Hace dos décadas, un enfrentamiento entre manifestantes del oficialismo y la oposición cerca del Palacio de Miraflores acabó con la vida de 19 venezolanos, mientras otro centenar resultaron heridos. En esas horas convulsas, donde el gobierno de Hugo Chávez cayó y regresó, quedaron muchos casos sin resolver. El excoodinador de Provea, Marino Alvarado, recuerda a El Diario que de las investigaciones abiertas por los hechos de Puente LLaguno, solo ha reinado la politización y la impunidad. Foto principal: Harold Escalona
Solo bastaron 72 horas para que la historia contemporánea de Venezuela cambiara su rumbo de forma drástica. El 11 de abril de 2002, la sangre de varios venezolanos corrió por las calles del centro de Caracas. Una multitudinaria marcha de la oposición se dirigía al Palacio de Miraflores para protestar contra el gobierno de Hugo Chávez. Allí, otro grupo, esta vez de simpatizantes del oficialismo, se concentró en los alrededores para apoyar al presidente. El encuentro entre ambas manifestaciones polarizadas cerca del Puente Llaguno se convirtió en un choque directo. Insultos entre consignas, enfrentamientos, disparos. Más de una decena de muertos y un centenar de heridos.
Aquella masacre fue el resultado de una cadena de eventos en los que se fue acumulando cada vez más la presión. El 13 de noviembre de 2001, Chávez usa su decreto habilitante para aprobar un paquete de 49 leyes con un impacto brutal sobre la economía. Reformas en la Ley de Hidrocarburos, la de Puertos y la de Pesca, entre otras. También la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que le dio al Estado el poder para expropiar cualquier terreno que considerara muy grande o subutilizado. Meses después, el 7 de abril de 2002, con el soplido de un silbato, el mandatario disolvió la junta directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en plena cadena nacional.
Como consecuencia de estas acciones, organizaciones gremiales como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) encabezaron una huelga general. Entretanto, la ciudadanía protestaba en las oficinas de PDVSA en Chuao contra la politización de la industria petrolera. El descontento general se manifestó en grandes marchas como la del 23 de enero de 2002, que llevaron a la renuncia del ministro de Interior, Luis Miquilena. Igualmente, el sector militar también se rebelaba cada vez más abiertamente contra Chávez, con oficiales haciendo llamados públicos a promover un cambio político. El 11 de abril, el Alto Mando se opuso a ejecutar el Plan Ávila para reprimir a la población.
Los sucesos del Puente Llaguno dejaron una estela de violencia y pánico en la población. Las protestas se intensificaron y en la madrugada del 12 de abril, el ministro de Defensa, Lucas Rincón, anunció la renuncia del presidente. Mientras Chávez era llevado al archipiélago de La Orchila por un grupo de militares, en Caracas se libraba una batalla política e institucional por el control del país. También hubo otros episodios de violencia y persecución contra los antiguos funcionarios del gobierno. Al final el chavismo, con apoyo de sus seguidores, logró retomar el poder el 13 de abril. Al día siguiente, Chávez volvió a Miraflores con un crucifijo en la mano. Desde entonces, cada día en la historia de Venezuela por los siguientes 20 años sería de todo, menos pacífica.
Causa politizada
De los hechos del 11 de abril de 2002, el que quedó como un trauma en la memoria colectiva ha sido la masacre de Puente Llaguno. En ese lugar, a pocos metros de Miraflores, estaban reunidos los simpatizantes del chavismo, mientras abajo, en la avenida Baralt, estaban los opositores. Aun años después, determinar lo que sucedió con exactitud resulta una tarea compleja, pues cada bando posee su propia versión.
Un hecho es que a las 2:30 pm se escucharon detonaciones cerca de la estación de Metro de Capitolio y cayó el primer herido en el lado opositor. Más detonaciones, con heridos y muertos, llevaron a los funcionarios de la entonces Policía Metropolitana (PM) a intervenir y abrir fuego al sitio de donde creían que venían los disparos. Comenzaron a caer las primeras víctimas del oficialismo y se inmortalizó la imagen de cuatro pistoleros desde el puente disparando hacia la marcha opositora. Al final, entre confusión y balas cruzadas, murieron 19 personas de ambas tendencias políticas, mientras 127 resultaron heridas.
