La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) hacen un llamado al Gobierno a respetar la independencia judicial de la Corte Constitucional y tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad, protección e integridad de los magistrados de la Corte Constitucional desde amenazas contra ellos.
(14-03-2022) El llamado se produce en medio de amenazas hostiles de una variedad de fuentes contra miembros de la Corte luego de su sentencia del 21 de febrero de 2022 que despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
El 22 de febrero, el presidente Iván Duque Márquez criticó abiertamente la decisión y sugirió que el aborto se convertiría ahora en un “método común de control de la natalidad”. También cuestionó la competencia de la Corte Constitucional para abordar la regulación del aborto. El mismo día, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Blanco, también criticó a la Corte. Aunque dijo que había un deber de cumplir con la decisión y declaró que la decisión de la Corte Constitucional “legitimaba la muerte” y era “desproporcionada e inhumana”.
“No es la primera vez que el Gobierno cuestiona un fallo judicial o la legitimidad de los magistrados”, dijo Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas. “Atacar la independencia judicial ha sido una práctica habitual en la administración del presidente Duque”, agregó Rodríguez.
Las declaraciones del presidente y el vicepresidente pueden ser percibidas como una puesta en duda de la legitimidad de la Corte Constitucional y, por lo tanto, violan la independencia judicial consagrada en los artículos 228 y 230 de la Constitución colombiana de 1991 . Además, estos comentarios de los principales funcionarios ejecutivos del país son incompatibles con los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura , según los cuales “la judicatura decidirá los asuntos ante ella (…) sin restricciones, influencias indebidas, incentivos, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas, de cualquier parte o por cualquier motivo”. Además, “el poder judicial (…) tendrá la facultad exclusiva de decidir si un asunto sometido a su decisión es de su competencia definida por la ley”.
El 4 de marzo de 2022, un grupo armado denominado “Águilas Negras” envió una amenaza por escrito contra los magistrados que votaron a favor de la despenalización del aborto al edificio de la Corte Constitucional. En un texto de dos páginas, exigieron a los magistrados cambiar la decisión, o se convertirían en “objetivos militares”.
“Los ataques a los magistrados son un ataque al propio estado de derecho”, dijo Rocío Quintero Martínez, asesora jurídica de la CIJ.
“Como ha mencionado anteriormente la Corte Constitucional , cuestionar la credibilidad de las decisiones judiciales debilita el sistema democrático y abre la puerta al incumplimiento de las decisiones”, agregó Quintero.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y los Presidentes de los demás Tribunales Superiores han condenado la amenaza y exigido la adopción de medidas para proteger a los magistrados. Sin embargo, a la fecha de redacción de este informe, ni el Gobierno Nacional ni la Fiscalía se han pronunciado públicamente sobre la amenaza.
La CCJ y la CIJ hacen un llamado al Gobierno de Colombia para que desista de seguir interfiriendo con la independencia del poder judicial y ejecute inequívocamente la decisión de la Corte Constitucional. El Gobierno debe impulsar una regulación del aborto acorde con la sentencia de la Corte y programas en materia de salud sexual y reproductiva, como lo pide la Corte Constitucional.
Finalmente, la CCJ y la CIJ también recomiendan que el Gobierno colombiano tome medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los magistrados de la Corte Constitucional, tal como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando la seguridad de los jueces se ve amenazada, las autoridades deben tomar medidas para que el poder judicial pueda desempeñar sus funciones sin hostigamiento ni intimidación.
Antecedentes
El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional emitió un comunicado de prensa anunciando que, a través de la Sentencia C-055 de 2022, los abortos serían un delito solo cuando se realicen después de las 24 semanas de embarazo. La sentencia modificó la jurisprudencia anterior de la Corte establecida en 2006. Al respecto, en la Sentencia C-355 de 2006 , la Corte Constitucional estableció que el aborto estaba permitido en tres circunstancias: (i) cuando el embarazo pudiera poner en peligro la salud o la vida de la mujer , (ii) cuando el feto sufriera de malformaciones graves que eventualmente pusieran en peligro o terminaran con su vida y; (iii) cuando el embarazo sea resultado de violación, incesto o inseminación artificial sin consentimiento.
