Aunque uno de los detenidos en el operativo “Mano de Hierro” fue el fiscal superior de Bolívar, Manoel Gil Da Silva, desde hace más de tres años en la entidad se han denunciado irregularidades en el despacho de combustible en las estaciones de servicio, así como su desvío hacia las zonas mineras.
(03-02-2022). Las recientes detenciones de altos funcionarios por tráfico de combustible en Bolívar son la punta del iceberg de más de tres años de denuncias de corrupción en las diferentes estaciones de servicio, así como el desvío de gasolina y gasoil hacia las zonas mineras del estado.
Los arrestos del alcalde del municipio Independencia del estado Anzoátegui, Carlos Vidal, y el fiscal superior de Bolívar, Manoel Gil Da Silva, junto con otros funcionarios militares, pudiesen estar relacionados a las muchas irregularidades que han ocurrido en la entidad, pero también son vistas como un pase de factura dentro de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Presuntamente, el alcalde, el fiscal y demás implicados permitían el tráfico de combustible desde una estación de Soledad (Anzoátegui) hacia las minas del sur de Bolívar.
Desde 2018, cuando el desabastecimiento de gasolina comenzó a acentuarse, habitantes de El Callao y Sifontes afirmaron en cada denuncia que “en las minas no falta la gasolina”.
«Las gandolas que van hacia el sur del estado ni siquiera van hacia las estaciones de servicio, sino a las alianzas mineras. Una gandola antes costaba un kilo de oro, unos 39 mil litros, hoy puede costar hasta dos kilos de oro«.
Rachid Yasbek, coordinador de Primero Justicia en Bolívar
Mientras eran testigos de cómo las cisternas transitaban hacia esas zonas, en el pueblo de El Callao y Roscio llegaron a pasar seis meses sin gasolina en las estaciones de servicio.
En Gran Sabana, por ejemplo, era más fácil y hasta más económico abastecerse de gasolina en Pacaraima, Brasil.
Pero los reclamos no eran solo del desvío a las minas, sino de la reventa de combustible. El depender del cronograma de la ZODI para surtir según terminal de placa, termina por limitar al conductor a abastecer su vehículo una vez por mes; incluso llegaron a pasar hasta 45 días para despachar a cada par de placas.
Cada litro de gasolina se vendía hasta en 4 dólares, sobre todo en aquellos días donde no había despacho en ninguna estación. Actualmente oscila entre 1.5 y 2.5 dólares.
Además, en las colas las denuncias de los conductores también apuntan a los militares encargados de las estaciones de servicio por presuntamente cobrar 10 y 20 dólares para pasar vehículos sin hacer las largas colas de días.
“Esas detenciones se hicieron apenas por una estación de servicio en Soledad. Imagina si revisan toda la mafia que tienen en Bolívar. Tienen que meter presos también a los que participaron en esa corrupción desde que empezó este problema, no solo a los que están ahorita y que fueron los que cayeron”, dijo un afectado que anteriormente denunció a Correo del Caroní las penurias por pasar hasta tres días en una cola por 30 litros de gasolina.
Gasolina por oro
En Tumeremo, municipio Sifontes, no hay despacho de gasolina en estaciones de servicio, pero las motos y demás vehículos se abastecen según la cantidad de oro que tengan.
“Aquí todo el mundo tiene gasolina. Tienes tus gramas de oro y compras directamente a la CVM (Cámara Venezolana de Minería). Y eso se normalizó porque andamos tranquilos y hay movimiento en los comercios”, comentó un habitante de Tumeremo.
En agosto de 2020, a través del Observatorio Popular del Combustible, el partido Primero Justicia presentó un balance del monitoreo hecho en cada estado.
«Esto que está ocurriendo hoy es simplemente un reacomodo. Si quisieran resolver el problema de la gasolina, del tráfico de oro, el del gas, no es solamente poniendo preso a uno que otro responsable para poder garantizar la rotación del personal en medio de la corrupción”.
