Al menos dos, de los siete menores de edad pasados a juicio, han manifestado intenciones suicidas, por la situación que enfrentan
(04-10-2024) En audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, pasó a juicio a siete menores de edad, entre 15 y 17 años. Están acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad durante las protestas surgidas en el país a raíz de los resultados electorales.
Este es el segundo grupo de jóvenes, menores de 18 años, que es pasado a juicio en Carabobo. Dos adolescentes recibieron la decisión judicial el pasado viernes.
La audiencia preliminar inició cerca de las 2:00 de la tarde de este miércoles. Los familiares estaban esperanzados en que, tras 62 días y luego de las pruebas que consignaron ante la defensoría pública, incluidas constancias de estudio y deportivas y cédulas de testigos, pudieran salir del Palacio de Justicia de Carabobo, en Valencia, con sus hijos.
Esto no ocurrió. Los siete recibieron una oferta de la jueza: Se declaran culpables y sólo pagarán una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales. De lo contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los 10 años que pidió la fiscalía para los menores de edad. Ninguno aceptó, por lo fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios.
Torturas para obligarlos a declararse culpables
Estos siete jóvenes, entre los que hay una niña de 16 años, tienen varias cosas en común. Fueron detenidos en distintas horas entre el 29 y el 30 de julio y están recluidos en comandos policiales de Valencia y Libertador. La defensora pública es Kelly Pérez y todos fueron torturados en los centros policiales a los que fueron enviados tras su detención, según declaración de sus familiares.
Todos grabaron un video en el que admitían que les habían pagado 30 dólares por salir a la calle a protestar. Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó.
Este miércoles, cada uno de ellos participó en la audiencia preliminar telemática, encabezada por la jueza Keidimar Ramos Castillo. Primero intervino el fiscal para presentar los delitos por los cuales debían ser imputados y pedir una condena, tras el juicio, de 10 años. Algunos niños suplicaron por su libertad, pero la jueza no los escuchó.
Una defensoría pública que no defiende
Luego le correspondía el turno a la defensora pública, Kelly Pérez, cuyas intervenciones no alcanzaban los dos minutos. Los familiares creen haberla escuchado cuando susurraba la petición de revisión de medidas cautelares. Esta funcionaria no consignó ante el juzgado todos los documentos que cada padre le entregó para demostrar la inocencia de sus hijos y su condición de estudiantes o deportistas, según les informó la jueza durante la audiencia. «La defensa no promovió nada», dijo Ramos.
Posteriormente la jueza negaba la petición de la defensora y anunciaba el pase a juicio. La frustración de los padres se hizo presente, no tener derecho a la defensa incrementa la impotencia.
Hoy se arrepienten de no haber denunciado todas las violaciones al debido proceso que enfrentan sus hijos. La primera, una audiencia preliminar realizada 62 días después de la detención y no 10, como establece la ley. Lo hicieron porque pensaron que, por tratarse de menores de edad, habría menos ensañamiento. La realidad hoy es otra.
Dos de estos menores han manifestado intenciones suicidas. No entienden por qué están viviendo esta situación y sus niveles de tolerancia están superando sus propios límites.
Un expediente desconocido el de los menores de edad detenidos
Los padres nunca han podido ver el expediente de sus hijos. «Hemos solicitado el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal si ellos son menores de edad y nosotros somos parte del proceso?», se preguntan.
Es tanta la irregularidad que algunos números de cédula en el acta policial estaban mal escritos. «Dónde está el derecho a podernos defender con abogados privados. Ni siquiera hemos podido ver qué delitos le están imputando a nuestros hijos».
Un futuro en riesgo
A mi hijo lo detuvieron en una cancha en la que jugaba béisbol, tenía 15 años, cumplió los 16 en agosto y ni siquiera pude abrazarlo. «Los vecinos grabaron el momento de la detención y se ve cuando lo tienen en el piso dándole patadas, después lo levantan y él sale corriendo, entonces el policía dice mátalo, mata al de gorra y mi hijo grita soy menor, soy menor», relató una madre.
«Y aquí estoy yo -prosigue la mujer-, teniendo esa pequeña esperanza de que le dieran una medida cautelar porque mi hijo tiene apoyo familiar. Pasó para quinto año de bachillerato, es prospecto del béisbol, este año venían de los grandes equipos a verlo. Tenemos todas las atenuantes para que les otorgaran una cautelar que le permitiera seguir con sus estudios y su vida. Ellos son inocentes, ellos no han hecho nada».
Esta madre pasó la semana comprando los útiles escolares porque estaba convencida de que le otorgarían la medida cautelar y podría iniciar el quinto año de bachillerato. «Tenía la esperanza de que me lo entregaran para llevarlo al colegio. El está deprimido, cada vez que me ve me dice: ¿Mamá pero por qué yo estoy aquí si yo no he hecho nada? Él es un niño, tiene tanta depresión que no se quiere ni bañar, yo le llevo la comida y la regala porque no quiere comer», cuenta entre lágrimas.
Ella va tres veces al día al comando a llevar comida, camina una hora y media desde su casa hasta el centro de reclusión. «No puedo trabajar, no como, no duermo, porque no tengo vida, porque mi hija y yo estamos presas, igual que mi hijo».
Menores de edad, deportistas y músicos
Otro de los menores de edad pertenece a la Asociación de Tenis de Mesa. Quedó seleccionado para representar a Carabobo en los juegos juveniles. Su madre consignó ante la defensora pública todos los documentos que certificaban estos hechos, los cuales ahora no aparecen, según lo confirmó la jueza en la audiencia telemática.
Otro de los jóvenes tiene 16 años y es músico, compone canciones. Fue detenido junto a un amigo en Prebo, caminando hacia su casa luego de ensayar una nueva composición. En la audiencia se dijo que él había sido detenido frente al Fuerte Paramacay. «Eso es falso», dijo su madre. Según las actuaciones, a estos menores los detuvieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pero su madre asegura que quienes los apresaron fueron policías de Carabobo.
«No quiero seguir así»
Otro caso dramático es el de la joven de 16 años detenida la noche del 29 de julio en Naguanagua. Había ido a comer perros calientes con otros tres amigos cuando los vieron unos hombres encapuchados que los llevaron al Fuerte Paramacay. Un hombre vestido con uniforme militar le dijo que si se acostaba con él le daba la libertad. Al no lograr el cometido, se apoderó del teléfono de la joven, quien fue golpeada y obligada a grabar un video acusando a la hermana de María Corina Machado. «Mi hija tenía pestañas postizas y se las arrancaron».
«Con las costillas y brazos golpeados la metieron en un cuarto lleno de piedras, junto a otros detenidos. Duró tres días sin comer ni tomar agua. Hoy está junto a mujeres mayores de edad presas por diferentes delitos, que la han golpeado. Una vez intentó suicidarse y hace unos días me dijo que está cansada de estar allí, que no quiere seguir así».
Su madre también la inscribió en el colegio, con la esperanza de libertad que tuvo hasta este miércoles.
Las audiencias continuarán esta semana. Si todo sigue como hasta ahora, la suerte de los adolescentes detenidos, en manos de la jueza Keidimar Ramos Castillo y de defensores como Kelly Pérez, no da pie a la esperanza.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón se solidarizó con estas familias y condenó la indolencia con estos jóvenes, a quienes se les ha privado de su libertad por dos meses. «Exhortamos a las autoridades del sistema de justicia a revisar estos casos, haciendo valer las garantías al debido proceso y el respeto a sus derechos humanos. Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido delito alguno sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y futuro».
