Falsas ofertas laborales, engaños afectivos, deudas, redes sociales y control armado forman parte de las estrategias utilizadas para captar a jóvenes. Organizaciones de derechos humanos advierten que la explotación sexual se ha expandido desde la frontera colombo-venezolana hacia entidades del país y también al ámbito digital
FUENTE ORIGINAL: EL NACIONAL. –
Detrás de la promesa de un empleo bien remunerado, una oportunidad para viajar, un supuesto novio conocido por internet o un préstamo para resolver una urgencia familiar, muchas veces se esconden criminales que se dedican a la captación, el traslado, sometimiento y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. En los últimos años, debido a la creciente migración, la frontera entre Venezuela y Colombia se ha convertido en espacio para la proliferación de estos delitos, pues concentra algunas de las condiciones que facilitan la actuación de las redes de trata de personas: desplazamiento forzado, pobreza, falta de documentación, ausencia de oportunidades y presencia de grupos armados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que las dinámicas de explotación ya no solo buscan sacar a las víctimas del país, ahora pueden comenzar, incluso, desde casa.
Un informe elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, que tomó como base a 630 participantes en procesos de atención efectuados por la organización en las regiones de Cúcuta, Norte de Santander y el Catatumbo, describe a la frontera colombo-venezolana como uno de los escenarios más complejos de América Latina en materia de movilidad humana, vulnerabilidad social y establecimiento de economías criminales.
En esta zona, señala el documento, la trata con fines de explotación sexual se ha consolidado como una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas. Los casos documentados muestran marcada presencia de víctimas de nacionalidad venezolana, la mayoría de entre 16 y 29 años de edad, captadas mediante falsas ofertas laborales, engaños afectivos, manipulación a través de redes sociales o coerción económica. Después de la captación, algunas son trasladadas o incorporadas a circuitos de explotación en Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú, Ocaña y otras zonas relacionadas con corredores de economías ilegales y control armado.
Organizaciones documentan captación, traslado y explotación en la frontera y dentro de Venezuela.
Organizaciones documentan captación, traslado y explotación en la frontera y en Venezuela | Foto AFP
Pero la frontera es apenas una parte del mapa. Los registros de Mulier Venezuela muestran que la trata de personas también se ha documentado en el país, en entidades como Anzoátegui, Carabobo, Delta Amacuro, Miranda, Monagas y Táchira, además del Distrito Capital. Registros de 2023 y 2024 citados por la organización muestran rescates de venezolanas en al menos 13 países.
Y mientras las autoridades y organizaciones intentan identificar tanto a víctimas como a victimarios, las redes criminales van evolucionando para evitar ser identificadas. La explotación que antes podía requerir el traslado físico de una mujer a otro país puede comenzar ahora frente a la pantalla de un teléfono. Una adolescente puede ser captada mediante una cuenta falsa, una promesa amorosa o una oferta de ayuda. Una mujer puede recibir un teléfono costoso que, lejos de ser un regalo, constituye una herramienta para producir imágenes que después serán comercializadas.
“La trata ha mutado”, resume Estefanía Mendoza, coordinadora de Mulier Venezuela. A su juicio, las redes han perfeccionado sus mecanismos de explotación hasta el punto de que ya no necesitan mantener a una víctima encerrada para obtener ganancias. La consecuencia es una violencia que se vuelve menos visible, precisamente, porque puede parecer normal.
La falsa promesa de una vida mejor
En el informe de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, la oferta laboral engañosa aparece como el principal mecanismo de captación, 85% de los casos analizados, especialmente en contextos donde las mujeres carecen de ingresos, educación o redes de apoyo.
El problema se agudiza en la población migrante. FundaRedes documentó que mujeres y jóvenes venezolanas han sido engañadas en Venezuela y posteriormente trasladadas a Colombia para ser sometidas a prostitución o mendicidad. Algunas cruzan los puentes internacionales sin que las autoridades detecten su situación, mientras que otras utilizan las llamadas trochas debido a la falta de documentación.
Alejandra Vera, coordinadora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, explicó que el atractivo de la víctima migrante para las redes está precisamente en su aislamiento. “Siempre que una mujer es migrante, a las redes criminales y a los tratantes les conviene mucho porque es una mujer que está lejos de su territorio, sin red de apoyo”.
En esa vulnerabilidad también aparecen niñas y adolescentes que llegan sin acompañamiento. “Demasiadas niñas no acompañadas empezaron a llegar a Colombia desde que comenzó la crisis en Venezuela y esto las hace las víctimas perfectas para estas bandas criminales que, a partir de satisfacer esas necesidades que van buscando estas mujeres, estas niñas y estos niños, empiezan a captarlas y las van induciendo”, señaló Vera.
