Este martes se concentraron jubilados y personas con discapacidad frente a la sede de Ipasme en Caracas. En el grupo había trabajadores a la espera de reenganche, que llevan meses sin cobrar salario.
(21-07-2022). Trabajadores jubilados han convertido la indignación de las bajas pensiones en su móvil para salir a las calles cada semana. El oeste de la ciudad es el escenario de las manifestaciones. La última ocurrió este martes 19 de julio en la esquina Corazón de Jesús frente a la sede del Instituto de Prevención y Asistencia social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme).
El motivo de la concentración es que finalmente sea derogado un instructivo que rige la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) –aplicado desde marzo de este año–. Los jubilados ven “una luz detrás del túnel” luego de que la semana pasada la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitiera dos demandas que buscan anular este instrumento.
“Este es un instrumento que desconoce los acuerdos en materia laboral. Pensamos que ese instructivo no debió haber existido porque nos cercena todos los derechos a los trabajadores, tanto activos como jubilados”, dijo Luis Cano, coordinador de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) a Crónica.Uno.
Las demandas admitidas por el TSJ fueron hechas por la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente, Universidad Politécnica Experimental, Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad de Los Andes.
Las casas de estudio pidieron en su momento que este instructivo fuera declarado nulo porque viola derechos humanos, la autonomía universitaria y la progresividad e intangibilidad de los derechos laborales.
“Este instructivo es aplicable a los compañeros de todos los sectores, de Pdvsa, de salud, empleados públicos. El hecho de que ya lo hayan admitido es para nosotros como una lucecita detrás del túnel. Ahora lo que pedimos es que lo eliminen porque nunca debieron haberlo implementado”, apunta Cano.
Los jubilados que ganan 22,80 dólares al mes, al igual que lo que percibe un trabajador activo por salario mínimo. Llevan meses exigiendo en las calles que las condiciones laborales sean mejoradas, pues en los seguros sociales no cuentan con atención médica y lo que ganan al mes no les permite costear alimentos o medicinas.
Este martes en la manifestación también estuvieron presentes personas con discapacidades, que exigen mayor atención por parte del Estado, pues su situación es aún más delicada.
Luis Betancourt, una persona con discapacidad visual, está a la espera de su reenganche desde hace un mes. A pesar de que ganó el caso en la Inspectoría del Trabajo no ha conseguido que la medida sea ejecutada.
“Como sobreviviente exijo mi reincorporación al sistema laboral ya que yo fui suspendido el año pasado por un accidente laboral cuando caí por el hueco de un ascensor”, cuenta Betancourt a Crónica.Uno. El trabajador no recibe salario desde diciembre del año pasado.
Antes del accidente trabajaba como ascensorista en el Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti de Cotiza. Ahora el abogado le dice que esos casos están parados, que suspendieron los reenganches y que no hay abogados.
«Yo soy padre de familia, de mí depende una niña de 11 años. Lo que hago ahorita es magia para poder sobrellevar las cosas y comer”, dijo Betancourt.
Luis Cano, también del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados Pensionados, señala que el instrumento afecta las primas por antigüedad; si en el pasado se calculaban sobre un porcentaje del 80 %, con este quedaron en 30 %.
Pero hay otros problemas que atraviesan los trabajadores como la falta de la entrega del bono recreacional. Además, Cano indicó que hasta la fecha los educadores no han recibido el bono de vacaciones que debían cobrar la primera semana de julio.
“Queremos que el gobierno de una vez por todas derogue ese instructivo de la Onapre, que lo elimine porque es una herramienta que, de alguna manera, de forma sistemática nos está cercenando todos nuestros derechos, que nos costaron 30 o 40 años de lucha. Esperemos de verdad que eso se elimine y que no nos sigan cercenando nuestro poder adquisitivo”, concluyó Cano.
