acompañados de personas defensoras, activistas y medios de comunicación la última semana del mes de febrero de 2025.
Una forma de activismo creativo, lleno de simbología en las principales sedes que imparten justicia exigió justicia y libertad plena para todas las personas que sufren violaciones de derechos humanas documentadas, denunciadas y difundidas por organizaciones de la sociedad civil ante todas las instancias.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIP) organizó el peregrinaje con el objetivo de exigir la libertad plena de todas las personas detenidas por Nicolás Maduro, el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos en el país.
La mayoría de las voces son de mujeres, esposas y cuidadoras que sin miedo a más represión se organizaron por cinco días.
El primer encuentro se dio el lunes 24 de febrero a las 10 am en el Palacio de Justicia, donde los manifestantes exigieron con consignas y en vocería de Sol Ocariz, hermana de Edward Ocariz, activista comunitario excarcelado en el mes de diciembre de 2024.
“Sin abogado de confianza, el detenido queda a merced del defensor público impuesto, quien es funcionario de un Estado que viola sus derechos humanos, lo cual hace latente un conflicto de intereses para ejercer la defensa”, señaló un documento leído por Ocariz y dirigido en esta primera jornada a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington.
El documento consignado resume las peticiones de:
- Derecho al Habeas Corpus para los detenidos.
- Debido Proceso y la garantía de libertades plenas.
- Radicación de Presentaciones para asegurar que los prisioneros no sean trasladados sin notificación a sus familias.
El martes 25 de febrero realizaron la segunda parada en la Defensa Pública y a pesar de la fuerte presencia policial y de civiles tomando fotos y amedrentando la protesta ubicada en el centro de Caracas, los familiares en vocería a cargo de Sandra Hernández, esposa del Sargento Luis Bandres al que se le han violado sus derechos procesales exige Justicia y libertad. «Mi esposo fue sometido a aislamiento, solo por tener defensa privada. Para no caer en la locura jugaba con un ratón que todas las noches llegaba a la celda de castigo en la que estuvo por 15 días», afirmó al tiempo en el que exigía derechos para todos los presos políticos.
También presentaron un documento en el que exigieron:
- Tutela judicial efectiva para todos los detenidos.
- Garantía del derecho a la defensa de los prisioneros.
- Presentaciones judiciales en la ciudad de residencia de los excarcelados, evitando traslados arbitrarios que dificulten el acceso a la justicia.
El miércoles 26, la tercera parada de la ruta fue en la Defensoría del Pueblo, instancia visitada en múltiples oportunidades por los familiares y que, aunque han recibido las comunicaciones ha sido imposible conseguir el pronunciamiento del titular, Alfredo Ruiz Angulo.
“Nuestros familiares han sufrido un conjunto de patrones sistemáticos y masivos de vulneraciones de Derechos Humanos, que van desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y negación del derecho a la defensa y al debido proceso que incluye la asistencia por abogados de confianza y negativas a tramitar y decidir sobre recursos de habeas corpus”, dijo Hiowanka Avila, hermana de Henryberth Rivas, preso político en el Rodeo I.
El documento que nuevamente consignaron exige protección y defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los presos políticos y la intervención y acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
En medio de la protesta, Caleidoscopio Humano obtuvo el testimonio de la madre de uno de los adolescentes detenidos arbitrariamente preocupada por la condición de salud de su hijo.
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La cuarta parada fue en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, donde los manifestantes exigieron el respeto a los derechos humanos de los presos políticos, así como condiciones dignas de detención ajustadas a las Reglas Mandela, que establecen los estándares internacionales para el trato de los prisioneros.
La vocera fue Aurora Silva, esposa del político, Freddy Superlano quien ofreció detalles de lo que hoy viven quienes están tras las rejas solo por pensar distinto políticamente y querer la libertad para Venezuela.
