Pacientes renales se sienten «a la buena de Dios» en medio de la pandemia (y II)

Fuente: CronicaUno

En medio de la pandemia por la COVID-19 y la emergencia humanitaria compleja que vive el país quedaron los pacientes crónicos. Las restricciones de movilidad y de transporte en semanas de cuarentena radical, más las fallas en el suministro de combustibles, han perjudicado la continuidad de sus tratamientos.


Caracas. En la actualidad de Venezuela, de emergencia humanitaria y pandemia por la COVID-19, la situación de los pacientes renales no es menos crítica ni menos alarmante que la del resto de pacientes con otras condiciones crónicas. Una parte de esta comunidad requiere tratamiento sustitutivo renal tres veces por semana cada una de cuatro horas. Este tratamiento los obliga a trasladarse a unidades de diálisis, sin importar si es cuarentena radical o flexibilización.

Pero las restricciones de movilidad y las limitaciones en el uso del transporte público durante las semanas de cuarentena radical han entorpecido los ciclos de diálisis de las 7600 personas que, aproximadamente, reciben tratamiento de diálisis en el país, según datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), aunque desde la organización Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) estiman que actualmente podrían ser un poco menos.

A veces Reymer Villamizar, fundador de ATV, siente que “las personas con insuficiencia renal son cada vez más olvidadas, no tomadas en cuenta o simplemente dejadas a la buena de Dios” por parte de las autoridades gubernamentales que tienen competencia en la área de la salud pública, y aún más, en medio de la cuarentena que parece vino a agravar más su situación, que ya desde 2015 estaba en detrimento en el país debido a la emergencia humanitaria compleja.

Las personas están dejando de asistir a sus tratamientos porque muchas veces no pueden trasladarse. Hay estados que, gracias a la presión que se ha ejercido, han establecido rutas para las personas que tienen que recibir diálisis. Pero ha sido insuficiente. Y en muchos casos esas mismas unidades de transporte dejan de prestar servicio por falta de combustible”, expresó Reymer.

Carmen Padilla sabe que como paciente renal en diálisis debe estar lo menos posible en la calle para evitar el contagio de la COVID-19 y también evitar el contacto físico. Sin embargo, no puede faltar a la diálisis. Carmen vive en el estado Lara, allí la gobernación les dio cupos a los pacientes renales en las estaciones de servicio para abastecerse de 120 litros de gasolina subsidiada cada cierto tiempo para que puedan movilizarse hasta las unidades de diálisis y las farmacias de alto costo.

Hay veces que podemos surtir dos veces al mes y otras cuatro veces al mes”,  dijo Carmen, quien aclara que esto solo funciona en el caso de las personas que tienen vehículos particulares.

Quienes no tienen carro propio –contó Carmen– pueden utilizar las unidades de transporte público de TransBarca que fueron habilitadas en una ruta especial hacia las unidades de diálisis. No obstante, la paciente denuncia que este servicio funciona “a medias porque a cada rato tienen problemas con el abastecimiento de gasoil, con los filtros, con el aceite. A veces llegan con retardo o no prestan el apoyo”.

En algunas unidades de diálisis –según reportes que han llegado a ATV– han tenido que reducir las cuatros horas de diálisis recetadas a los pacientes para que el personal médico y de enfermería pueda salir un poco más temprano y llegar a sus casas antes de que las calles queden desoladas o el poco transporte público que funciona en semanas radicales desaparezca. Otro reporte ha sido que en alguna unidades, sobre todo del interior del país, les solicitan llevar al menos un litro de gasolina a los pacientes para las plantas eléctricas ante las constantes interrupciones en el servicio de electricidad. También que muchas veces les toca comprar entre todos garrafas de agua para las plantas de ósmosis.

No existe una cifra, proporcionada por el IVSS, de cuántas unidades de diálisis están funcionando actualmente en el país. Pero, según ATV, para 2019 se hablaba de 128 activas, aunque para 2017 se calculaban unas 300.

Desde hace años que venimos alertando de la crisis humanitaria compleja, que no es motivada a las sanciones como han querido hacer ver. Hemos visto cómo han obviado nuestras peticiones. Sin embargo, seguimos alzando la voz, tendiendo todos los puentes posibles a ver si hay alguna respuesta por parte del Seguro Social o del Ministerio de Salud”.

