(16-02-2024) Defensores y activistas de derechos humanos protestaron el pasado miércoles frente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Venezuela, para denunciar la desaparición forzada de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel y varios de sus familiares.
San Miguel fue detenida arbitrariamente, junto a su hija, Miranda González, el pasado viernes 9 de febrero, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a viajar.
“La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y una grave violación de los derechos humanos; Rocío San Miguel y su familia están siendo víctimas de esto. Le preguntamos al Fiscal (Tarek William Saab) ¿por qué Rocío no fue presentada antes de las 48 horas? ¿Por qué no se dijo en dónde la tenían detenida? A ella no se le respetó su derecho al debido proceso y las garantías a su defensa privada”, expresó Lexys Rendón, directora de la ONG Laboratorio de Paz.
Los cargos que le imputó el Ministerio Público a San Miguel, fueron «traición a la patria», «conspiración» y «terrorismo», similares a los que han enfrentado otros activistas en Venezuela, y han sido denunciados por ella misma en el pasado.
Mientras que a su exesposo, Alejandro José González Canales, que se retiró de la Fuerza Armada con el rango de coronel, se le sindica por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Laura Louza, coordinadora de Acceso a la Justicia, aseguró que lo “más grave” de la detención de la defensora es “el ataque a su familia, a su hija, el padre de esta, su exesposo y sus dos hermanos”.
Recordando que el artículo 44 de la Constitución venezolana establece: “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza”.
Luego de estas declaraciones, la noche del mismo miércoles, el abogado y defensor de DDHH, Joel García, informó a través de sus redes sociales que la vivienda de San Miguel, en donde se encontraba su hija Miranda, estaba siendo allanada por funcionarios de la DGCIM.
Horas después, García, detalló al portal digital El Pitazo que los funcionarios incautaron cerca de 20 mapas de Venezuela con diferentes zonas estratégicas o de seguridad que datan de los años 1900, durante el allanamiento a la casa de la abogada, experta en temas militares.
Desde Caleidoscopio Humano reiteramos la denuncia de la desaparición de Rocío San Miguel y exigimos al Estado venezolano el respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso.
