(16-11-2024) Un alto porcentaje de los más de 1.900 ciudadanos detenidos de manera arbitraria y registrados hasta el momento por una coalición de ONG desde el pasado 28 de julio no son activistas políticos y, en muchos casos, ni siquiera participaban en las manifestaciones del contexto poselectoral cuando quedaron inmersos en la ola de violentos arrestos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra la población civil.
La mayoría de estos hombres venezolanos que hoy se encuentran tras las rejas no tienen tiempo ni espacio para activismo por varios factores comunes: son vulnerables social y económicamente, tienen empleos precarios, son el único sostén del hogar y, en algunos casos, tienen a cargo familiares con discapacidad.
Fueron llevados a la fuerza de sus hogares, de sus lugares de trabajo o en el trayecto a una diligencia, de forma súbita y despiadada y han quedado invisibilizados ante la opinión pública mientras son víctimas de todo tipo de abusos. Han desarrollado enfermedades o visto agravar condiciones médicas previas, registran pérdida de peso alarmante de hasta 30 kilos en muy poco tiempo y padecen el tormento adicional de estar lejos de sus necesitadas familias.
Terroristas, fascistas y traidores son términos que han usado las autoridades para señalarlos en juicios que violentan toda normativa constitucional y el debido proceso, pues además de arrestos injustos han sido víctimas de desaparición forzada temporal, aislamiento de sus familiares, incomunicación, negación a defensores de confianza, así como torturas, tratos cueles, inhumanos y degradantes. Una rutina de vejaciones que comparten con los casi 60 menores de edad y más de 200 mujeres que se calcula siguen en prisión.
En medio de la crisis de conflictividad que implica manejar un escenario en el que la cantidad de presos políticos se habría sextuplicado a partir de la realización de los últimos comicios presidenciales, la demanda desbordada de las ONG venezolanas ha incluido alertar sobre el hecho de que a estos ciudadanos también se les ha forzado a firmar hojas en blanco con su huella dactilar con el propósito de forjar declaraciones por delitos que no cometieron, incluido el de terrorismo, el cual según la legislación venezolana acarrea la pena máxima de 25 a 30 años de prisión.
Foco en la documentación
De acuerdo con órdenes presidenciales, las cárceles de Tocorón (Aragua) y Tocuyito (Carabobo) han sido convertidas en “centros de reeducación” para recluir a la mayoría de estos hombres bajo condiciones precarias e insalubres. Ante el estado de indefensión y pánico en el que se encuentran sus familiares, amedrentados y amenazados para que no denuncien sus historias y con muy poca o ninguna información sobre sus allegados, se hace sumamente compleja la documentación de rigor.
Sin embargo, y al presente, JEPVzla ha podido incorporar a sus registros más de 40 casos de miembros de la sociedad civil detenidos días posteriores a las elecciones del 28 de julio sin ningún tipo de vínculo con el activismo político, incluidos menores de edad, entre los 14 y 17 años.
La importancia en el seguimiento de la condición de las víctimas, así como en el cuidado, orientación y acompañamiento que se le pueda ofrecer a sus familiares, cobra sentido exponencial a partir de la publicación del reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y sus conclusiones detalladas con base en 19 casos ilustrativos, trabajados y analizados en profundidad a lo largo de 185 páginas.
En la sección sobre crimen de persecución, en su párrafo 856, el documento refleja un punto crucial que además coincide con uno de los temas que investiga la Corte Penal Internacional en La Haya. “La Misión considera que en la República Bolivariana de Venezuela el crimen de persecución fundada en motivos políticos está configurado por una serie de conductas, algunas de cuales constituyen en sí mismas crímenes de lesa humanidad (tales como la encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física) y otras que son privaciones de los derechos fundamentales (tales como el derecho a participar en los asuntos públicos y las libertades de expresión, asociación y reunión).
Todas esas conductas violan los derechos a la libertad y seguridad personales, a la integridad personal, al debido proceso, a ser tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, así como el derecho a ser iguales ante la ley y a la igual protección de ésta sin discriminación. En su conjunto, todas estas privaciones de derechos alcanzan el umbral de gravedad requerido por el derecho penal internacional para configurar el crimen de lesa humanidad de persecución”.
La cantidad de presos políticos que se ha registrado actualmente en Venezuela no sólo representa el número más alto en 25 años de revolución bolivariana, sino que supone la cifra más alta de toda la región. Ante la incertidumbre de que la persecución, los arrestos y las condenas sigan en aumento debido a la fuerte y constante represión ejercida por el Estado para criminalizar a cualquier actor de la sociedad civil, se hace cada vez más necesaria la documentación de las voces más anónimas y desprotegidas en aras de que los mecanismos de acción internacional desde los más altos estándares mantengan su atención en la aplicación de justicia en Venezuela.
