Fuente original. – CRÓNICA UNO. –
Este mes de mayo se cumplen seis años de la detención de los ciudadanos vinculados a la Operación Gedeón, una presunta incursión marítima para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y cuyos acusados son sometidos a aislamiento y tortura, de acuerdo con la denuncia de sus familiares.
Caracas. A seis años de aquel mayo de 2020, cuando las costas de Macuto y Chuao se convirtieron en el escenario de una presunta incursión marítima, el caso de la Operación Gedeón es un peso para los familiares de los ciudadanos implicados en esa causa, quienes siguen tras las rejas sometidos a aislamiento, torturas y tratos crueles, que denuncian reiteradamente sus familiares.
El grupo, recluido en su mayoría en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda, donde se encuentran 32 de ellos, está compuesto por civiles y militares sometidos a expedientes “plagados de irregularidades” y al deterioro físico extremo causado por las condiciones de prisión, según sus familias.
El contexto de su detención se mantiene bajo la sombra de la duda razonable. Mientras el Estado venezolano los condenó por delitos de terrorismo, rebelión y conspiración, organizaciones como el Foro Penal insisten en que a muchos de ellos se les capturó sin armamento ni uniformes, lo cual vulnera su derecho al debido proceso desde el primer día.
La narrativa judicial, que impuso sentencias de hasta 30 años de prisión en algunos casos, se cimentó en gran medida sobre confesiones obtenidas bajo coacción, según denuncian sus abogados, quienes subrayan que a los detenidos se les impidió contar con defensa de confianza hasta bien entrada la etapa de juicio.
Para los familiares, el proceso ha sido una carrera de obstáculos marcada por la opacidad. Las madres y esposas relatan un patrón de aislamiento que, en ocasiones, superaron los seis meses sin fe de vida ni contacto telefónico.
“Ellos de verdad están en el peor centro de detención (…) pasaron seis meses de tortura, de castigo, donde no dejaron que los familiares los vieran, pasaron hambre, los mantuvieron 15 días desnudos, comían luego cuatro o cinco días”, relató a Crónica Uno Mónica Pulido, esposa de Justo Daza, uno de los detenidos por la causa Gedeón.
Sin Amnistía
Los relatos coinciden en un cuadro clínico alarmante: desnutrición severa, piel pegada a los huesos, pupilas dilatadas y una desorientación psicológica, que sugiere que el encierro trascendió el castigo físico para buscar el quiebre mental.
Mientras que en diciembre de 2023 los estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, fueron liberados en un canje diplomático entre Caracas y Washington, el resto de los venezolanos implicados en esta causa, que se calculan en más de 80, vio cómo sus juicios se estancaron y sufrieron traslados a centros penitenciarios de régimen estricto como El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro.
A ninguno de los implicados en esta causa se les concedió el sobreseimiento de sus casos a través de la Ley de Amnistía y hoy las familias esperan un indulto que les conceda el perdón y la libertad.
“La amnistía estuvo creada para dejar por fuera este caso en específico, pero seguimos luchando, queremos un indulto, si no es la amnistía será un indulto, pero que nos den la libertad de todos (…) Todos los días amanecemos con una esperanza”, dijo Pulido.
Kendy Daza, hermana de Justo, consideró la exclusión de los “gedeones” como una injusticia y recordó que muchos de los detenidos no tienen relación con el caso, como su hermano, vinculado por vender un vehículo que presuntamente usarían en la operación militar.
Los familiares de los detenidos por esta operación insisten en que si Hugo Chávez llegó a ser presidente tras un indulto por un golpe militar, los de la causa Gedeón pueden obtenerlo, al considerar las condiciones de reclusión.
“¿Qué hizo Chávez? Él también se reveló, en ese caso hubo muertos y ahora ellos (el Gobierno) dicen que son unos mercenarios, pero ellos no tienen las manos manchadas de sangre”, dijo Francis Quiñonez, madre del sargento segundo Jhonatan Franco, quien insistió en que sin importar el recurso legal del que se valgan, deben liberarlos.
Libertad para la transición
Quiñonez insistió en que no puede haber cambio político en el país o una transición sin que los más de 454 presos políticos que siguen tras las rejas, según cifras del Foro Penal, queden en libertad.
Además, los familiares sostienen que la condiciones de reclusión y la exclusión expresa de sus casos de la Ley de Amnistía es una muestra de la retaliación contra estos detenidos.