El documento también evidencia que múltiples condiciones pueden acumularse sobre una misma mujer. Mientras que una joven sin empleo puede ser vulnerable, una mujer migrante sin documentos puede serlo todavía más. Si además tiene hijos que alimentar, carece de ahorros, no posee vivienda y debe recurrir a préstamos informales, el margen para rechazar una oferta engañosa se reduce aún más.
Al menos 97,8% de las mujeres analizadas por la organización estaban vinculadas con sistemas conocidos en Colombia como «pagadiario», personas que prestan dinero con altos intereses y que en muchas ocasiones recurren a las amenazas para cobrar.
Vera explicó que estos préstamos pueden convertirse en otra forma de control debido a la falta de educación, autonomía económica y acceso al crédito formal de las víctimas. “Ellos sí les prestan el dinero, incluso les prestan más de lo que necesitan. Los intereses pueden llegar a 20%, pero la urgencia de alimentar a los hijos o pagar el arriendo hace que la irregularidad del mecanismo pase a un segundo plano».
La deuda termina funcionando como una cadena. La mujer necesita dinero para cubrir una emergencia, pero no consigue crédito formal porque no tiene documentos, historial financiero o ingresos estables. Acude a un prestamista informal. La deuda aumenta. La necesidad permanece. Y las redes de explotación encuentran allí una oportunidad para ofrecer una salida que termina agravando la dependencia.
Mulier alertó que escenarios temporales derivados de crisis o desastres, como los terremotos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, pueden convertirse en espacios donde las redes también encuentran nuevas oportunidades de captación debido a la falta de controles y a las necesidades económicas.
“Cuando hay mucha necesidad, el cuerpo de las mujeres termina siendo la última moneda de cambio”, afirmó.
Derechos humanos
¿Cómo son captadas las víctimas de trata y explotación sexual?
La precariedad económica y la migración forzada son los factores determinantes utilizados por redes criminales para el reclutamiento.
85%
de las captaciones se realizan a través de una oferta laboral engañosa
Modalidades de captación
Redes sociales62%▼
Plataformas de mayor impacto: Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram.
Captación presencial32%▼
Intervienen personas del entorno: amiga, vecina u hombre explotador sexual.
Otras modalidades6%
Acción y prevención
Es fundamental fortalecer las políticas de prevención, la información laboral veraz y la protección migratoria para combatir la eficacia de estas redes criminales.
Fuente: Datos sobre captación de víctimas de trata y explotación sexual
La frontera como territorio de captación y violencia
El informe de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete califica la situación de la frontera colombo- venezolana como una crisis humanitaria con rostro de mujer.
Durante la pandemia, la organización comenzó a atender mujeres que llegaban embarazadas y solicitaban interrupciones voluntarias del embarazo. En varios casos, los embarazos estaban relacionados con agresiones sexuales sufridas durante el cruce por pasos irregulares en la frontera colombo-venezolana. Esto encendió las alarmas.
“Muchas de ellas, con los pasos irregulares en el cruce de caminos, eran víctimas de violencia sexual por los hombres de los grupos armados o las bandas criminales”, afirmó Vera.
Después, la organización comenzó a identificar rutas de traslado. Mujeres que cruzaban llegaban a Villa del Rosario, La Parada y Cúcuta y, en algunos casos, eran llevadas hacia otras ciudades y países. Vera mencionó trayectorias que podían continuar hacia Bogotá, México o Cali, así como otros escenarios de vulnerabilidad en Ecuador.
En medio de la pandemia, la organización también logró identificar grupos de entre 20 y 30 niñas y adolescentes, de entre 9 y 17 años de edad, que se desplazaban sin acompañamiento. Ante el cierre de los pasos formales, muchas debían recurrir a cruces irregulares, donde podían ser víctimas de violencia sexual como condición para poder continuar el recorrido.
“Sí o sí, la niña o la mujer debía ‘permitir’ o era violentada sexualmente para poder pasar. Eso era como el pago”, dijo Vera.
Un informe del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (Mesecvi) identificó en el Catatumbo un incremento de la trata y la explotación sexual, así como la proliferación de escenarios de explotación mediante webcams. También advirtió sobre la ausencia de rutas adaptadas al conflicto, la violencia institucional y la falta de articulación estatal.
El Mesecvi señaló además que la violencia sexual funciona en el Catatumbo como instrumento de control social y territorial. Es decir, este hecho no ocurre únicamente por la acción de individuos aislados, sino dentro de estructuras donde confluyen actores armados, redes criminales y quienes obtienen ganancias de la explotación.
