Tras un posible restablecimiento de las sanciones para el comercio de petróleo y gas por parte de EE. UU., el gobierno venezolano amenazó con no recibir más vuelos de repatriación
(03-02-2024) Desde que, en 2015, la crisis económica y social en Venezuela se acentuó, cerca de 8 millones de venezolanos decidieron abandonar el país en busca de calidad de vida más allá de las fronteras.
La migración venezolana, producto de la Emergencia Humanitaria Compleja y la crisis de derechos humanos que se vive en el país, ha sido catalogada como el éxodo masivo de mayor magnitud de un país que no se encuentra en ningún conflicto armado.
Muchos de estos migrantes se establecen en países cercanos a Venezuela: Colombia, donde viven más de 2 millones 875 mil venezolanos, convirtiéndolo en el país con más presencia de migrantes y refugiados venezolanos, le siguen Perú (1.5 mm), Brasil, Ecuador y Chile.
Estados Unidos es otro de los países a los que ha migrado un importante número de venezolanos, muchos lo hacen por pasos irregulares después de atravesar toda Centroamérica a través de la Selva del Darién.
Al ingresar a EE. UU. de forma irregular, muchos migrantes se enfrentan a un proceso de deportación a México, Colombia o a la misma Venezuela, de la cual huyeron con la esperanza de un mejor futuro.
Llegar a un país nuevo tampoco es fácil, y muchos migrantes deciden, de forma voluntaria, retornar a Venezuela.
Para garantizar un retorno más seguro y ordenado, en octubre de 2023, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron que empezarían con vuelos de repatriación.
En ese momento, autoridades venezolanas afirmaron que a través del programa ‘Vuelta a la Patria’, destinarían los recursos necesarios para la atención de los venezolanos repatriados.
A poco más de 3 meses, el panorama es distinto y, ante la posibilidad del restablecimiento de las sanciones por parte de EE. UU. debido a la inhabilitación de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, el gobierno de Venezuela amenazó con suspender los vuelos de repatriación, dejando en evidencia que la migración venezolana está siendo utilizada como moneda de cambio.
Para Ana María Diez, presidenta de la Coalición por Venezuela, el gobierno de Venezuela utiliza a los migrantes “como fichas de negociación política”.
“El gobierno ata los mecanismos de repatriación de los venezolanos que se encuentran en una situación humanitaria bastante precaria, o que desean, por voluntad propia regresar al país, a los acuerdos firmados en Barbados, cosa que no debe ser así”, afirmó.
Agregó, Ana María Diez, que el derecho a regresar al país propio o repatriación voluntaria se encuentra dentro de todo el esquema de protección internacional, incluyendo la Declaración Universal de Los Derechos Humanos que, en su artículo 13 numeral 2, establece que ‘toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país’; “en este sentido, cuando Delcy Rodríguez anuncia que serían pasados a revisión estos mecanismos de cooperación y de retorno asistido o de repatriación de venezolanos, se estaría violando el derecho humano universal de las personas a regresar a su país”, apuntó.
En ese mismo sentido, Francisco D´Angelo, director legal de VeneMex, “es una tragedia que tengamos 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Siendo la migración más grande de un país que no está en guerra. Es mentira que las sanciones son las culpables de los problemas que tiene Venezuela, el problema es que se han robado más de 300 mil millones de dólares, han destruido la plataforma industrial, a PDVSA y las instituciones”.
D’Angelo aseguró que las declaraciones de Delcy Rodríguez demuestran cómo el gobierno venezolano ha utilizado la migración como una forma de presión hacia Estados Unidos.
Lo mismo ocurre con los privados de libertad por razones política
Francisco D´Angelo recordó cómo, esta práctica de intercambio, se ha hecho común entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden.
“El pasado 20 de diciembre del 2023 fue liberado Alex Saab, quien estuvo preso en EE. UU., acusado de lavado de dinero, entre otros cargos. Saab fue liberado a cambio de 21 personas apresadas ilegalmente en Venezuela, 8 ciudadanos norteamericanos y 13 venezolanos, entre ellos un grupo de 6 sindicalistas que protestaban por derechos laborales en 2023 y que fueron sentenciados a 16 años de cárcel y Roberto Abdul miembro de la ONG Súmate”, dijo D´Angelo.
Algo similar a lo que ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando el gobierno estadounidense liberó a Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa del mandatario venezolano, Cilia Flores, acusados de narcotráfico. En esa oportunidad, el intercambio fue por 7 ejecutivos de la empresa CITGO.
En ambos casos, tanto con los vuelos de repatriación como en la liberación de los presos políticos, el gobierno venezolano, responsable de la crisis, utiliza a las víctimas, dentro y fuera del país, como objetos de negociación, violando su dignidad y, por tanto, sus derechos.
