Este 28 de abril en la sede del Ministerio Público ubicada en Parque Carabobo, Caracas familiares denunciaron que el Fiscal General se negó a recibir la denuncia formal que intentaron consignar
Gabriela Buada Blondell/ Caleidoscopio Humano Un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela tomó la plaza Parque Carabobo, ubicada frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas para exigir a esa institución, coherencia en cuanto a los mismos derechos que reclama en El Salvador para con sus seres queridos que viven a diario violaciones.
Este 28 de abril desde las 10 am se apostaron frente al Ministerio Público para alzar sus voces y exigir garantías de los derechos fundamentales de los presos políticos en Venezuela: los mismos que esta institución solicitó recientemente a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de El Salvador para los migrantes venezolanos.
Madres, familiares, amigos y defensores exigieron respuestas y convocaron a nuevas acciones, a dos meses de haber consignado formalmente denuncias y exigencias dentro de lo que han denominado «La ruta por la justicia» que cumplió un mes de haber sido emprendida y que hoy denuncian que la situación de los presos políticos sigue marcada por tratos crueles e inhumanos y graves violaciones a los derechos humanos.
La protesta comenzó con una caminata alrededor de la plaza coreando «no son terroristas», acusación penal que se ha incluido en la mayoría de los casos de detenidos tras las elecciones presidenciales.
Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que ya han transcurrido tres meses en los que no ha podido ver a su hermano. «Debo decir que su vida se está consumiendo sin atención».
Carol Figueredo, esposa del preso político Pedro Guanipa, denunció que su ser querido lleva ocho meses de detención arbitraria y en aislamiento en el Sebin Helicoide. «Deben tener coherencia y garantizar los derechos humanos de todos los detenidos en Venezuela».
Sairam Rivas, activista de derechos humanos y parte del Comité de Familiares, dijo que no ha podido ver o tener comunicación con su pareja, Jesús Armas desde el momento de su detención.
«Vamos a iniciar un nuevo ciclo de protestas entre el 5 y 9 de mayo y seguiremos exigiendo conformación de mesas de diálogo», afirmó.
El grupo de familiares consignó por décima vez una comunicación en el Ministerio Público, para exigir la libertad de todos los detenidos por razones políticas en el país y respeto por sus #DDHH, recordando que quedan detenidas más de 200 personas por motivos políticos. Sin embargo, el fiscal general, Tarek William Saab, “dio órdenes” de que no les reciban un documento.
El Ministerio Público está en el deber de investigar las denuncias por escrito y comunicacionalmente. La negativa representa otra violación de derechos humanos públicamente efectuada.
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