En ese escenario, una mujer migrante puede convertirse simultáneamente en víctima de desplazamiento, violencia sexual, trata y explotación.
La Fundación Frida Kahlo, con sede en Cúcuta, reportó a FundaRedes que alrededor de 80% de las mujeres que atendió en mayo de 2024 eran venezolanas y 20% colombianas. Sus edades iban de 14 a 21 años de edad. Entre 2020 y 2023 había atendido a 419 mujeres, la mayoría procedentes de Táchira, Aragua, Barinas, Miranda, Zulia y Distrito Capital.
Pero la frontera terrestre de Venezuela no es el único corredor de riesgo. Mulier ha trabajado en el estado Falcón en prevención relacionada con las rutas marítimas. Mendoza explicó que, durante el período en que estaba activa la migración por el Darién, se ofrecían paquetes de traslado que podían parecer una especie de servicio organizado para migrantes.
Factores de riesgo en el Catatumbo
¿Qué hace a una mujer vulnerable a caer en las redes de trata?
Causas estructurales que aumentan el riesgo de explotación y limitan los proyectos de vida.
Entorno y conflicto
Conflicto armado y desplazamiento
Migración forzada y presencia de grupos irregulares que debilitan la seguridad.
Economías ilegales
Presencia de dinámicas criminales y debilidad de las instituciones estatales.
Factores socioeconómicos
Pobreza y desempleo recurrente
Deudas con pagadiarios
Falta de oportunidades laborales
Dinero por comida y supervivencia
Género y entorno social
Violencia machista e hipersexualización: El control sobre niñas y mujeres jóvenes, la presión familiar y la alta demanda masculina crean un entorno propicio para la captación.
Mujeres jóvenes y niñasPresión familiarDemanda masculina
Interseccionalidad y barreras
Discapacidad / Ruralidad
Mujer indígena
Madres con múltiples hijos
Sin redes de apoyo
Estas causas estructurales se combinan y se refuerzan, aumentando el riesgo de violencias y limitando autonomías y proyectos de vida de las mujeres del Catatumbo.
La migración pendular entre Venezuela y las islas ABC también puede crear condiciones de vulnerabilidad. La organización identificó ofertas para trabajar cuidando adultos mayores, niños o en restaurantes de Curazao y Aruba que terminaron conduciendo a algunas mujeres hacia explotación sexual en bares y otros establecimientos.
La lógica es semejante a la frontera terrestre: la necesidad de movilidad y de ingresos es utilizada como puerta de entrada.
Niñas: el rostro más vulnerable de la trata
Las cifras reunidas en el informe de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete muestran que la violencia alcanza a niñas de distintas edades: 65% tenía entre 12 y 17 años de edad, 25% entre 6 y 11 años y 10% de 0 a 5 años. La investigación interpreta esta distribución como señal de riesgo particularmente elevado durante la adolescencia, pero también como evidencia de que la violencia alcanza a niñas pequeñas.
El dato más contundente corresponde a la nacionalidad. 99% de los casos documentados eran niñas venezolanas y 1% niñas colombianas desplazadas por el conflicto en Norte de Santander.
Desde una perspectiva de derechos de la niñez, el informe recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a proteger a los menores de edad contra todas las formas de explotación y abuso sexua,l y a prevenir la trata. También establece que, en contextos de migración, debe prevalecer el interés superior del niño, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.
Pero la realidad descrita por las organizaciones muestra que la condición de niña migrante puede convertirse precisamente en un factor que reduce el acceso a la protección. Vera relató casos de adolescentes embarazadas que no podían regularizar su situación porque ellas o sus padres carecían de documentos o incluso de registros civiles.
Durante la pandemia, la Corporación creó un espacio seguro que comenzó con 10 adolescentes con hijos o embarazadas como consecuencia de violencia sexual y trata. La organización encontró dificultades para que las instituciones activaran las rutas de protección y para que las adolescentes accedieran a educación, salud y regularización.
“Primero, Comisaría de Familia en Colombia no les activaba ruta; segundo, quedaron totalmente abandonadas porque nadie se hacía cargo ni de ellas ni de sus hijos; tercero, era superdifícil el tema de regularización, de poderles brindar educación, salud, etcétera”, contó Vera.
El problema se vuelve todavía más duro porque la falta de documentación también impide acceder a asistencia humanitaria. La coordinadora recordó casos de adolescentes de 17 años de edad con hasta cuatro hijos que estaban solas en la calle. También relató que algunas adolescentes llegaron a vender a sus hijos por comida.