Tanto misterio alrededor de Puente Llaguno se debe precisamente al manejo partidista que tuvieron las investigaciones. “El proceso de politizar la administración de justicia frente a los hechos del 11 de abril es la primera gran falla que ha persistido”, declara a El Diario el excoordinador general de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado. Indicó que el chavismo, usando su maquinaria propagandística y control sobre los medios de comunicación, ha intentado imponer su narrativa. Prueba de ello son los documentales La revolución no será transmitida (producida en Irlanda) y Puente Llaguno: claves de una masacre. Ambos recibieron fuertes críticas por su parcialidad y por tergiversar hechos para ajustarlos a la versión oficial.
Considera especialmente grave este hecho, al tomar en cuenta que precisamente es el gobierno venezolano el encargado de investigar los crímenes cometidos para procesar a los responsables. “La exigencia de justicia debe ser para todos, y la obligación del Estado es investigar con independencia y eficiencia cada uno de esos hechos que pudieron constituir o grandes violaciones de derechos humanos, o situaciones vinculadas al delito común, pero que dejaron también víctimas que necesitan que se haga justicia”, dice.
Pero no toda la manipulación a nivel mediático ha venido solamente del chavismo. Alvarado aclara que desde la oposición también se politizó la tragedia, lo cual, a su juicio, no ayudó a formar un sentimiento de consenso para hacer justicia. Cita como ejemplo la negativa de varios partidos opositores a reconocer que el 11 de abril hubo un intento de golpe de Estado. Afirma que para avanzar en el esclarecimiento de la verdad, es necesario dejar claro que fue un proceso ilegal y contrario a la Constitución. “Ese es el primer paso que desde el punto de vista institucional debió haber unificado a la sociedad venezolana, para poder asumir otros procesos con transparencia”, asevera.
Los caídos
19 personas murieron durante los hechos de Puente Llaguno. Los conteos señalan que 12 estaban en la marcha opositora, mientras siete eran de la concentración oficialista. Más allá de atribuir más bajas a uno u otro bando, Alvarado recuerda que ese día perdieron la vida personas de ambas creencias políticas, seres humanos antes que cualquier otra etiqueta. Sus nombres son:
1. Juan David Querales, 25 años.
2. Víctor Emilio Reinoso, 28 años.
3. Alexis Bordones, 53 años.
4. Orlando Rojas, 49 años.
5. Jorge Tortoza, 48 años.
6. Ángel Luis Figueroa, 29 años.
7. Jesús Orlando Arellano, 34 años.
8. José Antonio Gamallo, 45 años.
9. Jesús Mohamed Espinoza Capote, 18 años.
10. Erasmo Enrique Sánchez, 60 años.
11. Pedro Linares, 42 años.
12. César Matías Ochoa, 38 años.
13. Nelson Eliézer Zambrano, 23 años.
14. Rudy Urbano Duque, 38 años.
15. Josefina Rengifo, 29 años.
16. Luis Alfonso Monsalve, 55 años.
17. Luis Alberto Caro, 57 años.
18. José Alexis González Revette, 47 años.
19. Jhonnie Obdulio Palencia, 29 años.
Impunidad
Durante el tiempo que Chávez estuvo cautivo en La Orchila, se formó un gobierno interino encabezado por Pedro Carmona Estaga, quien era el presidente de Fedecámaras. Esto violó el principio constitucional de sucesión presidencial, que establecía que correspondía al entonces vicepresidente, Diosdado Cabello. No fue sino hasta el 13 de abril, cuando ya se había recuperado el control del país, que Cabello se juramentó temporalmente ante la Asamblea Nacional, como dicta la ley, mientras Chávez regresaba en helicóptero.
Alvarado insiste en que ambos bandos tuvieron responsabilidad en lo ocurrido en el golpe de Estado fallido. Afirma que, además del asesinato de manifestantes, tanto el gobierno chavista como el interinato de Carmona cometieron violaciones de derechos humanos durante esas 72 horas. “Se produjo una impunidad de lado y lado”, asegura. Esto debido a que el entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, no manejó las investigaciones con la celeridad e imparcialidad que ameritaba.
“Hubo muy poca investigación de los casos y se establecieron muy pocas responsabilidades. Hubo detenciones arbitrarias a las que se sumaron prácticas de tortura que tampoco fueron investigadas. Se produjeron allanamientos sin orden judicial y con gran violencia que tampoco fueron investigados. Hubo denuncias que nunca fueron procesadas ni canalizadas”, explica.
