Fuente original: Efecto Cocuyo. – En Venezuela, 12 de 103 mujeres presas políticas enfrentan problemas de salud críticos por las condiciones de reclusión y falta de atención médica, lo que ha generado llamados a su liberación humanitaria.
En Venezuela, 103 mujeres permanecen detenidas por motivos políticos. La situación de al menos una docena de ellas es crítica: padecen graves problemas de salud que empeoran continuamente debido a las deficientes condiciones de reclusión y la falta de atención médica adecuada.
Efecto Cocuyo recibió de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) un listado documentado con los nombres de 12 mujeres privadas de libertad cuya salud es altamente vulnerable y requieren atención urgente.
Ya en agosto de 2024, la ONG había advertido sobre la crítica situación de 60 presos políticos (50 hombres y 10 mujeres) en Venezuela que padecían enfermedades «muy graves» . La organización señaló que esta cifra podría ser superior si se incluye a los reclusos con padecimientos crónicos como hipertensión o diabetes. El informe subraya que estas personas no estaban recibiendo la atención médica requerida, lo que pone en riesgo sus vidas, debido a las precarias condiciones de reclusión.
La organización detalló que al menos cinco presos políticos tenían diagnóstico de cáncer en etapa avanzada que requiere atención de urgencia. Estos casos oncológicos incluyen a un militar con adenocarcinoma de próstata y tumor en la tiroides y a un civil diagnosticado con un tumor en la cabeza del páncreas, cirrosis hepática y diabetes.
El listado documenta que 21 personas sufren de insuficiencia renal, complicaciones múltiples o condiciones que requerían intervenciones quirúrgicas complejas.
¿Quiénes son las mujeres con problemas de salud?
🟣 Yosida Vanegas de Monasterios de 68 años de edad, se encuentra actualmente detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina ( Inof ), donde sufre un grave deterioro de su salud. Vanegas padece múltiples condiciones: una enfermedad cardiovascular, así como artrosis, mareos y problemas intestinales, y está «prácticamente desamparada» en el centro de reclusión.
Fue detenida el 15 de agosto de 2023 en el estado Táchira y posteriormente trasladada al Inof, en Los Teques, estado Miranda, tras ser acusada sin orden judicial por ser la madre de un militar considerado preso político, lo que organizaciones de derechos humanos denuncian como una forma de persecución a familiares. Su hija ha exigido su liberación inmediata y también ha alertado sobre la crítica situación médica de su madre.
🟣Andreína Alemán Castellanos, de 41 años, padece de problemas de salud en el Inof, donde está presa desde el 21 de abril de 2020. La mujer presenta enfermedades como colitis aguda, infección por bacterias estomacales con dolor intenso, diarrea, abscesos generalizados, fiebre recurrente y sangrado en la orina, agravados por la falta de atención médica adecuada en condiciones penitenciarias precarias.
Alemán cumple una condena de 21 años de prisión por presunta participación en la fallida Operación Gedeón, un supuesto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro; sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que su detención es arbitraria y se debe únicamente a su parentesco con su hermano, el teniente Richard Alemán, también preso político.
🟣Emirlendriz Benítez,de 44 años, enfrenta una situación de salud en el Inof, donde está presa desde el 4 de agosto de 2018, tras ser acusada de ser participe del fallido magnicidio contra Nicolás Maduro. Padece problemas neurológicos como hernia en la columna vertebral, dolores de cabeza diarios, hinchazón generalizada, mitad de la cara inflamada, choques de tensión arterial, párpado caído y movilidad limitada que la obliga a usar silla de ruedas debido a torturas previas, agravados por la falta de atención médica especializada en condiciones penitenciarias precarias, lo que ha motivado demandas de liberación humanitaria por organizaciones de derechos humanos.
Fuentes familiares señalaron a Efecto Cocuyo que la situación persiste desde hace un año y medio: no se ha permitido el traslado a un centro de salud para una cirugía que se requiere con urgencia.
