Fundehullan y el Observatorio de Derechos Humanos responsabilizaron al Estado venezolano por la omisión judicial y exigen la intervención de organismos internacionales ante la desatención médica a procesados con patologías graves
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) y el Observatorio de Derechos Humanos denunciaron el fallecimiento del ex preso político Jovanny González, ocurrido el pasado 26 de agosto a causa de un cáncer terminal metastásico, tras la constante negativa del sistema de justicia de otorgarle la libertad plena o medidas humanitarias.
De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones defensoras de derechos humanos, la víctima —quien se desempeñó como asistente parlamentario y residía en el estado Barinas— se mantenía sometida a un régimen de presentación periódica ante los tribunales pese a la gravedad de su estado de salud y a los informes médicos presentados. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) condenaron la omisión del gobierno y de las autoridades judiciales que ignoraron las peticiones de amnistía y libertad absoluta presentadas antes de su deceso.
Exigencias al sistema judicial y llamados a instancias internacionales
Ante el desenlace, Fundehullan exigió la apertura de una investigación formal para establecer responsabilidades y aplicar sanciones penales a jueces y fiscales que desestimaron la condición médica del ciudadano. Asimismo, la organización instó al cese inmediato de las medidas cautelares y a la concesión de libertad plena e incondicional para todas las personas privadas de libertad o bajo medidas restrictivas que padezcan patologías crónicas, degenerativas o en fase terminal.
A través del manifiesto, las ONG solicitaron la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, a fin de que registren y documenten el caso de González como evidencia de un patrón de desatención médica y persecución judicial sistemática. De igual forma, demandaron una reparación integral patrimonial e institucional para los familiares del afectado por las omisiones estatales.
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) y el Observatorio de Derechos Humanos denunciaron el fallecimiento del ex preso político Jovanny González, ocurrido el pasado 26 de agosto a causa de un cáncer terminal metastásico, tras la constante negativa del sistema de justicia de otorgarle la libertad plena o medidas humanitarias.
De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones defensoras de derechos humanos, la víctima —quien se desempeñó como asistente parlamentario y residía en el estado Barinas— se mantenía sometida a un régimen de presentación periódica ante los tribunales pese a la gravedad de su estado de salud y a los informes médicos presentados. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) condenaron la omisión del gobierno y de las autoridades judiciales que ignoraron las peticiones de amnistía y libertad absoluta presentadas antes de su deceso.
Exigencias al sistema judicial y llamados a instancias internacionales
Ante el desenlace, Fundehullan exigió la apertura de una investigación formal para establecer responsabilidades y aplicar sanciones penales a jueces y fiscales que desestimaron la condición médica del ciudadano. Asimismo, la organización instó al cese inmediato de las medidas cautelares y a la concesión de libertad plena e incondicional para todas las personas privadas de libertad o bajo medidas restrictivas que padezcan patologías crónicas, degenerativas o en fase terminal.
A través del manifiesto, las ONG solicitaron la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, a fin de que registren y documenten el caso de González como evidencia de un patrón de desatención médica y persecución judicial sistemática. De igual forma, demandaron una reparación integral patrimonial e institucional para los familiares del afectado por las omisiones estatales.
Antecedentes de la detención y vulneración de derechos
El caso de Jovanny González se remonta a las protestas registradas en el país durante el año 2017, momento en que fue aprehendido de forma arbitraria junto al ex diputado regional Wilmer Azuaje. Durante su periodo de reclusión, las organizaciones de derechos humanos documentaron y denunciaron constantes violaciones a las garantías fundamentales, así como la denegación de atención médica oportuna a los procesados por motivos políticos.
Pese a que en las semanas previas a su muerte González difundió un video en el que detallaba la pérdida de la capacidad motora por el avance del cáncer metastásico y solicitaba la amnistía judicial, las autoridades mantuvieron el régimen de citaciones, un hecho catalogado por las organizaciones independientes como un trato inhumano y degradante que vulnera el derecho a la vida y a la integridad física.