De acuerdo con el Foro Penal, se abrieron 79 investigaciones por los hechos del 11 y 12 de abril, de las cuales solo cuatro llegaron a juicio. Sin orden judicial, en los días siguientes detuvieron a los comisarios de la PM Lázaro Forero y Henry Vivas, además del secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis. A los tres se les sentenció a la pena máxima de 30 años de prisión por presuntamente ordenar abrir fuego contra la concentración chavista. También condenaron a penas de 16 a 30 años a ocho funcionarios de ese cuerpo policial. De los otros presuntos tiradores, muchos fueron liberados o absueltos. De algunos incluso nunca se supo su identidad.
Beneficiados por el sistema
Muchas de las investigaciones quedaron en el aire, principalmente cuando involucraron al oficialismo. Un caso es el de los denominados “pistoleros de Puente Llaguno”. Cuatro personas dentro de la marcha chavista fueron captadas por las cámaras de Venevisión disparando desde el elevado, siendo una de las imágenes más emblemáticas de ese día. Aunque en un principio se dijo que fueron quienes iniciaron el ataque, actualmente la versión oficial afirma que respondían al fuego de la PM, mientras los primeros disparos vinieron de otro lado. En todo caso, muchos reconocieron años después que, aun en defensa propia, apuntaron a los civiles opositores.
Las autoridades arrestaron a Richard Peñalver, Rafael Cabrices, Henry Danilo Atencio, Nicolás Eduardo Rivera Muentes por ese altercado. De acuerdo con el portal El Estímulo, se les imputaron los cargos de porte ilícito de arma de fuego, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Nunca se investigó (o al menos no se les acusó) si alguna de sus balas llegó a herir o asesinar a alguna persona. En septiembre de 2003, el tribunal absolvió a Cabrices y Rivera, mientras Peñalver y Atencio recibieron libertad condicional. El 30 de agosto de 2005, Cabrices falleció y su velorio fue en el mismo puente desde donde disparó. Durante el acto, en una suerte de homenaje, Chávez dijo: “Ha muerto un patriota”.
Por su parte, Peñalver tuvo como abogado defensor a Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro. Un hecho irregular, ya que precisamente Moreno fue el juez que dictó la orden de captura contra Simonovis y los comisarios de la PM. Peñalver y Atencio salieron en libertad en enero de 2008, luego de que Chávez firmara un decreto de amnistía a los involucrados en los hechos del 11 de abril, y en el que deliberadamente se excluyeron a figuras como los policías de la PM o al propio Carmona Estanga.
Luego de eso, Peñalver tuvo una vida política como concejal de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2011. En 2015, el entonces gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, le otorgó la Orden Casa Fuerte en su primera clase. El pistolero huyó de Venezuela en 2018 y pidió asilo en España, el cual le fue negado.
Al igual que los cuatro de Puente Llaguno, otros pistoleros también resultaron sospechosamente favorecidos por la justicia. Tras dos años prófugos, en 2004 capturaron a Amílcar Carvajal, José Ávila Salazar y Miguel Alfredo Mora. Eran los principales sospechosos del asesinato del periodista Jorge Tortoza. Los tres fueron juzgados en libertad y recibieron medidas cautelares apenas 48 horas después de su sentencia. Esto a pesar de que en el caso de Carvajal, su propio abogado defensor lo reconoció en varios videos y fotografías donde aparecía disparando.
En los documentales promovidos por el oficialismo también se suele hablar sobre francotiradores dispuestos en varios puntos de la avenida Baralt, y que presuntamente fueron los responsables de los primeros disparos. Esto a partir de testigos que afirmaron haberlos visto en las azoteas de los hoteles Ausonia y Edén. Pues el 15 de mayo de 2002, la Asamblea Nacional presentó un informe del jefe de la Casa Militar, Almidien Ramón Moreno. Allí se daba cuenta de la detención de 10 sospechosos el 11 de abril, tres por un grupo de ciudadanos que los entregaron a Casa Militar, y siete capturados por los militares en el Ausonia. Todos fueron llevados al Ministerio Público y liberados poco después, ante una aparente falta de pruebas.
Chivos expiatorios
Un destino contrario al de Richard Peñalver o Amílcar Carvajal tuvieron los funcionarios de la PM sentenciados. Por un lado, estuvieron Simonovis, Vivas y Forero como presuntos autores intelectuales, al ser quienes dieron las órdenes. Por el otro, los oficiales Marcos Hurtado, Rafael Neazoa López, Erasmo Bolívar, Aruve Pérez, Julio Ramón Rodríguez, Luis Enrique Molina, Héctor Rovaín y Ramón Zapata. Acusados de estar presentes en los tiroteos.