“Esto es una desprotección institucionalizada macabra”, afirmó al describir que el Estado y muchas organizaciones califican como adultas a las adolescentes cuando son madres, pero al momento de acceder a medidas de protección o recursos para sostenerse se los niegan por ser menores de edad.
“Eres adulta para tener hijos, pero para ayudarte, sostenerte la vida, darte recursos y ayudas, no eres adulta, eres una niña”, dijo.
La organización llegó a registrar más de 200 adolescentes madres que necesitaban apoyo en 2022, pero el financiamiento disponible no permitió sostener indefinidamente el programa.
Informe de vulnerabilidad
Distribución de la violencia contra niñas por edades y nacionalidad
Hallazgos clave del reporte de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete sobre riesgos en la infancia y adolescencia.
Violencia por rangos de edad
12 a 17 años (adolescencia)65%
6 a 11 años25%
0 a 5 años (primera infancia)10%Interpretación del riesgo por edad+
La investigación interpreta esta distribución como una señal de riesgo particularmente elevado durante la adolescencia (12 a 17 años), pero también como evidencia de que la violencia alcanza a niñas pequeñas desde sus primeros años de vida.
Perfil de nacionalidad de las víctimas
Venezolanas
99%
De los casos documentados
Colombianas
1%
Desplazadas por conflicto en Norte de Santander
Fuente: Corporación Mujer Denuncia y Muévete
Cuando la trata ya no necesita una habitación
La trata de personas ha encontrado en internet una herramienta para ampliar su alcance. Mulier Venezuela ha documentado la explotación de mujeres, niñas, niños y adolescentes mediante la generación de material sexual explícito comercializado en la web.
Estefanía Mendoza explicó que la organización comenzó a estudiar este fenómeno después de observar que las modalidades de captación habían ido cambiando con el tiempo.
El contexto venezolano, según Mendoza, reúne condiciones que pueden favorecer estas dinámicas: conectividad en las principales ciudades, familiaridad con criptomonedas y medios alternativos de pago y una cantidad importante de niños y adolescentes que no permanecen con sus cuidadores principales debido a la migración o a las condiciones laborales de sus padres.
Los datos citados por Mulier y atribuidos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos registraron fuerte aumento de reportes de archivos de explotación sexual infantil cargados desde Venezuela entre 2019 y 2022. Los reportes pasaron de 37.802 en 2019 a 127.975 en 2020, 150.778 en 2021 y 301.190 en 2022. Después descendieron a 249.567 en 2023, 126.226 en 2024 y 74.927 en 2025. La organización advierte, sin embargo, que el uso de VPN y proxy puede ocultar la ubicación real de quienes cometen estos delitos y producir importante subregistro.
Mendoza precisó que un reporte puede contener miles de archivos. Es decir, aunque la cifra no equivale automáticamente al número de víctimas ni de delitos individuales, permite dimensionar la magnitud del fenómeno digital.
La ONG venezolana advirtió que este tipo de explotación puede comenzar mediante una relación aparentemente afectiva.
“Hay captación por medios digitales ofreciéndoles ayuda para la reunificación familiar: ‘Sé que tu mamá está fuera, te voy a ayudar a irte a Perú con ella’. También se usa el método del novio, uno de los más antiguos desde la guerra de los Balcanes. Todo esto está presente en Venezuela”, afirmó.
La estrategia puede incluir el envío de un teléfono de alta gama como presión para producir fotografías o videos de contenido sexual. “Ellos lo que están es invirtiendo en su negocio de explotación y en las imágenes y videos que van a comercializar de esa relación”, señaló Mendoza.
La captación digital tiene una ventaja para las redes de trata de personas y explotación sexual, y es que no requiere necesariamente trasladar a la víctima.
“En lugar de tener a una víctima encerrada en una casa (…) usan la coacción y amenazas para que las mismas víctimas les envíen fotos y videos que comercializan por Telegram”, explicó Mendoza.
La violencia puede ocurrir entonces dentro de un hogar aparentemente seguro. Puede comenzar con un mensaje, continuar con un vínculo afectivo y terminar con amenazas de publicar imágenes privadas. La víctima queda atrapada entre el miedo, la vergüenza y el control ejercido por quien posee el material.
La explotación sexual digital también aparece vinculada a establecimientos conocidos como casas webcam. De acuerdo con Mendoza, algunas mujeres pueden ingresar a estos espacios bajo la idea de que es preferible trabajar frente a una cámara antes que enfrentar formas de explotación sexual presencial.