Américo De Grazia, dirigente de la plataforma Guayana Libre
El coordinador de Primero Justicia en Bolívar, Rachid Yasbek, denunció entonces que “las gandolas que van hacia el sur del estado ni siquiera van hacia las estaciones de servicio, sino a las alianzas mineras. Una gandola antes costaba un kilo de oro, unos 39 mil litros, hoy puede costar hasta dos kilos de oro. Estas alianzas venden la gasolina en las poblaciones del sur entre 2 y 3 dólares por litro”.
Con las recientes detenciones, Yasbek ve positivamente que se enfrente la corrupción en el tema de la gasolina.
“Eso es apenas la punta del iceberg porque aquí sabemos quiénes son los que manejan el combustible en el estado Bolívar, y cruzando el norte del Orinoco no hay ningún problema. El desvío se ve que no solo es hacia el sur del país, sino que estaciones del sur de Bolívar ni siquiera son surtidas, han venido desapareciendo con el tiempo. En el kilómetro 88, la estación de servicio tiene años cerrada; en Tumeremo ni siquiera se surte, y en El Callao una o dos veces al mes desde que está en sus acciones el alcalde Coromoto Lugo”, afirmó.
“Esperamos que sea el momento de que se empiecen a desenmascarar todas las mafias. Es lamentable que jóvenes se presten para esa jugada, sobre todo en un puesto de envergadura como ser el fiscal superior de un estado, o que sean alcaldes. Ojalá esta operación que ellos la han denominado manos de hierro, siga en proceso y se siga haciendo este tipo de aprehensiones, y que no solo sea por la presión de la Corte Penal Internacional, sino que sea una política de Estado”, sostuvo.
En agosto de 2021, el informe del Consejo Ciudadano por el Combustible creado por la Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela denunciaba que la escasez de gasolina es una mina para la corrupción, el mercado negro y conflictos que agobian a la población.
Reacomodo de la corrupción
Para el dirigente de la plataforma Guayana Libre, Américo De Grazia, estas detenciones de altos funcionarios no son más que pases de facturas internos en el oficialismo. Lo define como un “reacomodo de la corrupción”.
“Esto que está ocurriendo hoy es simplemente un reacomodo. Si quisieran resolver el problema de la gasolina, del tráfico de oro, el del gas, de las cabillas cuando la hubo, no es solamente poniendo preso a uno que otro responsable para poder garantizar la rotación del personal en medio de la corrupción, sino con el cambio de modelo que de alguna manera estamos impulsando y proponiendo”, aseguró.
De Grazia hizo énfasis en la necesidad de desmonopolizar los poderes para combatir realmente la corrupción en Venezuela.
“El Estado no puede ser el productor de la gasolina, el distribuidor de la gasolina y el comercializador de la gasolina. Mientras esos tres elementos cohabiten, tendremos colas, corrupción. Eso se tiene que acabar y hay metodologías para hacerlo, lo que no hay es la voluntad política para hacerlo”.
De acuerdo con Tarek El Aissami, vicepresidente de Área Económica, los 13 implicados serán imputados por el Ministerio Público por los delitos de terrorismo, contrabando agravado, peculado doloso, corrupción propia y agravada y asociación para delinquir.
Manoel Gil Da Silva fue designado fiscal superior del estado Bolívar el 16 de enero de 2020, en sustitución de Orlando Alcalá. Anteriormente se desempeñó como fiscal octavo provisorio con competencia nacional. En 2019 participó en el allanamiento a la residencia de la activista de derechos humanos, Tamara Suju.
Aunque oficialmente no se ha informado sobre quién sustituirá a Gil Da Silva, se menciona el nombre de Luis Roa, fiscal provisorio del área metropolitana de Caracas.
Este lunes, El Aissami dio a conocer sobre un nuevo arresto. Esta vez del fiscal superior de Delta Amacuro, Jorge Peña, por presuntamente también estar involucrado con el contrabando de gasolina. Según El Aissami, “Peña era cómplice de la red delincuencial para desviar la gasolina del pueblo”. También aprehendieron al funcionario de Pdvsa, Juan Carlos Barragán.
