Mujeres y niñas en el estado Bolívar, víctimas de formas contemporáneas de esclavitud

Fuente: El Diario

Un informe presentado por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) revela la situación que se vive en las zonas mineras de la entidad. Mujeres y niñas son víctimas de explotación sexual y prostitución forzada. Foto: Transparencia Venezuela


En Venezuela la situación de emergencia humanitaria, sumada a la pandemia por covid-19, pone a las mujeres y niñas del país en un estado de vulnerabilidad que impacta de forma directa sus derechos.  

El Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) presentó este jueves la edición del informe sobre formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar desde una perspectiva género sensitiva, enfocada en la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas.

Luego del establecimiento del Arco Minero del Orinoco se desencadenaron ciertas prácticas económicas en torno a las minas, en donde se incrementaron los casos de violencia sexual y física, trata de personas, explotación sexual y prostitución forzada.

En la investigación se destaca que los grupos más vulnerables están constituidos en su mayoría por mujeres y niñas en edades comprendidas entre 13 y 35 años.

Beatriz Borges, investigadora asociada al CDH de la UCAB y directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), indicó que, aunque existen leyes de protección para las mujeres, “no hay la voluntad política en términos de institucionalidad que permita brindar esta protección de manera efectiva”.

Violencia de género en el estado Bolívar

El informe destaca que las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área.

“Existen al menos 680 sectores mineros distribuidos en 51.286 hectáreas. Se han identificado en Canaima al menos 59 sectores de minería ilegal”, reseña el documento.

En este contexto, el estado Bolívar forma parte de una realidad nacional de desigualdad, discriminación y violencia en contra de las mujeres, debido a la falta de una institucionalidad eficiente que proteja y garantice los derechos del género femenino.

Borges explicó durante la presentación del informe que la región minera está envuelta en conflictos violentos, masacres, asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte, persecuciones a indígenas por parte de mineros criollos y casos de mutilaciones.

Sin embargo, destaca que estos delitos permanecen impunes, lo que generó una cultura de terror y miedo en la zona; además de que el territorio es controlado entre un 30 y 50% por grupos armados.

«Estos grupos armados pasan a tomar no solo el control de las formas en cómo se produce, sino de quienes trabajan en el sector, incluyendo sus formas sexuales. Todas las labores que realizan las mujeres, incluyendo sus ingresos, son controladas por estos grupos”, expresó Eumelis Moya, coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la UCAB, extensión Guayana.

Resaltó que no se entiende cómo la movilización de personas que serán sometidas laboral o sexualmente en el contexto minero pasa desapercibida, debido a que para trasladarse hasta las zonas mineras se requiere pasar por al menos 17 alcabalas.

Mujeres en las minas

Borges señaló que la realidad en las zonas de explotación minera afecta de forma diferenciada a las mujeres, debido a que se ven sometidas y limitadas a roles de “gestión social”, como cocineras, trabajos domésticos, parejas de los mineros o siendo prostitutas.

Menciona que un tema recurrente y preocupante es la demanda de mujeres jóvenes en las minas, ya que las niñas menores de edad y las mujeres que nunca han mantenido relaciones sexuales tienen un precio superior asociado a los estereotipos de género y sexualización de jóvenes.

La investigadora indicó que la mayoría de estas mujeres están en condiciones de pobreza, afectadas por la crisis multidimensional agravada que vive Venezuela, y buscan una salida a esa situación. No obstante, no todas provienen de Bolívar. Muchas han indicado que son de otros lugares como Maturín, Carúpano, Maracaibo, Mérida y San Cristóbal.

Alianza entre la minería ilegal y la prostitución forzada

El informe señala que el tráfico sexual opera de la mano y de forma intrínseca con la minería ilegal, en donde las mujeres son cosificadas, instrumentalizadas y utilizadas como mercancía en un contexto de violencia generalizada. 

“Estas mujeres no cuentan con protección estatal, sino que por el contrario las autoridades han normalizado la situación y también perpetran la violencia y actividades delictivas contra ellas”, detalló Borges.

Agrega que la explotación sexual se ha vuelto una situación inherente al modo de vida en el sector minero. Indicó que la mayoría de las ganancias van a parar en manos de los dueños de los establecimientos o de los grupos criminales que ejercen control sobre la zona.

“Las mujeres involucradas en la prostitución no solo deben pagar a estos grupos por protección, sino que también deben usarlos para mediar disputas de pagos entre otras dinámicas de la violencia en la zona”, puntualizó.

Aunque no existe una cifra oficial sobre el número de mujeres prostituidas en Bolívar, una fuente de la policía de ese estado estimó que son cerca de 3.500 mujeres las que ejercen la prostitución.

Silencio del Estado

En el documento se expone que se ha reportado cómo agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las zonas mineras obligan a las mujeres a prestarles servicios sexuales sin pagarles lo acordado.

Aun así, Borges menciona que todavía es necesario investigar con mayor profundidad la participación de las autoridades en las redes de trata.

Desapariciones y asesinatos de mujeres

Borges informó que se tienen reportes de mujeres y niñas que desaparecen en la selva y sus familiares no vuelven a saber de ellas. 

Según la organización Codehciu, entre 2012 y 2020, al menos 77 personas desaparecieron en minas del sur de Venezuela. Del total de los casos, 13 son mujeres y 64 hombres.

“Las mujeres son las principales voces que denuncian los asesinatos y desapariciones, además, enfrentan el miedo a las represalias o consecuencias por denunciar lo que viven sus familiares en las minas”, indicó Borges.

Medidas que se deben tomar

Entre las conclusiones expuestas en el informe, se resalta que, debido a la de seres humanos, la prostitución forzada y la explotación sexual en el estado Bolívar, es necesario que se elaboren investigaciones que determinen el impacto de la explotación minera en la vida y los cuerpos de las mujeres.

El estudio de la situación debe permitir la elaboración de un plan de prevención de violencia de género en la zona.

Además, se resalta que desde el enfoque de derechos se deben tomar medidas efectivas que permitan garantizar la seguridad social, económica y alimentaria, la protección de la vida e integridad de las mujeres, la promoción de la salud sexual, así como la eliminación de todas las formas de violencia en contra del género femenino.

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