Sin embargo, alertó que la dinámica puede cambiar cuando los clientes comienzan a exigir contenidos cada vez más extremos y quienes administran los espacios reciben dinero a cambio de someter a las mujeres a determinadas situaciones.
“Es allí donde el supuesto trabajo sexual se convierte claramente en trata”, afirmó.
La Corporación Mujer Denuncia y Muévete también documentó escenarios donde la explotación aparece escondida detrás de negocios aparentemente legales, como hoteles, residencias, bares, restaurantes, viviendas privadas, burdeles, establecimientos de venta de licor y spas, lo que puede dificultar su identificación.
Vera comentó que incluso peluquerías y barberías pueden ser utilizadas para generar confianza y captar menores de edad que son sometidas a la producción de contenido sexual a cambio de alguna necesidad.
Trata de personas y explotación digital
La trata de personas se traslada al entorno digital con un aumento de reportes de explotación
Venezuela registró un incremento sostenido de reportes de material de explotación sexual infantil entre 2019 y 2022, evidenciando el uso de herramientas digitales para la captación.
Evolución de reportes en Venezuela (2019-2025)
Archivos de explotación sexual infantil cargados desde el país, según el NCMEC.
201937.802
2020127.975
2021150.778
Pico 2022301.190
2023249.567
2024126.226
202574.927
Advertencia sobre el subregistro
El uso de herramientas como VPN y proxy permite ocultar la ubicación real de los perpetradores, lo que sugiere que las cifras institucionales podrían ser mayores a las reportadas.
Mecanismo de captación digital
Contacto inicial
Un mensaje directo en redes o plataformas digitales inicia la interacción sin necesidad de traslado físico.
Vínculo afectivo
El tratante construye una relación de aparente confianza para obtener material privado de la víctima.
Control y amenaza
Inicia la extorsión con la amenaza de publicar imágenes. La víctima queda atrapada por el miedo y la vergüenza.
Escenarios de explotación oculta
Negocios que pueden servir de fachada para la trata, dificultando su identificación institucional:
- Casas webcam
- Hoteles y residencias
- Spas y bares
- Restaurantes
- Viviendas privadas
- Burdeles y comercios
Fuente: Mulier Venezuela, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC) y Corporación Mujer Denuncia y Muévete.
La normalización de la violencia
Cuando la mujer es vista únicamente como alguien que “ejerce prostitución” y no como una posible sobreviviente de trata o violencia sexual, se crea una zona gris institucional que dificulta distinguir entre prostitución no explotativa, prostitución por supervivencia, proxenetismo, inducción, constreñimiento y trata.
Para la Corporación, en escenarios marcados por hambre, deudas, amenazas, control armado y ausencia de alternativas reales, la idea de “elección” al momento de dedicarse a la prostitución es cuestionable.
En el documento elaborado por la ONG, 100% de las mujeres acompañadas manifestó deseo de salir de la prostitución. La investigación utiliza este dato como argumento para reclamar programas de salida que incluyan vivienda, salud mental, educación y oportunidades económicas.
Vera insistió en que muchas víctimas no se reconocen inicialmente como tales. “Muchas de ellas dicen: ‘Es que a mí nadie me obligó’”, contó.
Las redes, explicó, pueden preparar a las mujeres para responder a las autoridades y decir que llegaron por su cuenta y que trabajan voluntariamente.
El informe registra además que 45% de las mujeres había sufrido violencia intrafamiliar o de pareja antes de haber sido captadas por las redes de trata. Esto demuestra que la explotación sexual puede aparecer después de una trayectoria marcada por violencia doméstica, desigualdad económica y control.
Las organizaciones entrevistadas por El Nacional también advirtieron sobre la participación o indiferencia de integrantes de la propia familia en la explotación sexual de niñas y adolescentes.
“Muchas madres que hoy explotan a sus hijas fueron también víctimas de explotación a temprana edad; es la única realidad que conocieron”, explicó Mendoza.
Vera relató incluso casos en los que hombres en el hogar se convertían en explotadores de sus parejas o hijas. “Tuvimos un caso de una mujer grande: ella llevaba 8 años encerrada sin ver la luz del día”, contó. Según su relato, el hombre que convivía con ella llevaba a otros hombres para que pagaran por agredirla sexualmente.
En este sentido, la Corporación alertó sobre una cultura de hipersexualización. En algunos territorios, las adolescentes pueden crecer escuchando que la primera experiencia sexual puede estar acompañada de dinero o beneficios materiales e, incluso, la explotación es presentada como algo inevitable o aceptable en comunidades empobrecidas.
