Nota de Prensa
(03-05-2024) Luego de la propuesta realizada por los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Lula de Silva (Brasil), sobre una serie de garantías políticas y en derechos humanos que deberían cumplirse posteriormente a las elecciones del 28 de julio de 2024, 90 organizaciones sociales y de derechos humanos de Venezuela expresaron su opinión sobre cuáles deberían ser las condiciones a cumplirse para posibilitar una transición a la democracia en el país.
A diferencia de quienes han planteado que las elecciones venezolanas no necesitan “injerencias externas”, las organizaciones firmantes reivindican el acompañamiento internacional, tanto en Misiones de Observación Electoral con protocolos técnicos e independientes, como en las diferentes dimensiones de la recuperación de la institucionalidad democrática en el país, que incluye especialmente la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos.
En segundo término las organizaciones ratifican que la no discriminación, especialmente por razones ideológicas, es una de las esencias de la democracia. Todas las formas de activismo político, enmarcados en la Carta Magna, incluyendo las opciones que quieran seguirse denominando como “bolivarianas” o “chavistas”, quedarán protegidas por la reinstitucionalización de la democracia en Venezuela y por las garantías para el ejercicio y disfrute del conjunto de sus derechos humanos, inclusive de los derechos civiles y políticos.
Seguidamente, en contraposición a quienes han planteado que la impunidad debe ser un incentivo en la mesa de negociación política, las organizaciones señalan que la reforma del actual sistema de justicia, uno de los desafíos medulares de la recuperación de la democracia, permitirá a todas las personas señaladas por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos ser juzgadas con estricto respeto del debido proceso y su derecho a la defensa.
Para las organizaciones que suscriben la comunicación Venezuela puede volver a ser una democracia modélica en la región, donde el acceso a la justicia y el combate a la impunidad, tanto en delitos como en violaciones a los derechos humanos, sea su norte.
