Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, no duda que la Ley de Cooperación Internacional busque desde la AN, materializar una política de Estado de silenciamiento a la sociedad civil y a distintas figuras de contrapeso, como es el caso de las universidades y los sindicatos
(14-06-2022) Abril sin duda alguna marcó un nuevo momento de tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y las Organizaciones No Gubernamentales, al reaparecer en el tablero político un nuevo mecanismo para desestabilizar el funcionamiento de las ONG, luego de que la Asamblea Nacional electa en 2021 comunicara sobre la intención de discutir un proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que más allá de lo que dice su nombre, parece ser más bien un boicot a a la cooperación internacional.
Rafael Uzcátegui es el coordinador genera de Provea una ONG que funciona en Venezuela desde 1988, es decir ha sido una voz crítica y en defensa de los derechos humanos durante muchos gobiernos. Desde su perspectiva considera que esta ley no facilita la cooperación internacional, si no que más bien se convierte en un obstáculo para la solidaridad de las instituciones internacionales que ayudan al desarrollo de los derechos humanos en Venezuela.
La razón principal es que evitan el libre flujo de cooperación internacional, mediante la centralización de los recursos, así como la nueva facultad que tendría el Estado de distribuir de forma discrecional estos recursos de acuerdo con las prioridades del Ejecutivo, cuya finalidad es eliminar o neutralizar una varidad de organizaciones según el concepto que las autoridades tengan de estas ONG y el papel que cumplan dentro de la agenda y qué tan desestabilizadores pueden ser para «la seguridad del Estado».
Uzcátegui no duda que dicha ley busque desde la Asamblea Nacional, ahora de mayoría chavista, materializar una política de Estado de silenciamiento a la sociedad civil y a distintas figuras de contrapeso, como es el caso de las universidades y los sindicatos. «Porque hay diversidad de organizaciones recibiendo recursos».
Cabe destacar que gran parte de las Organizaciones No Gubernamentales en el ámbito nacional reciben dinero del exterior, el cual les permite operar en el país y mantener su hoja de ruta en el tiempo. Uzcátegui puntualiza que de aprobarse la ley, disminuiría la cantidad de dinero que los venezolanos recibirían, en medio de la emergencia humanitaria.
El gobierno no va a poder centralizar esos recursos que existen, porque ellos no tienen legitimidad y están acusados de manejo administrativo irregular».
De acuerdo con el coordinador general de Provea uno de los escenarios plausibles sería que muchas de las agencias que apoyan económicamente a las ONG venezolanas tendrían que destinar sus recursos a otros lugares que tienen igual o más necesidades que los venezolanos. De ahí en adelante aparecerían más obstáculos para las organizaciones. «Esa red de asistencia social podría debilitarse, como es el caso de los comedores o la red de colegios de Fe y Alegría».
El contrataque
Por si fuera poco, la ley promete dar más embates a las ONG, uno de estos serían las sanciones por ser entes desestabilizadores. Uzcátegui destaca de la propuesta de ley que en los artículos 25 y 26 se habla de que cualquier organización que apoye de manera directa e indirecta algún tipo de desestabilización contra el gobierno sería objeto de penalidades como: la eliminación o prohibición de operatividad.
Aunque Uzcátegui es consciente que jamás su intención ha sido desestabilizar gobiernos, sino más bien reflejar las malas práxis gubernamentales como un mecanismo correctivo sabe que que Provea está en la mira de esta ley.
Si bien hemos sido muy críticos con las sanciones sectoriales, también hemos apoyado las sanciones contra individuales. Entonces seríamos objetos de una penalidad por ser una voz crítica. Seguramente por ese perfil tan alto y tener importantes denuncias esto nos colocaría al borde de la ilegalización y sin embargo seguiremos comprometidos a trabajar».
Uzcátegui sabe que estas políticas no son nuevas, recuerda perfectamente el inicio de estos ataques y datan de febrero de 2004, cuando el difunto presidente Hugo Chávez dijo en cadena nacional que las organizaciones de derechos humanos tenían un jefe que estaba en otro país y que recibían órdenes de gobiernos extranjeros, quienes les otorgaban importantes cantidades de dinero para «desestabilizar» al pueblo venezolano. «Él marcó los lineamientos contra las organizaciones», remarca.
Pero, el experto ve entre líneas que el chavismo lo que intenta es un silenciar las denuncias y que estas queden de bajo perfil y dejar a las ONG sin herramientas para acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Miraflores no olvida
Por si fuera poco, el continente latinoamericano, ya tiene un precedente que sirve de marco para el chavismo, este es el caso de Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega, que ha logrado ilegalizar a más de 300 organizaciones. «Hay una mala práctica de reducción del espacio cívico que quiere ser emulada por Nicolas Maduro de cara a lo que puede ser un próximo momento de movilización ciudadana en 2024. Aquí se están tomando iniciativa y decisiones para mantenerse de manera irregular en el poder».
Estas irregularidades no son más que el contraataque del gobierno tras la apertura y avance de la investigación de la Corte Penal Internacional, por presuntos crímenes contra la humanidad, explica Uzcátegui que además considera que el solo hecho del inicio de esta investigación representa un hecho inédito en Latinoamérica, lo cual ha generado un mayor desprestigio para Nicolás Maduro por haber realizado crímenes de lesa humanidad. «Nunca antes la CPI había hecho una investigación formal en estos territorios. Entonces hay unas cuentas pendientes por cobrar por haber activado todos estos mecanismos mediante diferentes vías que han generado una mayor ilegitimidad de desempeño en las funciones de Maduro y su equipo».
Sin duda alguna Uzcátegui ve en las ONG un sinónimo de democracia necesario que sirve para generar bienestar a la población, así como como ser capaces de hacer contraloría social de la acción de las autoridades y sus funcionarios, de igual modo estas instituciones son capaces de llegar a donde el Estado no lo ha hecho, aplicando políticas de alimentación, salud y educación. «Ampliamos las funciones que deberían ser naturales de las autoridades. Entonces una democracia saludable promueve el ejercicio de los derechos de asociación y libertad de expresión y permite un dialogo permanente con la sociedad civil».
