Los mil días de Bolsonaro y la grave crisis de derechos humanos en Brasil

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la vulneración a los derechos humanos.

Fuente: Newsweekespañol.com

Transcurridos más de 1.000 días de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, Brasil está considerablemente peor que cuando asumió el cargo.

La pésima gestión de la pandemia de Covid-19, la agudización de la crisis de seguridad pública y la gran devastación ambiental son solo tres de los resultados de un mandato que ha representado un verdadero desastre para los derechos humanos.

En el informe “1,000 días sin derechos: las violaciones del gobierno Bolsonaro”, Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto 32 actuaciones del gobierno que han conducido claramente a graves violaciones de derechos humanos desde la toma de posesión del presidente hasta el 26 de septiembre de 2021.

Millones de personas en todo el país han notado los efectos de estás políticas nocivas en sus bolsillos, en sus mesas a la hora de comer, en sus territorios y en sus cuerpos. El país que Bolsonaro describió en su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas no existe.

Lejos de las pretensiones de un presidente que afirma que gobierna un país sin corrupción, con sólida protección ambiental y credibilidad restaurada de cara al mundo, la realidad es que Brasil está sumido en una crisis de derechos humanos grave y multidimensional.

El desempleo afecta a 14 millones de personas, que forman parte del 56 por ciento de la población que hace frente a la inseguridad alimentaria y tiene escaso o ningún acceso a asistencia social. El hambre afecta cada día a 19 millones de personas —de modo desproporcionado a personas negras e indígenas—, y con frecuencia las mujeres han de asumir en solitario el desafío de asegurar el cuidado y la subsistencia de sus familias, sin apoyo alguno del gobierno federal.

La ayuda económica de emergencia, que comenzó a prestarse en 2020, se interrumpió durante tres meses y después se reanudó con capacidad reducida.

Las organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para mitigar los efectos del hambre en Brasil, han distribuido alimentos a residentes de las favelas y han prestado asistencia jurídica para ayudar a personas indígenas y quilombolas (personas afrobrasileñas residentes en asentamientos históricos fundados por personas esclavizadas que escaparon) a defender sus derechos. Pero el Estado también debe hacer más.

El presidente Jair Bolsonaro ha respondido a la pandemia de covid-19 con una mezcla de negacionismo, negligencia, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. Las constantes declaraciones y acciones de Bolsonaro para restar importancia a los efectos de la enfermedad, entre ellas sus innumerables discursos contra las vacunas de covid-19, la demora en la adquisición de vacunas, su defensa de fármacos ineficaces, y su apoyo a grandes concentraciones de personas son algunos de los motivos por lo que Brasil se acerca a la desoladora cifra de 600,000 vidas perdidas.

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