A pesar de que Venezuela cuenta con una amplia legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas e, incluso, la Constitución dedica todo un apartado al desarrollo de los derechos indígenas, la realidad es que están desprotegidos por el Estado y a merced de grupos irregulares, lo que los obliga a migrar para proteger sus vidas. En los países de acogida, tampoco tienen garantías de sus derechos