La interina pidió avanzar hacia la despenalización del instrumento discrecional
FUENTE ORIGINAL: EFECTO COCUYO. –
La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que solicitó formalmente a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el objetivo de “despenalizar los tipos penales contemplados en esa normativa” y corregir desviaciones en su aplicación.
A través de su cuenta oficial en X, Rodríguez señaló que “seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela” y explicó que la reforma “busca abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana”.
La solicitud quedó plasmada en una comunicación oficial fechada el 28 de septiembre de 2026 y dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la gobernante.
En el documento, la mandataria encargada indica que la reforma parcial de la ley —publicada en Gaceta Oficial N.° 41.276 del 10 de noviembre de 2017— forma parte de las acciones del Gobierno Nacional “para transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el reencuentro y convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos”.
Asimismo, pidió que la iniciativa sea considerada “con carácter de urgencia”.
La Ley Constitucional contra el Odio, aprobada en 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, establece penas de hasta 20 años de prisión por la “promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia”, y ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, gremios periodísticos y sectores de la oposición, que la consideran un instrumento utilizado para restringir la libertad de expresión y criminalizar la disidencia.
El anuncio de este martes se produce meses después de que el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconociera públicamente, en febrero de 2026, que habían existido “situaciones de mala utilización” de la norma y adelantara que era “muy probable” su reforma.
Hasta el momento, la Asamblea Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre el trámite de la solicitud.
