Jhosgreisy Hernández/Caleidoscopio Humano

La pandemia ha profundizado los problemas que millones de venezolanos vivían desde antes, acelerando así la inconformidad, los riesgos y las denuncias ante el Estado y el apoyo colectivo al frente de situaciones que irrumpen en lo que es normal o correcto.

Las redes sociales fueron el medio -como muchas otras veces-, por el cual se hizo público el caso de Angie. Una niña que con tan solo 16 años sufrió uno de los peores ataques contra las mujeres y la dignidad humana. Fue secuestrada y abusada sexualmente por tres hombres, quienes, aprovechándose de su condición de discapacidad mental, la mantuvieron cautiva durante tres días.

Angie estuvo en manos de sus captores desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de marzo del 2021 en una vivienda, de un sector popular en el estado Falcón, al noroccidente de Venezuela, sin embargo, esto se conoció solo a través del medio de comunicación digital Enlabajaita, que en sus redes sociales denunciaba que José Gregorio de 42 años de edad, Alejandro José de 20 años y José Ángel de 46 años fueron los autores del crimen contra Angie; y que además, estas personas podrían quedar en libertad.

Al mismo tiempo, reiteradas denuncias se realizaron por usuarios de plataformas digitales, y fue entonces cuando el grupo de división, búsqueda y captura del Servicio de Investigación Penal del estado Falcón (SIPEF) realizó un operativo en el que encontraron a la víctima.

A fin de corroborar las denuncias en los medios digitales, Caleidoscopio Humano contactó a la directora de contenido del portal web Enlabajaita, quien expuso que el pasado viernes 26 de marzo serían presentados ante la fiscalía los victimarios de la adolescente, sin embargo, afirmó que no ha existido contacto con quienes asistieron a la audiencia ese día.

Vulnerabilidades que se profundizan

Para Angie, el calvario no terminó después de estar tres días con sus captores, usuarios en redes sociales denunciaron que los responsables de llevar el caso, querían ignorar lo sucedido y dejar en libertad a los sujetos señalados del hecho.

En Venezuela, a lo largo del último año se han incrementado las denuncias de las mujeres ante el acoso callejero y la persecución contra ellas, llevando a que Organizaciones No Gubernamentales y representantes de la sociedad civil enciendan sus alarmas ante este creciente flagelo.

Las ONG se han dado la tarea de concientizar y exigir al Estado que tome medidas urgentes ante situaciones como estas y que, a su vez, forme correctamente a los cuerpos de seguridad e investigación para tratar como corresponde a las víctimas. Sin embargo, por el contrario de lo que la población desearía, no existen cambios significativos.

La impunidad se ha convertido en una característica del sistema judicial venezolano, está plagado de injusticias y el Estado no se encuentra preparado para actuar de manera adecuada ante hechos como el ocurrido a Angie. Ante la falta de respuestas, la sociedad coloca en duda el trabajo de quienes imparten justicia en Venezuela.

Esa misma justicia se ha encargado de señalar, revictimizar y absolver al agresor.

En Venezuela, es cada vez más común presenciar o conocer sobre historias de acoso, secuestro, violaciones y feminicidios. Estas cifras, al igual que las del Covid19, no se detienen. El Estado debe garantizar seguridad y hacer cumplir las leyes sobre las 3 personas que cambiaron la vida de Angie y de su familia. Es urgente que la sociedad también exija al Estado justicia por Angie y por las cientos de mujeres que todos los días son víctimas a la sombra de un sistema cómplice e indiferente.