Por Nataly Carvajal/Caleidoscopio Humano
(30-04-2023) En Venezuela, durante los últimos años, las personas se han visto sometidas a mecanismos que, desde el Estado, se han implementado con el objetivo de mantener el control social de la población.
La Emergencia Humanitaria Compleja, que atraviesa el país desde el año 2015, se dimensiona en las carencias significativas de alimentación, salud, educación, seguridad y servicios públicos, situación que conlleva a que millones de personas dependan de programas de gobierno para la obtención de beneficios.
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Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
Por un lado, se encuentran los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), política que surgió desde el Estado venezolano ante la escasez de alimentos. En el año 2016 el presidente Nicolás Maduro anunció de forma oficial la creación de esta figura, como una estrategia para reorientar el desarrollo de la Misión Alimentación.
Esta política social se implementó con la finalidad de garantizar a la población venezolana el acceso a productos de la cesta básica a precios más accesibles en comparación con otros disponibles en el mercado.
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Aunque en el país ya no se presenta la misma escasez de alimentos como la de los años 2016- 2019, sí existe la pulverización del poder adquisitivo y precarización de los sueldos de millones de trabajadores, sobre todo del sector público, esto hace que la mayoría de hogares venezolanos vea en las cajas Clap, como una de las pocas opciones para alimentarse.
Si bien los precios son bastante económicos, al no costar más de 1 dólar americano, el problema radica en que estas cajas no cumplen con los requerimientos nutricionales que necesita una persona para satisfacer sus necesidades alimentarias, por lo contrario, estos mercados carecen de productos proteicos y vegetales, la mayoría de las provisiones que le componen son carbohidratos.
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Asimismo, no a todos los hogares venezolanos llega la caja CLAP, en algunas zonas jamás lo reciben, y en otras no llega de forma periódica. Pueden pasar meses sin acceder a estos alimentos subsidiados. Igualmente, varios usuarios han presentado denuncias del mal estado en el que llegan muchos de los productos.
Mientras tanto, los índices de desnutrición en Venezuela han aumentado, comprometiendo la vida y posibilidad de desarrollo de gran parte de la población.
La desnutrición infantil es alarmante. De acuerdo con un estudio realizado durante los primeros cuatro meses del 2022 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alrededor de 3200 niños y niñas menores de cinco años fueron diagnosticados con desnutrición aguda en el país.
En consecuencia, esta situación compromete significativamente el capital humano, incidiendo en el desarrollo y desempeño físico y cognitivo futuro de las personas en capacidad productiva, limitando de esta manera el progreso del país.
El Estado debe velar porque se dignifiquen las condiciones salariales de los trabajadores venezolanos, garantizar que las personas perciban salarios suficientes para decidir de forma voluntaria qué comprar, y que puedan acceder a productos de calidad donde no se vea limitado el consumo de alimentos, para así obtener una nutrición balanceada y acorde a los requerimientos de cada persona.
Las políticas sociales son necesarias para disminuir brechas de desigualdad social, pero si estas no se implementan de la forma adecuada, no solo seguirán existiendo las asimetrías, sino que se profundizará y dará continuidad a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y, por tanto, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