La organización también ha atendido casos de niñas que permanecen meses en Colombia sin que sus familias demuestren interés por conocer qué les ocurre. Ese desapego, aseguran, es otra consecuencia de la crisis y de la deshumanización que puede acompañar a la pobreza extrema.
La maternidad forzada prolonga la vulnerabilidad
El informe de la Corporación señala que aproximadamente 6% de las mujeres analizadas tienen hijos como resultado directo de dinámicas de explotación sexual. Estos casos son calificados como formas de violencia reproductiva.
Además de ser víctimas de explotación, estas mujeres se enfrentan a dificultades para acceder a servicios de salud y a la interrupción voluntaria del embarazo debido a restricciones de movilidad, control criminal, estigmatización y obstáculos en el sistema sanitario.
Los hijos nacidos en estos contextos pueden crecer sin reconocimiento paterno y en medio de las consecuencias económicas y emocionales de la explotación.
El informe señala que la ausencia de redes de apoyo, la pobreza y las dificultades para responder a las necesidades de los hijos pueden reproducir el ciclo de vulnerabilidad entre generaciones.
Vera señaló que la maternidad se convierte así en una responsabilidad adicional para quien ya está intentando sobrevivir a una situación de violencia y, a la vez, puede convertirse también en otro mecanismo de dependencia económica que les obligue a permanecer en estas redes criminales.
Además, muchas de estas mujeres cargan con un trauma profundo al no poder responder a sus hijos sobre su origen, lo que genera sentimientos intensos de culpa, vergüenza y depresión. Este fenómeno se agrava cuando el Estado las juzga como malas madres o las estigmatiza, desconociendo que su situación es producto de la violencia sexual sistemática y no de una decisión personal.
El trauma que permanece después del rescate
El análisis de la Corporación reporta impacto psicológico severo en las víctimas de trata de personas. El trastorno de estrés postraumático alcanza 100%; el trauma complejo y la dependencia emocional, 95%; la depresión mayor y la ansiedad, 82%; las alteraciones cognitivas y la disociación, 67%, y el riesgo suicida o las conductas autodestructivas, 61%.
El informe también registra que 84% de las mujeres había sido sometida al consumo de alcohol y 42% al consumo de sustancias psicoactivas.
Los daños físicos tampoco son menores: dolor crónico, infecciones de transmisión sexual, lesiones y daños ginecológicos y reproductivos, además de alteraciones del sueño y otras manifestaciones relacionadas con el trauma.
El documento estima que 42% de las mujeres presenta infecciones de transmisión sexual no tratadas, entre ellas sífilis, virus del papiloma humano, herpes, gonorrea y VIH, producto de la imposición de prácticas sexuales sin protección y dificultades para acceder a atención sanitaria.
A esto se suma el deterioro de los vínculos familiares. El informe registra 83% de ruptura o deterioro severo del vínculo familiar y afectación significativa de hijos e hijas. También señala que 82% de las familias no conocía la situación de prostitución de las mujeres.
«Cuando sucede la trata con fines de explotación sexual, las mujeres lo que pierden inmediatamente es la dignidad humana. Perder la dignidad humana trae una pérdida de derechos humanos cuya recuperación requiere todo un proceso, que debe incluir salud mental y estabilidad económica», indicó Vera.
Una sobreviviente puede abandonar la red de explotación y seguir atrapada por el miedo a ser señalada. Sobre esto, Mendoza relató que mujeres que habían sido explotadas sexualmente en otros países evitaban regresar a Venezuela porque no querían enfrentar el estigma de sus comunidades. Algunas temían que las señalaran por haber estado en prostitución.
Las organizaciones advirtieron que el estigma dificulta las denuncias y puede empujar a las sobrevivientes de regreso a la explotación.
La recuperación de un trauma complejo como la trata de personas puede requerir entre uno y tres años de terapia especializada y, en casos graves, entre tres y cinco años, o más. Ante esto, la Corporación plantea la necesidad de combinar terapia individual y grupal, acompañamiento sociojurídico, redes de apoyo, seguridad económica y restitución de derechos.
Salud mental
El daño psicológico en las víctimas de trata
Un análisis de las secuelas emocionales y sociales detectadas en el acompañamiento a las personas sobrevivientes de este delito.
Trastornos y riesgos identificados
Estrés postraumático100%
Trauma complejo y dependencia emocional95%
Sometidas al consumo de licor y riesgo de alcoholismo84%
Depresión mayor y ansiedad82%
Alteraciones cognitivas y disociación67%
Riesgo suicida o conductas autodestructivas61%
Inducidas al consumo de sustancias psicoactivas42%Otras afectaciones identificadas+
- Baja autoestima y desvalorización del cuerpo.