“Ninguno ha cometido un delito, exigimos hoy poder llegar a una mesa de diálogo con esta institución del Estado, que nos escuchen y puedan tomar acciones pertinentes y cumplir con su trabajo a cabalidad, Venezuela hoy se ha convertido en un claro ejemplo de cómo se puede destruir el Estado de derecho. Estamos sometidos a violaciones, tanto nuestros familiares como nosotros”
El último día, la concentración se realizó en el Ministerio Público, con una serie de demandas fundamentales para garantizar justicia para los presos políticos. Andreina Baduel, Sairam Rivas y Óscar Murillo solicitaron una mesa técnica con familiares para la revisión de los casos, al tiempo en el que se escucharon testimonios y denuncias de violaciones de derechos humanos en situación de privación de libertad y las medidas cautelares con las que se han excarcelados a todas estas personas.
https://x.com/CaleidoHumano/status/1895505144370126996
Andreína Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló que el documento entregado es el octavo desde el mes de julio de 2024.
Sairam Rivas, también integrante del Comité y pareja del activista Jesús Armas, quien está arbitrariamente detenido desde el mes de enero, explicó que el documento entregado al Ministerio Público exige la liberación plena e inmediata de los presos políticos, la autorización de visitas para aquellos que han sufrido aislamiento prolongado, acceso a atención médica, entrega sin restricciones de alimentos y medicinas en las cárceles, condiciones dignas de reclusión y el cese de traslados arbitrarios. Además, solicitó que se hagan públicas las listas de detenidos y su ubicación.
Valeria Somaza, hermana del dirigente político Luis Somaza también arbitrariamente detenido en días pasados informó que el pasado jueves 27 de febrero le confirmaron que su hermano se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
“Fue presentado ante el Tribunal 2 con competencia en Terrorismo siete días después de su detención, y le fue negada la solicitud de contar con un defensor privado”, denunció la familiar.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, resaltó la importancia de que la Fiscalía escuche a los familiares de los presos políticos. “Existen elementos suficientes para que el Ministerio Público establezca una mesa de diálogo con los familiares. No podemos normalizar la incomunicación de los presos con sus seres queridos”.
Entre las peticiones del documento presentado se encuentran:
- Cese del uso abusivo de la Ley Contra el Terrorismo, que ha sido utilizada como herramienta de persecución política.
- La investigación imparcial de abusos, torturas, muertes bajo custodia y otros actos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad.
- La revisión de los casos de los presos políticos, con miras a garantizar que se les otorgue un juicio justo y a revisar las sentencias que pudieran haber sido dictadas de manera arbitraria.
Las últimas excarcelaciones
Las exigencias que buscaron poner fin a la creciente preocupación sobre las condiciones inhumanas de las cárceles venezolanas, al parecer fue la previa para conocer la excarcelación de Ricardo Robles y César Vergara, quienes estaban recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón, y Osman Rubén Pinto Hernández, quien permanecía en el Internado Judicial de Carabobo, Tocuyito. Los tres tenían más de siete meses detenidos por razones políticas, luego de las protestas postelectorales de la elección presidencial de 2024.
Estas personas, aunque fueron detenidos en Yaracuy, los trasladaron a otros estados después de ser presentados ante el tribunal y fiscal nacional correspondientes, a través de audiencias telemáticas. También, se les imputaron delitos de terrorismo y asociación para delinquir.
Antes de las excarcelaciones realizadas hasta diciembre, bajo total hermetismo, ausencia de medios de comunicación y sin declaraciones de los familiares, en Yaracuy había un total de 33 detenidos en el contexto poselectoral: 27 en Tocorón, 5 adolescentes en la Coordinación Policial Juan José de Maya (San Felipe) y 1 mujer en el comando de la GNB, en Nirgua. De estas personas Caleidoscopio Humano pudo constatar la excarcelación de los 5 adolescentes y la de la dirigente política yaracuyana Mónica Martínez, quien fue detenida en Maiquetía y estuvo recluida en La Crisálida.
Las excarcelaciones coincidieron con el anuncio de las 110 nuevas medidas realizadas el 3 de marzo por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de redes sociales. Sin embargo, las cifras no coinciden ya que las del MP alcanzaría las 2006 y las del Foro Penal hasta el 24 de febrero son de apenas 1060 presos políticos encarcelados en Venezuela.
Aunque el comunicado del fiscal Tarek William Saab dice que las medidas se han ejecutado «en el marco del respeto e irrestricta observancia a los principios y garantías que consagra la Constitución», se ha conocido de casos graves de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes contra detenidos arbitrariamente e incluso contra sus familiares.
