El Día de las Madres en Venezuela este año no es una celebración, sino un recordatorio del costo humano de la impunidad. El país recibe esta fecha marcada con el rostro de Carmen Navas, quien, tras 16 meses de búsqueda incansable, descubrió que el Estado le ocultó la muerte de su hijo mientras simulaba un proceso judicial activo. Su tragedia se entrelaza con un panorama nacional crítico: denuncias de tortura sistemática ante la CIDH, una crisis eléctrica que alcanza récords históricos y una pobreza multidimensional que asfixia al 55 % de la población
Emmanuel Rivas / Caleidoscopio Humano
La historia de Carmen Navas, de 82 años, es el rostro de una crisis que trasciende lo individual. Mientras ella exige respuestas sobre la muerte bajo custodia del Estado de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas —quien fue enterrado en secreto por las autoridades en julio de 2025—, el sistema institucional venezolano enfrenta un escrutinio internacional sin precedentes. Más de una decena de exfuncionarios de PoliChacao testificaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relatando los horrores sufridos en «El Helicoide» que confirman un patrón de violencia de Estado sistemático.
Este escenario coincide con un deterioro acelerado de la calidad de vida de los venezolanos, quienes, lejos de bailar en las calles o estar felices como lo afirmó el presidente estadounidense Donald Trump, siguen exigiendo respeto a sus derechos humanos. De acuerdo con la ENCOVI 2025, la precariedad no es solo económica, sino estructural, con un sistema educativo que ha perdido a 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes y una red eléctrica que, según el propio gobierno, opera al límite de su capacidad bajo «maniobras» de emergencia.
Una madre que nunca perdió la esperanza de volver a abrazar a su hijo
Este Día de las Madres en Venezuela tiene un sabor amargo para los venezolanos. Carmen Navas, una madre de 82 años, se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la crueldad en Venezuela tras buscar incansablemente a su hijo, Víctor Hugo Quero, durante 16 meses. Carmen recorrió cárceles, comisarías y tribunales, enfrentó burlas de funcionarios y amenazas mientras exigía fe de vida de su hijo detenido por la DGCIM.
Después de 16 meses buscando una respuesta, el 7 de mayo fue informada de que su hijo llevaba meses muerto y que fue enterrado en secreto, mientras el sistema judicial seguía simulando un proceso activo. A pesar del agotamiento y su dolor, Carmen Navas ha alzado la voz para desmentir la versión oficial del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que alegó una supuesta ausencia de familiares. Ella exige saber la fecha y causa exacta del deceso, cuestionando la impunidad de la cadena de mando que le ocultó la verdad.
La lucha de esta madre trasciende su tragedia personal, pidiendo la libertad para todos los jóvenes que siguen presos en los calabozos del país. Su caso ha expuesto la falta de humanidad de las instituciones y la persistencia de las torturas en centros como El Rodeo 1.
Hoy, Día de las Madres, el clamor de Carmen Navas no es solo para exigir justicia para Víctor Hugo, sino que se convierte en una voz que se alza en contra de la desaparición forzada, el sufrimiento y la revictimización de las familias de los presos políticos venezolanos.
Policías denunciaron torturas y tratos crueles ante la CIDH
El pasado 6 de mayo, un grupo de 14 policías de PoliChacao relataron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los tratos crueles y torturas de los que fueron víctimas tras ser detenidos y señalados en 2016 de ser los presuntos responsables del asesinato del periodista de Venezolana de Televisión, Ricardo Durán.
Estas audiencias, que marcan un precedente en la justicia internacional contra el gobierno de Venezuela, dejaron al descubierto -una vez más- el patrón de torturas implementado por el Estado venezolano, señalando directamente a altos funcionarios como el actual ministro Gustavo González López, quien, para ese momento, estaba al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Uno de los testimonios recogidos fue el de los exfuncionarios Ángel Alfonso Sánchez y Venus Medina, quienes relataron las torturas sufridas en el centro de detención «El Helicoide», gestionado por el SEBIN, y que incluyen descargas eléctricas, asfixia y violencia física.
Venus Medina también denunció la forma en que sus derechos como mujer fueron vulnerados a través del hacinamiento, la falta de higiene menstrual y el castigo en celdas sin intimidad frente a los custodios.
Se profundiza la crisis eléctrica
El Gobierno venezolano informó, el pasado jueves 7 de mayo, sobre un “nuevo récord histórico” en la demanda eléctrica nacional, alcanzando 15.579 megavatios (MW), la cifra más alta en los últimos nueve años, atribuyendo este aumento a las altas temperaturas y al “crecimiento de la actividad económica”.
En un comunicado, difundido a través de los canales oficiales, el gobierno informó que estaban realizando “maniobras” para estabilizar el sistema eléctrico venezolano y prohibió la minería digital; además, destacó que se ejecutan “importantes inversiones estratégicas” en la infraestructura eléctrica, aunque no precisó cuáles, con el objetivo de fortalecer la capacidad de generación a mediano y largo plazo.
55 % de los venezolanos viven en pobreza multidimensional
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025), presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el pasado 7 de mayo, reveló que el 55 % de la población venezolana vive en pobreza multidimensional, con un 31,7 % en pobreza extrema. Aunque la pobreza de ingresos bajó al 68,5%, persiste un estancamiento en el bienestar social de los ciudadanos, una profunda crisis en servicios públicos y una baja participación laboral, especialmente de mujeres.
La Encovi además denunció que cerca de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes abandonaron sus estudios y que de los 11 millones de NNA en edad escolar, solo 7.1 millones están escolarizados; destacando que esta inasistencia escolar está marcada por la crisis de servicios públicos que se vive en el país.
“Venezuela no se debe preocupar por el hantavirus”
De acuerdo con el infectólogo Julio Castro, la variante Andes del hantavirus no representa una amenaza de pandemia global similar a la COVID-19 debido a su baja eficiencia de transmisión. Mientras que otros virus se propagan fácilmente por el aire, el hantavirus requiere de un contacto físico estrecho y prolongado para saltar de una persona a otra, limitando los brotes al entorno familiar o médico. Además, Castro explica la paradoja de su alta letalidad: con una tasa de mortalidad del 30 %, el virus incapacita al paciente tan rápido que este deja de circular, provocando que el brote se «queme» y se extinga rápidamente al no encontrar nuevos huéspedes.
En cuanto al contexto regional, el especialista destaca que países como Argentina tienen amplia experiencia en el manejo de esta cepa, mientras que en Venezuela no existen indicios de riesgo actual, más allá de casos aislados ocurridos hace años.
Castro enfatizó que, dada la ausencia de un medicamento específico, la clave para sobrevivir se encuentra en un soporte vital temprano, sobre todo a través de la ventilación mecánica y la hidratación, con el fin de combatir las complicaciones respiratorias y renales que afectan a cerca de la mitad de los pacientes infectados.
Las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostiene que estos casos no serían hechos aislados, sino parte de un «esquema de violaciones sistemáticas» de derechos humanos en centros de reclusión, que incluiría «tortura, negación de atención médica y omisiones de carácter humanitario».
