De acuerdo con la ONG Foro Penal, tras las manifestaciones poselectorales, 21 abogados fueron privados de libertad. Por lo menos a cuatro de ellos los detuvieron por el ejercicio de sus labores
(18-11-2024) Como «una profesión de alto riesgo» describe Joel García, abogado y defensor de derechos humanos, el ejercicio de la abogacía en la Venezuela de hoy. El jurista alega que la misma situación de riesgo impide que los profesionales del derecho se pronuncien sobre el Estado de derecho, a pesar de ser los más idóneos para ello.
“Todos en Venezuela están en riesgo de ser perseguidos, encarcelados, aun cuando no haya cometido delito. Basta que usted haya sido incómodo o diga algunas palabras incómodas para algún personero, o para el Gobierno, para que usted pueda ser perseguido”, dijo.
Martha Tineo, abogada, defensora de derechos humanos y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, expresó que en los últimos años quienes trabajan en pro de la defensa de derechos humanos son estigmatizados, atacados y criminalizados por el ejercicio de su labor y por atender personas consideradas como presos políticos.
Aparte de lo mencionado anteriormente, los especialistas del derecho pueden sufrir amenazas, persecución y ser víctimas de intimidación por denunciar irregularidades y violaciones de derechos humanos. Tal es el caso del abogado Joel García. Por agresiones relacionadas con su trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en mayo de 2024.
De acuerdo con Foro Penal, tras las manifestaciones postelectorales, hay 21 abogados privados de libertad. Al menos a cuatro los detuvieron por el ejercicio de sus labores.
Uno de los casos más públicos fue el de Kennedy Tejeda. Al abogado del Foro Penal lo arrestaron cuando fue al comando rural de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Montalbán, estado Carabobo, el 2 de agosto. El profesional pretendía brindar asistencia legal gratuita a quienes pudieran haber sido detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones poselectorales.
Suspensiones
Las suspensiones del ejercicio profesional y las multas tampoco quedan fuera de la lista. Recientemente, la abogada María Alejandra Díaz la suspendieron de manera indefinida y la multaron con una suma de 100 euros. Todo por ejercer un recurso de amparo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no publicar de forma desagregada los cuestionados resultados de la elección presidencial del 28 de julio.
La medida contra la abogada la dictó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Una fuente extraoficial explicó que esa sentencia del TSJ “levantó el primer precedente” debido a que la Sala Constitucional “se atrevió” a sancionar con una suspensión del ejercicio profesional a un abogado.
“Y eso puede significar que la Sala Constitucional se atreva a suspender en el ejercicio profesional a otros abogados, aun cuando la Sala Constitucional no tiene esa atribución. Los únicos que tienen esa atribución son los colegios de abogados o tribunales disciplinarios”.
En ese mismo sentido, García manifestó que la ley establece claramente que el tribunal disciplinario es el que puede suspender la licencia de un profesional del derecho. Igualmente, destacó que a un abogado lo pueden suspender en caso de que tenga una sentencia condenatoria.
La fuente extraoficial informó que existen otros casos en los que a los abogados los sancionaron por usar determinadas expresiones en escritos y recursos jurídicos. Palabras como “gobierno ilegítimo”, “gobierno inconstitucional” o expresiones que pusieron en cuestionamiento o contraloría social a las autoridades públicas, especialmente a altas autoridades.
“Las pueden considerar como argumento para decir que uno está generando zozobra, instigando al odio o le está faltando el respeto a la autoridad», dijo la fuente extraoficial.
Vulneración del derecho al trabajo
Otro de los obstáculos que enfrentan los juristas en Venezuela es el libre ejercicio de la profesión. Particularmente si se trata de abogados que intentan juramentarse en casos relacionados con presos políticos.
Foro Penal manifestó en una reciente rueda de prensa que a la mayoría de los detenidos, tras las protestas postelectorales, no se les permite designar abogados de confianza. En su lugar, les imponen defensa pública. Solo en un caso, en el estado Zulia, permitieron la juramentación de un abogado privado, pero por falta de defensor público.
Debido a esta limitación, los juristas deben “medirse” cuando hablan con funcionarios públicos de las distintas instituciones a las que acuden, como el Ministerio Público, tribunales, en El Helicoide y la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando están ante una violación de derechos humanos, como la del derecho a la defensa.
“Evidentemente nosotros quisiéramos decir las cosas de la manera como son. Por ejemplo, en el tema de la juramentación lo que provoca es denunciar a los funcionarios verbalmente. Decirles, ‘mire, usted no está cumpliendo debidamente sus funciones. Está violando los derechos humanos. Están violando el debido proceso’, pero el tema es que eso nos puede someter a un riesgo de detención o algún tipo de represalias”.
Atender a las víctimas
Marta Tineo sostuvo que los profesionales del derecho no están en una posición de ejercicio político-partidista. Dijo que en muchos casos los consideran disidentes u opositores, cuando la labor de los abogados “va más allá de eso”.
“Nuestra posición no es otra que estar al lado de las víctimas, junto con las víctimas, acompañando sus procesos, sus reclamaciones. Denunciando las violaciones de los derechos humanos, intentando restituir las situaciones infringidas. Que se establezca la verdad, que haya justicia y reparación a favor de las víctimas”, concluyó.
La Misión de determinación de los hechos de la ONU manifestó en su último informe, del 17 de septiembre, que el Gobierno de Venezuela incrementó la represión «dramáticamente» en un esfuerzo de «aplastar» la oposición pacífica. El ente destacó que los últimos eventos demuestran una de las crisis de derechos humanos «más graves de la historia reciente».
«Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro», dice el informe.
Tras el 28 de julio, el Foro Penal documentó al menos 1836 detenciones. Entre estas hay casos de mujeres, adolescentes e indígenas, así como personas con discapacidades o enfermedades.