- Cambio de nombre o identidad impuesta.
- Vergüenza, culpa y aislamiento.
- Pérdida o deterioro del vínculo con hijas e hijos.
- Miedo, hipervigilancia y sensación de ser usada.
!La afectación en salud mental también impacta a sus hijas, hijos y redes familiares.
La organización también reclama que la cooperación internacional y las instituciones públicas dejen de tratar a las sobrevivientes como casos aislados y plantea una ruta centrada en la víctima: detección y orientación, activación de la ruta, protección inmediata, atención integral en salud física y mental, acompañamiento jurídico, autonomía económica, construcción del proyecto de vida y seguimiento terapéutico y comunitario.
“Sí o sí se les tiene que brindar, al mismo tiempo que la salud mental para superar el trauma, estabilidad económica”, afirmó Mendoza.
La demanda que sostiene el negocio
La Corporación Mujer Denuncia y Muévete destaca, desde una perspectiva feminista abolicionista, que combatir la trata requiere atacar también la demanda de explotación sexual. La organización considera que mientras exista un mercado dispuesto a pagar por acceso sexual a mujeres y niñas habrá incentivos económicos para captar víctimas.
“El hombre que compra sexo es el que sostiene la demanda, el que sostiene este sistema de trata”, afirmó Vera.
La organización insistió en que las respuestas suelen concentrarse en las mujeres que son encontradas en los lugares de explotación, mientras los compradores y quienes controlan las redes permanecen fuera de la atención pública.
“Sin putero no hay trata”, señaló Vera al reclamar la penalización y el desestímulo de la demanda masculina, así como políticas públicas que no centren el castigo en las mujeres explotadas.
En este punto, el informe también cuestiona respuestas institucionales que, según sostiene, reducen el fenómeno a convivencia, salud pública o trabajo sexual sin analizar los contextos de coerción, vulnerabilidad y beneficio de terceros.
El objetivo, plantea el documento, debería ser identificar a compradores, proxenetas, tratantes y terceros que facilitan o lucran con la explotación, al tiempo que se ofrecen alternativas reales a las mujeres víctimas.
En el mismo contexto, Mulier destacó igualmente que la persecución penal en Venezuela puede concentrarse en los eslabones más débiles.
Mendoza explicó que demostrar la existencia de una red organizada puede ser complejo porque la trata funciona como una cadena de participantes. El conductor puede afirmar que solo transportaba a las mujeres; quien recibe a las víctimas puede alegar desconocimiento, y otros integrantes pueden quedar fuera de la investigación.
“Muchos casos que empiezan como trata terminan procesados por delitos menores, como prostitución forzada o violación”, señaló.
La organización también ha identificado situaciones en las que las propias mujeres explotadas son obligadas a captar a otras víctimas. “Cuando hay un operativo, se llevan a quien consiguen allí, responsabilizando al eslabón más débil y dejando fuera a los verdaderos jefes de las redes”, explicó Mendoza.
FundaRedes, por su parte, reportó que en 2023 entre las personas detenidas en casos relacionados con víctimas venezolanas hubo familiares de víctimas y autoridades involucradas en algunos expedientes.
«La participación de los cuerpos de seguridad es clave sea por acción o por omisión», añadió Mendoza.
La Corporación Mujer Denuncia y Muévete formula acusaciones todavía más graves respecto a funcionarios en Cúcuta. Vera afirmó que la organización ha identificado funcionarios de policía y migración a quienes señala como proxenetas.
Una institucionalidad que llega tarde
Mulier Venezuela ha denunciado durante años la falta de una política general que integre prevención, atención, persecución penal y protección de este tipo de víctimas. También ha cuestionado la falta de publicación efectiva del Plan Nacional contra la Trata, pese a que fue mencionado por las autoridades venezolanas en escenarios internacionales.
El 21 de julio de 2021 la Presidencia aprobó el decreto 4.540, correspondiente al Plan Nacional contra la Trata de Personas 2021-2025 y, en 2023, el Ministerio Público presentó un plan de trabajo con Unicef y un manual para la investigación del delito. Mendoza aseguró que la implementación de esos instrumentos ha sido frágil.
Reinserción y acompañamiento de víctimas
¿Por qué es tan difícil salir de las redes de trata?
La ausencia de atención integral y de autonomía económica impide que las sobrevivientes rompan definitivamente con los ciclos de explotación.
