Niños y niñas de Venezuela tienen derecho a gobiernos locales y regionales que asuman de manera prioritaria el cuidado y la protección para su desarrollo integral


Este año, el 32 aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CSDN) en el mundo coincide en Venezuela con el proceso electoral para elegir a las autoridades regionales y municipales de los próximos 4 años, en medio de una crisis política, económica y social que se ha agravado por los efectos de la pandemia del COVID-19. En este escenario, los niños, las niñas y las y los adolescentes (NNA) son quienes sufren las mayores afectaciones a su seguridad y bienestar, por lo que es urgente que las funciones públicas se ejecuten para garantizar sus derechos en concordancia con los principios de la CSDN en los que se enmarcan nuestras leyes.

Quienes aspiran a cargos públicos y también quienes les elegimos debemos TENER PRESENTES A NIÑOS y NIÑAS PRIMERO y, por tanto, desde nuestro rol ciudadano promover que la gestión pública se oriente y cuente con los recursos adecuados para generar servicios accesibles y consistentes con las necesidades de esta población a fin de que ellas y ellos crezcan y se desarrollen en un entorno de equidad, progreso, bienestar y paz.

La construcción de una AGENDA PÚBLICA comprometida con NNA y familias venezolanas impulsa a la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDHNNA), a proponer acciones para que los gobiernos regionales y municipales restituyan los derechos de niñas y niños, tan afectados por el contexto actual. Por ello, consideramos esencial:

  1. Que cada gobierno apruebe y ejecute una Política Pública de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes asignando recursos financieros suficientes para el funcionamiento de los servicios, instituciones y programas que se requieren para proteger la vida, la salud y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
  2. Que exista un sistema de información robusto y transparente sobre la situación de la niñez y la adolescencia en las localidades, así como los recursos técnicos y financieros para brindar una atención especializada a NNA víctimas de abusos y violencia, o sin cuidado de sus padres, madres o familias.
  3. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en espacios amigables con información apropiada para que puedan opinar en los asuntos públicos que les interesan.
  4. Que las familias que afrontan situaciones difíciles debido al desempleo, la crisis económica, la separación de familiares, los desastres naturales, enfermedades o muerte, reciban el apoyo que, como lo establecen la CSDN, la Constitución y la LOPNNA, el Estado está obligado a brindar para que puedan cumplir con su labor en la formación, manutención y cuidado afectuoso, equitativo y sin violencia, de sus hijas e hijos.
  5. Que exista y se consolide un espacio propicio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan incidir en los asuntos públicos, promoviendo la defensa de los derechos humanos, sin riesgos de persecución, hostigamiento o discriminación.
  6. Que se fortalezcan las instituciones y proveedores de servicios públicos para garantizar el acceso universal y masivo a toda la población y que las entidades que conforman el Sistema de Protección cuenten con la infraestructura, recursos humanos y financieros, así como programas adecuados para garantizar la protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en Venezuela.

Las nuevas autoridades regionales y municipales deberán generar las acciones, así como asignar y ejecutar recursos, que permitan garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los niños, las niñas y adolescentes en Venezuela. Así mismo, la ciudadanía tiene el derecho y le corresponde vigilar que estas acciones se realicen y los recursos se inviertan de manera apropiada para alcanzar estos fines.

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