A través de un escrito de amicus curiae, las organizaciones sostuvieron que las inmunidades de funcionarios extranjeros no deben impedir la investigación de delitos internacionales y argumentaron que el rango militar de los señalados no les otorga inmunidad personal
FUENTE ORIGINAL: EL NACIONAL. –
Siete organizaciones de derechos humanos instaron a la justicia argentina a permitir que continúe una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al advertir que las inmunidades de funcionarios extranjeros no deben convertirse en impedimento para investigar delitos internacionales. La solicitud fue presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que examina el alcance de estas protecciones jurídicas en el proceso.
La petición se produjo después de una audiencia celebrada el 7 de octubre y fue formalizada dos días después mediante escrito de amicus curiae, figura que permite a terceros aportar argumentos relevantes para la resolución de un caso. Las organizaciones buscan que el tribunal descarte la aplicación de inmunidades que a su juicio podrían obstaculizar el avance de las actuaciones judiciales.
El documento fue suscrito por Redress, Legal Action Worldwide (LAW), Partners in Justice International, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Alerta Venezuela y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).
Uno de los argumentos centrales de la presentación es que el rango militar de los funcionarios señalados no les concede inmunidad personal. Las organizaciones recuerdan que esta protección se reconoce, mientras ejercen sus funciones, a una categoría limitada de autoridades: jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores.
El debate se concentra, por tanto, en la inmunidad funcional, vinculada con los actos realizados en el ejercicio de un cargo oficial. Sobre este punto, las ONG sostienen que la práctica de Estados y las decisiones de tribunales nacionales respaldan la exclusión de esa protección cuando se investigan delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Para sustentar su posición, el escrito recoge antecedentes judiciales de Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, España y Suecia, entre otros países, donde funcionarios extranjeros han sido investigados, procesados o condenados por crímenes internacionales. También cita una decisión del máximo tribunal francés de julio de 2025, que reconoció la existencia de una práctica estatal significativa favorable a excluir la inmunidad funcional en casos de esta naturaleza.
La jurisdicción universal, en el centro del debate
La resolución que adopte la justicia argentina podría tener implicaciones para futuras investigaciones sobre crímenes internacionales cometidos fuera del territorio del país. Las organizaciones consideran que el proceso representa una oportunidad para reafirmar que las inmunidades no deben impedir la rendición de cuentas ni privar a las víctimas de mecanismos efectivos para obtener justicia.
Como antecedente, el documento menciona la causa por presuntos crímenes contra la población rohinyá en Myanmar. En febrero de 2025, un juez argentino emitió órdenes de detención contra más de veinte funcionarios civiles y militares de ese país, en un procedimiento impulsado por Legal Action Worldwide en representación de las víctimas.
Las organizaciones sostienen que Argentina tiene obligaciones internacionales de investigar delitos graves y garantizar el acceso a la justicia. Añaden que, incluso si una inmunidad pudiera aplicarse a una persona o actuación concreta, esa circunstancia no debería paralizar necesariamente las investigaciones sobre los hechos denunciados.
En consecuencia, las siete entidades pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que concluya que, en las circunstancias planteadas en esta causa, las inmunidades personales y funcionales no impiden la continuidad del proceso. A su juicio, el pronunciamiento puede contribuir a consolidar la jurisdicción universal como una vía para investigar crímenes internacionales y garantizar los derechos de las víctimas.
