03/06/2023. Fuente: Tal Cual
El Observatorio Convivium, que forma parte del Centro de Investigaciones Populares, señala que la ocupación del sistema comunal se da por sentido de ocupar territorio. 89% de los encuestados en 16 estados señalaron la existencia de la estructura de los CLAP en sus comunidades. «Hay una lucha permanente entre el espectro comunitario y comunal», señaló Mirla Pérez, directora del CIP
Comunidades asediadas por la dominación del sistema comunal, los avances de las bandas armadas y las secuelas de una emergencia humanitaria compleja. Esos fueron los resultados encontrados por el Observatorio Convivium, que forma parte del Centro de Investigaciones Populares (CIP), durante la elaboración del reporte «Vivir en Venezuela 2022».
El informe, elaborado a partir de 638 entrevistas en 16 estados del país y que analizó las dinámicas comunitarias en zonas populares, señaló que existe una «lucha permanente» y una clara diferencia entre lo comunal y lo comunitario, éste último que sobrevive a través de las tradiciones, sistemas de convivencia y vecindad.
«El sistema comunal ha ido imponiéndose y se maneja bajo la lógica de la dominación. La violencia no necesariamente tiene que ser una guerra, violencia es coaccionar por una caja, por un bono», señaló Mirla Pérez, socióloga y directora del Centro de Investigaciones Populares.
Debido a estos enfrentamientos, Pérez considera que es difícil hablar de una nación unificada, «estamos viendo un territorio fragmentado» con realidades diferenciadas en cada región.
La también doctora en Ciencias Sociales destacó que la penetración comunal se da por sentido de ocupación. Al consultar dentro de las comunidades sobre la presencia de las estructuras del poder comunal, una idea que se impulsa desde el gobierno del expresidente Hugo Chávez, los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) están presentes en 89%.
Los CLAP, el programa de alimentos subsidiados creado por la administración de Nicolás Maduro en 2016, no son bienvenidos en las comunidades. 93% de los consultados afirmó que quiere resolver por su cuenta el tema de alimentación, mientras que 43% expresó que prefiere resolver por su cuenta pero se ve obligado a recibir el CLAP debido a que no tiene suficientes ingresos para garantizar la dieta de todo su núcleo familiar. Solo 7,3% manifestó que prefiere recibir el CLAP.
«Con esto se desmitifica el tema que las comunidades son flojas y quieren ser sostenidas por el Estado. No, quieren tener trabajo y una bonificación que les permita comprar los alimentos que deseen», destacó Pérez.
81% de las comunidades reportan la presencia de consejos comunales, poco más de 50% de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), y 14% las Redes de Articulación y Acción Socio Política (RAAS), una estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Comunidades se «resetean»
Los problemas desencadenados por la emergencia humanitaria compleja y la crisis de los servicios públicos no detienen a las comunidades, que se «resetean» todos los días para resolver sus dinámicas particulares, encontró el Centro de Investigaciones Populares.
La mayoría (63%) opta por resolver sus problemas de forma individual, mientras que 20% recurre a reuniones comunitarias o soluciones vecinales. 8% ve la protesta como una forma de encontrar una solución a la crisis de servicios y solo 3% se apoya en los CLAP o consejos comunales para lograr una respuesta.
Por ejemplo, 36% afirmó que resuelve por vías autónomas la escasez de gas, ya sea con cocinas eléctricas o pagando las bombonas con sobreprecio. 63% resuelve directamente sus problemas relacionados a electricidad.
En cuanto a salud pública, 30% acude a hospitales públicos pero la mayoría se ven obligados a recurrir a otras fuentes (familia directa, potazos, aporte de personas fuera del país) para poder ser atendidos.
Respecto a la dinámica migratoria, las razones socioeconómicas y de trabajo son los principales motivos esgrimidos para irse del país. 86% de las personas indicó que tiene uno o más familiares fuera de Venezuela. Colombia, Estados Unidos y Perú siguen como los principales destinos de la migración venezolana.
La situación de niños, niñas y adultos mayores respecto a la migración es similar. Cada entrevistado dijo tener conocimiento de al menos cinco niños o adultos mayores que fueron dejados atrás.
En el caso de niños y niñas, 65% quedan a cargo de los abuelos, pero los adultos mayores quedan sin una estructura familiar cercana para sostenerse. 47% de adultos mayores que están solos dentro de las comunidades se valen de ayuda vecinal, remesas y algunos obtienen recursos a través de bonos o mendicidad.
El Centro de Investigaciones Populares también analizó el despoblamiento y se determinó que, de las personas que migran, 61% dejó sus casas solas, lo que conlleva a un riesgo de invasión o de ocupación ilícita. Estas propiedades que van quedando abandonadas también son tomadas por delincuentes para sus actividades.
Infancia en peligro
El Centro de Investigaciones Populares hizo hincapié en la situación de niños, niñas y adolescentes debido a la implementación de los «horarios mosaico» en las escuelas. En la mayoría de las comunidades se reportó que solo están dando clases dos días a la semana.
«Esto pone en peligro todo el sistema educativo y nuestros niños están en la calle. ¿Qué hacen los niños en la calle? 33% dice que juega, pero también hacen travesuras, delinquen. Pasan a formar parte de la red de observadores y pasan a formar parte de las bandas delincuenciales», señaló Mirla Pérez.
El hecho que el niño y adolescente estén en la calle los hace un grupo vulnerable, reiteró la socióloga. El Centro destacó que la edad mínima de captación en bandas era 10 años, pero en algunas comunidades esa brecha se redujo a los 8 años.
«Incluso estos niños pequeños son sometidos a castigos crueles cuando no cumplen su función dentro de estas bandas o denuncian que fueron empujados a ellas», destacó la investigadora.
Otra cuestión que destacó el Centro es la utilización de la educación pública y sus instituciones como «instrumentos de dominación política». 81% de los encuestados reportó que las escuelas públicas han sido utilizadas con fines políticos. «Los políticos oficialistas se amparan en estas instituciones para anclar el aparato comunal», señaló Pérez.
Inseguridad presente
La inseguridad es otra de las cuestiones evaluadas por el Centro de Estudios Populares. El sociólogo Jesús Flores señaló que 62% de los consultados dijo que percibe situaciones de inseguridad dentro de sus comunidades. En un mayor porcentaje se denuncias los robos, consumo y tráfico de drogas y extorsiones, que ocurren mayormente a pequeños comercios, como los motivos de inseguridad en zonas populares.
La estructura del pranato también está presente en las comunidades (16%), así como el dominio de las bandas armadas (28%), que poco a poco van sumando territorios para conseguir mayores rentas.
También hay una percepción de que los cuerpos de seguridad cometen estos mismos delitos. 18,4% de los consultados dijo que policías cometen abusos de autoridad, mientras que 7,8% aseguró que efectivos de la PNB participan del tráfico de drogas y extorsiones.
Otra cuestión que destacó el Centro es que, así como los niños, las adolescentes tienen una función particular de informantes dentro de las bandas armadas. También hay mujeres que se incorporan a las bandas como figuras de poder. En el barrio San Agustín, al oeste de Caracas, pudieron identificar una mujer pran.
Flores resaltó que «al no haber intencionalidad de parte del Estado de ponerle límites y controlarlo, es un tema que va a seguir creciendo por el control de la sociedad».