Factores críticos que impiden la desvinculación
Inexistencia de atención integral al trauma
Falta de recuperación del vínculo familiar
Carencia de acompañamiento jurídico y protección
Sin acceso a empleo digno o autonomía económica
Ausencia de seguimiento terapéutico real
Oferta de empleos sin tratamiento previo requerido
Necesidades de recuperación
1 a 3 años
Terapia especializada inicial
En trauma complejo y continuo
Acompañamiento interdisciplinario sostenido
En el caso de Colombia, la Corporación Mujer Denuncia y Muévete reclama respuesta que no se limite a registrar casos. Su propuesta incluye protección inmediata, refugios, atención médica y psicológica, regularización migratoria, empleo digno, emprendimiento, subsidios, sistemas de cuidado, reparación integral y seguimiento sostenido.
Vera explicó que la Corporación ha activado rutas, efectuado acciones de tutela y acompañado a mujeres para que puedan acceder a educación, vivienda, salud y ayudas humanitarias, pero no cuentan con financiamiento suficiente para sostener ese trabajo.
El problema se vuelve todavía más complejo cuando la trata está vinculada con actores armados. Por ello la ONG considera que las mujeres en este contexto deben ser reconocidas no solo como víctimas de trata, sino también como víctimas del conflicto armado cuando corresponda, debido a las implicaciones que ese reconocimiento puede tener para el acceso a educación, vivienda y ayudas humanitarias.
La organización también destacó que una respuesta efectiva anta la trata de personas requiere cooperación entre Venezuela y Colombia. Vera afirmó que desde 2019 han solicitado una mesa binacional porque no basta con que un país reconozca el problema si el otro no participa en la prevención, identificación y atención.
Para Alejandra Vera, una de las prioridades también es abrir espacios donde las sobrevivientes puedan ser escuchadas. “Lo más urgente que hemos solicitado es una mesa para escuchar a las víctimas, porque escucharlas a ellas nos ayuda a entender las realidades que se viven”.
Por otra parte, Mulier plantea crear casas de abrigo especialmente dirigidas a víctimas de trata. “No es lo mismo proteger a la mujer de un marido que proteger a la mujer de una red que tiene contactos con la policía”, señaló Mendoza.
La protección en estos lugares, de acuerdo con la ONG, debe considerar el riesgo de represalias. También debe garantizar atención psicológica y psiquiátrica, seguridad económica, asistencia jurídica y acompañamiento prolongado.
La educación como espacio protector
Mendoza señaló que la pérdida de espacios educativos puede aumentar la vulnerabilidad porque las escuelas pueden funcionar como lugares donde los niños aprenden a identificar abusos y reciben apoyo.
“Se han perdido los espacios protectores”, dijo al destacar que una niña que deja de asistir a clases pierde además un espacio donde un adulto puede advertir cambios en su comportamiento, escuchar una revelación o detectar señales de violencia.
El informe de la Corporación registra que 92% de las mujeres y niñas analizadas tenía únicamente educación primaria en determinados registros y que 40% no había culminado la primaria o secundaria básica, según los datos de vulnerabilidad incluidos en el documento.
La exclusión educativa reduce las posibilidades de acceder a empleo digno y aumenta la dependencia frente a ofertas engañosas.
En cuanto a la prevención digital, Mendoza señaló que en las comunidades es frecuente encontrar padres que prohíben Facebook, Instagram o TikTok, pero los adolescentes continúan utilizando esas plataformas desde teléfonos de amigos.
“La prohibición no funciona; lo que genera es una vida secreta”, afirmó, planteando como alternativa el acompañamiento, de forma que los jóvenes sepan identificar señales de grooming, manipulación y chantaje.
El avance de la inteligencia artificial añade otra capa al problema. Mendoza señaló que ya existen colegios venezolanos donde se han generado imágenes falsas de alumnas desnudas mediante inteligencia artificial.
La amenaza no se limita, por tanto, a las imágenes reales producidas por una víctima. La tecnología puede fabricar imágenes y utilizar el miedo a su difusión para ejercer control.
La prevención, resaltó Mendoza, requiere que los estudiantes conozcan esos riesgos, pero también requiere capacidad institucional para investigar, retirar contenidos y proteger a las víctimas. Sin embargo, en Venezuela, la falta de interlocución directa entre las autoridades y las compañías tecnológicas dificulta la respuesta frente al material de abuso sexual infantil.
Mulier desarrolla programas como Escuelas Libres y Seguras y Conexiones Libres y Seguras, además de herramientas pedagógicas para abordar el asunto sin convertir la conversación en un discurso prohibitivo.
El objetivo es que los jóvenes puedan identificar el peligro antes de que la red criminal establezca el control.
