Stefanny Aguirre/abogado, investigadora de Caleidoscopio Humano y líder emergente de MonitorDescaVe
(28-05-2024) En Venezuela, el derecho fundamental al acceso a la justicia se ve empañado por la incapacidad del Estado para atender las denuncias de mujeres víctimas de violencia basada en género (VBG).
Mayo ha sido un mes marcado por noticias que evidencian los riesgos que enfrentan las mujeres y la impunidad que persiste en este tipo de delitos.
Las cifras son alarmantes: el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz registró 6 femicidios consumados y 2 en grado de frustración durante la primera semana de mayo, lo que equivale a una acción femicida cada 21 horas.
El caso de Rebeca García ejemplifica la debilidad del sistema judicial. Las víctimas denunciaron a la agresora hace 7 años, sin obtener respuesta. Solo tras la viralización del caso en redes sociales, un fiscal conocido por atender casos virales inició un proceso de investigación y solicitó la captura de la mujer y su hermano.
Lamentablemente, las víctimas de VBG no solo enfrentan la violencia en sí misma, sino también la revictimización en el sistema judicial. La falta de sensibilidad y la ausencia de protocolos adecuados para atender este tipo de delitos, generan un clima de impunidad que protege a los agresores y desalienta a las víctimas a denunciar.
A pesar de la existencia de leyes que protegen a las mujeres en Venezuela, la realidad es que en la práctica estas leyes no se traducen en una protección efectiva.
Las víctimas se encuentran con obstáculos en el acceso a la justicia, barreras institucionales y una cultura que aún no está sensibilizada ante la gravedad de la VBG.
La lucha contra la VBG es responsabilidad de todos como sociedad.
Es necesario que el Estado, las organizaciones civiles, los medios de comunicación y la ciudadanía en general trabajen en conjunto para crear un entorno donde las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación y de roles de género que sigan agudizando y profundizando la violencia.
Solo con un compromiso real y acciones concretas por parte del Estado podremos garantizar que el derecho del acceso a la justicia no sea un privilegio para las mujeres, sino una realidad que las proteja y les permita vivir una vida digna y segura.
