La ONG advirtió que el año pasado falta de transparencia en la justicia, impacto en el espacio cívico por restricciones e irregularidades electorales
La organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia denunció el martes 6 de octubre que la crisis institucional del país es estructural y no coyuntural debido a que se evidencia en el avance de medidas que restringen el espacio cívico, vulneran las garantías electorales y debilitan las garantías frente a la impunidad.
“El país transita por un escenario signado por crecientes restricciones a la sociedad civil, opacidad judicial, el uso de instrumentos legales que ha contribuido a limitar derechos y una persistente falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo”, precisó en su informe anual de 2025 difundido el martes 6 de octubre en su página web.
Tras la aprobación el año pasado de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, conocida como Ley Antisociedad, la ONG apuntó que el espacio cívico también se vio impactado.
La organización aseguró que la exigencia de requisitos no previstos en la ley impidió que las organizaciones de derechos humanos lograran registrarse y que solo cerca del 20 % de las ONG de carácter humanitario o mixto pudiera hacerlo.
Irregularidades en procesos electorales de 2025
Acceso a la Justicia denunció que las elecciones municipales, regionales y legislativas desarrolladas en 2025 presentaron irregularidades relevantes. Entre las que mencionaron figuran la ausencia de cronogramas oportunos, el adelanto de comicios antes del vencimiento de mandatos, el cierre intempestivo del registro electoral y amenazas a los candidatos.
En 2025, el Legislativo también anunció una reforma constitucional sobre la cual no se publicó información oficial, esto aumentó el temor porque se fuera a continuar desmantelando el Estado de derecho en el país.
Por otro lado, la ONG recordó que también se promulgaron tres decretos de emergencia económica, que le permitieron al Ejecutivo tener facultades para modificar el presupuesto, asumir endeudamiento sin la aprobación de la AN, centralizar en el Tesoro nacional la recaudación de tributos estadales y municipales e imponer exoneraciones.
Falta de independencia judicial en Venezuela
Acceso a la Justicia indicó que en 2025 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reportó la emisión de 6.292 sentencias con una tasa de resolución del 130,5 %. Sin embargo, debido a la falta de datos la ONG no pudo revisar el desempeño real y constató que muchas de estas decisiones eran de mero trámite y no cerraban expedientes.
Asimismo, la organización reveló el afianzamiento de la vulnerabilidad de los jueces, dado que la Comisión Judicial nombró a 764 de ellos sin concursos de oposición públicos.
En cuanto a la justicia internacional, el informe reveló que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró en diciembre de 2025 su oficina en Caracas ante la ausencia de avances concretos por parte del Estado en materia de complementariedad.
“El deterioro del Estado de derecho no es solo un debate técnico o jurídico ni una discusión abstracta; afecta directamente la vida cotidiana de la ciudadanía. Sin jueces independientes ni garantías procesales, no existe una instancia imparcial a la cual acudir cuando se vulneran los derechos fundamentales de una persona”, aseguró Acceso a la Justicia.