La búsqueda de los medicamentos en las farmacias de alto costo del IVSS también se ha convertido en un problema. La mayoría de estos establecimientos están ubicados en hospitales designados como centinelas o que en la actualidad están colapsados de pacientes contagiados con el coronavirus. Es allí donde las personas con trasplante riñón deben ir en busca de los inmunosupresores, medicamentos que deben tomar de por vida. Si no, corren el riesgo de perder el trasplante. Además de la vitamina B12, el calcio, fósforo, ácido fólico y hierro que incluyen sus tratamientos.

En el caso del Distrito Capital, una de las farmacias de alto costo está ubicada en el hospital Pérez Carreño, que para el 30 de marzo –según datos de Monitor Salud– registró 42 pacientes hospitalizados con COVID-19. Y en Miranda, otra de estas farmacias está dentro del hospital Domingo Luciani, donde el pasado 11 de abril la misma ONG informó de 11 fallecidos con criterios de COVID-19 en 24 horas.

Muchas personas se han contagiado yendo a buscar los medicamentos y otras tienen el temor de contagiarse por lo que han dejado de retirar los medicamentos”, contó Reymer.

Lo que más le preocupa a Carmen son los elevados costos de los medicamos, exámenes de laboratorio y consultas médicas. Además de la insuficiencia renal, Carmen también presenta problemas neurológicos, cuyo tratamiento debe costear su familia porque el IVSS no le incluye esa patología anexa. Ahorita solo me está cubriendo las ampollas de hierro, el ácido fólico, el calcio y la eritropoyetina. Pero el hierro y la vitamina B12 están llegando una vez al mes. Y esa vitamina B12 que me dan me genera reacción. No la puedo tomar. Mi familia debe comprar 12 ampollas al mes. Cada una en 10.000.000 de bolívares actualmente, relató Carmen.

En los últimos meses, Amigos Trasplantados de Venezuela ha reportado fallas en el suministro de medicamentos inmunosupresores, sobre todo en Barinas, Táchira y Zulia. Además de las problemáticas en los servicios de agua y luz de las unidades de diálisis, así como de la falta de mantenimiento de estas infraestructuras y de los equipos médicos.

Hay intermitencia en la entrega de los medicamentos. A veces no llegan completas o tardan en llegar. Muchas personas tienen que optar por minimizar las dosis requeridas en un intento de rendir los medicamentos hasta que vuelvan a llegar. Eso genera el riesgo de que las personas empiecen a rechazar los trasplantes”, dijo Reymer.

En el 2020, ATV recibió información de 20 pacientes renales trasplantados fallecidos a consecuencia de las complicaciones relacionadas con el contagio de la COVID-19. “El contagio fue un factor fundamental en las pérdida de estas personas. Pero muchos de ellos venían arrastrando problemas por falta de medicación, y al estar tan susceptibles, se contagiaron y fallecieron”, explicó Reymer, quien recuerda que para 2017 en el país existían entre 13.000 y 15.000 pacientes renales. Sin embargo, se estima que ya para 2019 habían fallecido 5000 pacientes renales. Cifra que el expresidente del IVSS, el militar Carlos Rotondaro, terminó confirmando desde su exilio en Colombia ese mismo año.

Para nosotros toda esta situación es muy lamentable. Ellos (el Gobierno), no toman en cuenta que estas personas son parte fundamental de la sociedad y además son muy productivas”, dijo Reymer.

En el año 2000, Reymer Villamizar recibió un trasplante de riñón en el Hospital Clínico Universitario. Él fue uno de los beneficiarios del extinto Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv), el cual funcionó hasta 2014 cuando pasó a manos del Ministerio de Salud, que a su vez creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene). Este paralizó funciones en 2017, cuatro años después sigue paralizado. En cambio, Carmen tiene siete años de haber sido diagnosticada con insuficiencia renal y lleva seis años en una lista de espera para optar por un trasplante en el hospital Militar de Caracas.

Llegué a diálisis justo en la peor crisis que se ha presentado en el país”, lamentó Carmen.

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