🟣Rocio San Miguel, de 59 años y detenida desde el 9 de febrero de 2024 en El Helicoide, por presunta conspiración contra Nicolás Maduro, sufre una fractura en el hombro derecho que le ha inmovilizado el brazo.
Su salud se agravó debido a la falta de atención médica especializada y las precarias condiciones de detención. A pesar de la urgencia de una cirugía, no ha sido trasladada a un centro de salud, una situación que persiste desde hace más de un año.
Organizaciones de derechos humanos exigen su liberación humanitaria.
🟣Dignora Hernández, de 56 años de edad, dirigente de Vente Venezuela, fue detenida violentamente en marzo de 2024 y se encuentra presa en El Helicoide acusada de conspiración. Enfrenta una complicación de salud caracterizada por hipertensión y alergias severas, las cuales le provocan angioedema, urticaria y rosetones generalizados.
Sus padecimientos se agravaron debido a las condiciones de detención precarias y la falta crónica de atención médica especializada; de hecho, su familia denuncia que la urgencia de recibir tratamiento y el traslado a un centro de salud ha sido denegada durante un año.
🟣Naomi Arnaudez, activista y abogada venezolana, fue detenida de manera arbitraria en su domicilio de Caracas en la madrugada del 23 de mayo de 2025. Al momento de su arresto por funcionarios no identificados, se reportó que padecía un cuadro febril que podría corresponder a dengue. JEP señala que tiene complicaciones dermatológicas.
🟣María Isabela García, detenida arbitrariamente en agosto de 2024, sufre de epilepsia y ha sufrido convulsiones mientras se encuentra en prisión. Organizaciones de derechos humanos han denunciado su grave situación de salud, exigiendo su liberación.
García fue arrestada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Apure tras las elecciones presidenciales de 2024.
🟣Olvany Marián Gaspari Bracho, modelo e influencer venezolana, se entregó voluntariamente a las autoridades en abril de 2023 en el marco de la investigación por la trama de corrupción «PDVSA-Cripto», debido a su presunta vinculación con el exdiputado Hugbel Roa; ella grabó un video en el que defiende su inocencia y solicita una investigación a fondo.
Aunque su caso está directamente relacionado con una trama de corrupción económica, JEP ha señalado que la detenida padece una complicación de salud a nivel renal, lo que ha añadido una preocupación humanitaria a su situación judicial.
🟣Dinnora Rodríguez, dirigente política del municipio Turén, estado Portuguesa, fue detenida por la Policía Estadal el 18 de marzo de 2025, tras participar en una reunión. JEP ha señalado que la detenida sufre una complicación de salud relacionada con la cardiología.
🟣María Elba Delgado de Rodríguez, madre de una activista, fue denunciada como secuestrada por el partido Voluntad Popular el 8 de enero de 2025 en el estado Aragua. La denuncia señala que la detención fue ejecutada por la DAET de la PNB, quienes también robaron su vehículo, y posteriormente fue acusada de terrorismo. La ONG JEP ha señalado que la detenida sufre una complicación reumatológica.
🟣Lurba Rojas, concejal zuliana y coordinadora de Voluntad Popular en Rosario de Perijá, estado Zulia. Fue detenida por la PNB el 21 de marzo de 2025 al salir de la Cámara Municipal, bajo acusación de presunta «incitación al odio», luego de presentar su informe de Memoria y Cuenta. Rojas fue interceptada y trasladada posteriormente al Sebin en Maracaibo, con informes que indican que tenía una orden de captura previa para promover el desconocimiento de los resultados electorales. JEP señaló que la concejal padece una complicación gastroenterológica.
🟣Carmen Rafaela Salazar, una educadora, detenida el 9 de enero de 2025, en el estado Yaracuy, también se encuentra en un complicado de salud tras padecimientos relacionados a afecciones cardiovasculares, según señala el listado que Justicia, Encuentro y Perdón envió a Efecto Cocuyo.
