Fuente original: La TV Calle. – El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que José Riera permanece desaparecido desde el 26 de julio, cuando fue detenido arbitrariamente por cuerpos del Estado en Los Dos Caminos, Caracas.
Desde ese momento, sus familiares han recorrido diversos centros de reclusión —El Helicoide, PNB/DIP Maripérez, PNB La Yaguara, PNB Zona 7, Rodeo I y DGCIM Boleita— recibiendo siempre la misma respuesta: no se encuentra en ninguno de ellos.
Ante la falta de información, la familia presentó denuncias por desaparición ante el Ministerio Público. Sin embargo, estos organismos afirman no tener datos sobre su paradero, lo que incrementa la incertidumbre y el sufrimiento de sus seres queridos.
A 20 días de su detención, el paradero de José Riera sigue siendo desconocido. Su familia teme por su integridad física y su vida, especialmente porque requiere medicación permanente para la hipertensión arterial y cuadros alérgicos.
Riera es descrito como un hombre trabajador, padre de familia y activista opositor, reconocido por su compromiso comunitario. Según sus allegados, es pacífico y dedicado a su hogar, y no ha cometido ningún delito.
Exigencias al Estado venezolano
Informar de inmediato las razones y lugar de detención, y proceder a su liberación inmediata. Garantizar su integridad física, psicológica y emocional. Permitir el acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica urgente. Iniciar una investigación independiente sobre su detención y desaparición. Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la prohibición absoluta de la desaparición forzada.
Asimismo, el Comité alertó a organismos de Naciones Unidas y solicitó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pronunciarse sobre este caso y otros en situación similar, como el de Nancy Camacaro (18 días desaparecida) y Rory Branker, periodista de La Patilla, desaparecido desde hace meses por su labor informativa.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y cuya responsabilidad recae directamente sobre el Estado.
