07/06/2023. Clima21
Acogiendo con beneplácito, el desarrollo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido cómo Acuerdo de Escazú, aprobado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica.
Profundamente convencidos de que el medio ambiente sano es un derecho humano fundamental del individuo y el colectivo, por tanto, debe ser prioridad del Estado su preservación y mantenimiento a través del desarrollo de políticas públicas y normativas sensibilizadas,
Considerando, que el acceso y divulgación a la información pública, incluida la ambiental, es un derecho humano reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos instrumentos vinculantes para el Estado Venezolano,
Considerando, además, que es un deber del Estado venezolano asegurar los mecanismos legales para que el público pueda recurrir o manifestar inconformidad en toda materia, incluidos asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso,
Recordando el deber que tiene el Estado venezolano de promover la participación abierta e inclusiva del público, especialmente de los individuos y grupos en situación de vulnerabilidad en las materias de interés público tales como los asuntos ambientales
Sumamente preocupados por la situación de los defensores de los Derechos humanos en Venezuela, y en específico aquellos que dedican su vida y profesión a la atención de las poblaciones indígenas y la preservación de sus territorios y hábitats,
Las organizaciones de la sociedad civil adheridas a esta declaración conjunta dirigida al Estado venezolano, declaramos:
- Invitamos al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma inmediata el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
- Recomendamos la adopción de medidas de derecho interno necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información ambiental, acceso a la justicia ambiental, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales.
- Exhortamos al Estado venezolano respetar y con ello, generar mecanismos de prevención, investigación y sanción de ataques, amenazas o intimidaciones dirigidas a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos los líderes y lideresas de los pueblos indígenas
- Solicitamos la publicación de información transparente, certera y accesible sobre la situación de la minería ilegal y la presencia de grupos armados irregulares en la Amazonía venezolana, con el objetivo de desarrollar mecanismos de respuesta inmediata para la seguridad y preservación de los pueblos indígenas de la zona y sus territorios ancestrales, así como de otros temas relacionados con derrames petroleros, calidad del agua, tasas de deforestación del país, niveles de contaminación del ambiente y otros necesarios para cumplir con el derecho constitucional a una vida y un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
- Demandamos la investigación de forma inmediata del asesinato del guardián territorial y líder indígena Virgilio Trujillo, y con esto inicie el proceso judicial correspondiente en contra de los responsables.
Para suscribir el siguiente comunicado haga clic en el siguiente enlace https://bit.ly/3Nz1NeW
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