Todos fueron sometidos a un largo juicio que duró siete años, y que estuvo minado de irregularidades y retrasos procesales. En total se realizaron 230 audiencias, en las que se citaron a 198 testigos y 48 expertos. También se analizaron miles de fotografías y videos, e incluso se utilizó un fragmento de la película Juegos de Pasión para recrear el presunto momento en que Simonovis y Forero ordenaron disparar. A pesar de que la evidencia técnica y criminalística no arrojó resultados, y los testigos no certificaron la culpa de los acusados, fueron sentenciados el 3 de abril de 2009 por el Tribunal Cuarto Mixto de Juicio del estado Aragua.
Al respecto, Alvarado reconoce que, dado el resultado de los enfrentamientos de Puente Llaguno, es posible que sí hubieran funcionarios de la PM responsables de hechos violentos, pero que es imposible saber si fueron los que finalmente resultaron encarcelados. Afirma que la investigación fue acelerada y altamente politizada, sin pruebas suficientes para determinar su culpabilidad. Lamenta que debido a esto, es posible que hayan estado encarcelados oficiales que nunca tuvieron nada que ver.
«El proceso de los policías metropolitanos estuvo altamente viciado, donde no se les permitió el derecho a la defensa y hubo graves irregularidades en las partes probatorias, y muy posiblemente, algunos de los funcionarios en la cárcel no tuvieron absolutamente nada que ver. Todos al final terminaron siendo víctimas de un sistema de justicia que no les permitió su garantía a la defensa ni debido proceso”, asevera.
En 2012, el exmagistrado de la sala penal del TSJ, Ramón Eladio Aponte Aponte, escribió una carta desde Costa Rica en la que admitió que el presidente Chávez presionó al Poder Judicial para condenar a los funcionarios. Una declaración que luego confirmó el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray.
Actualmente, Simonovis reside en Estados Unidos tras escapar de su arresto domiciliario en 2019. Vivas y Forero también recibieron casa por cárcel en 2011 por razones de salud. De los ocho policías, Neazoa y Zapata salieron de prisión en 2009; el primero por resultar absuelto, y el segundo por ya haber cumplido un tiempo mayor a su sentencia. Por su parte, Julio Rodríguez recibió en 2013 medidas cautelares por el estado de su enfermedad. En enero de 2020, excarcelaron a Marcos Hurtado tras cumplir su condena, siendo el único del grupo en recuperar su libertad plena. Aunque en 2020 venció también la de Aruve Pérez, para abril de 2022 sigue detenido en la Cárcel Militar de Ramo Verde, en Los Teques, al igual que Bolívar, Rovaín y Molina.
La cicatriz de abril
Los hechos del 11 de abril de 2002 dejaron una marca en la sociedad venezolana. Aunque las marchas contra el gobierno continuaron ese año y en los siguientes, se recluyeron cada vez más hacia el este de Caracas, bajo el amparo de sus alcaldías. Con el tiempo, el centro de la capital se volvió inaccesible para cualquier tipo de acto político opositor. Un hecho aupado por los traumas de Puente Llaguno y la hostilidad de colectivos oficialistas que se adueñaron de sus esquinas.
Chávez tampoco volvió a ser el mismo después de su viaje a La Orchila. A su regreso al poder, cerró filas a sus piezas más leales, volviéndose cada más intolerante a la disidencia dentro de su gobierno. También intensificó su depuración de las Fuerzas Armadas, seleccionando los ascensos más por afinidad política que por méritos. Igualmente, el 14 de agosto de 2002, el TSJ emitió una sentencia en la que libró de la cárcel a varios generales, al determinar que no hubo insubordinación por negarse a ejecutar el Plan Ávila. Chávez, furioso, ordenó al Parlamento remover a los magistrados, lo que derivó en una nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia. Una que subordinó al Poder Judicial a las directrices de Miraflores.
Mientras tanto, los familiares de las 19 víctimas todavía esperan justicia. Los policías metropolitanos fueron juzgados por la muerte de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque, pero nunca se supo quiénes fueron los asesinos de los otros 17 caídos. Tampoco hubo ninguna medida de reparación. Solo silencios y expedientes archivados. Y cada 11 de abril, las heridas se abren nuevamente con cada discurso político y retransmisión de los documentales oficiales, mientras en las tumbas se colocan flores a aquellos que esa tarde murieron por defender sus ideales.
