La ONG Provea publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos durante el año 2020. En el estudio se abordan temas como seguridad alimentaria, desnutrición, violencia policial, intensificación de la crisis por la pandemia, falta de cifras, derechos cívicos y de participación
Venezuela se encuentra inmersa en un cúmulo de problemáticas y precariedades que afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Las dificultades abarcan desde la falta de seguridad alimentaria, ejecuciones extrajudiciales, mal manejo de la pandemia y otras aristas que ponen al país en una situación de vulnerabilidad. La ONG Provea publicó este miércoles 7 de julio el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2020.
El estudio, elaborado junto a especialistas e investigadores, abordó temas como los índices de desnutrición, la manera en que la pandemia del covid-19 profundizó la crisis, la falta de cifras y datos oficiales, la violencia policial, entre otros tópicos.
Desnutrición e inseguridad alimentaria
Provea documentó que durante el año 2020 se intensificó la gravedad de la situación alimentaria y nutricional en Venezuela. A esto se le suma el impacto que ha tenido la pandemia en las poblaciones más vulnerables.
“La pandemia por coronavirus afectó gravemente los ingresos de los hogares que dependen de la economía informal. La falta de ingresos en los hogares dificultó la compra de alimentos, intensificó el hambre y la vulnerabilidad en la población”, señala el informe. En el año 2020 el poder adquisitivo de los venezolanos que ganan salario mínimo pasó de 1,7% en enero a 0,5% en diciembre.
Destaca que durante este periodo en Venezuela se vulneró el derecho a la alimentación. La desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años de edad de comunidades vulnerables fue de 12%, lo que supera el umbral de crisis según los estándares humanitarios.
El estudio se apoya en los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), debido a la falta de datos oficiales. 88% de los hogares entrevistados entre los años 2019 y 2020 expresaron su preocupación por el hecho de que los alimentos se le acabaran.
La pobreza afectó al 96% de los hogares venezolanos en 2020, según los datos de la Encovi, siendo el doble de la registrada en 2014. Provea hizo referencia a la intensificación de la crisis política, económica y social durante la pandemia y las dificultades del sector agroalimentario para sostener la producción. Esto dificulta el acceso de la población a alimentos producidos en el país.
Libertad personal, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales
Los cuerpos de seguridad del Estado realizaron 2.853 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año 2020, según lo documentado por Provea junto al Centro Gumilla.
“Las ejecuciones han sido altas también en 2021. Lo que sí hemos podido constatar es que tuvimos una baja significativa de las ejecuciones, sobre todo las realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Esto es un elemento muy importante porque refleja que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado”, afirmó Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea durante la presentación del informe.
Alvarado señala que esta disminución de las ejecuciones extrajudiciales guarda relación con el informe sobre Venezuela que presentó la Misión de Determinación de Hechos en septiembre de 2020. En este pronunciamiento, se cuestionó el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, principalmente de las FAES.
Desde octubre hasta diciembre se redujeron 80% las ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES. Comenta que esta reducción refleja que es posible detener la violaciones a los derechos a la vida si hubiese voluntad política.
A pesar de que hubo una disminución de la violencia policial generada por las Fuerzas de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) encabeza estas denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Aclara que durante el primer trimestre de 2021, según los datos recolectados por la organización, se registró una disminución de 50% de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Sin embargo, precisa que esto no significa que las cifras dejen de ser altas.
«Hay altos niveles de impunidad sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se registran en el país. Las pocas investigaciones que se realizan apuntan a investigar a los autores materiales, pero no se investigan las cadenas de mando”, apunta Alvarado.
Otra arista es el desplazamiento que se produce en varios estados de Venezuela debido a los índices de violencia. Esta situación se registra en Apure, con el conflicto armado, en zonas fronterizas del estado Zulia, en Barlovento (Miranda). También en Caracas, específicamente en La Vega, donde los grupos delincuenciales han tomado el control de la zona.
El informe señala también que durante 2020 hubo 15.470 violaciones a la libertad personal. Con respecto al año 2019, las detenciones arbitrarias durante operativos policiales aumentó 14.370%. Además se registraron 127 detenciones por razones políticas y 19 casos de torturas en el país.
Derechos civiles en riesgo
Provea pudo documentar que en materia educativa hubo una disminución de 230.710 estudiantes de educación inicial y primaria durante el año escolar 2019-2020. Resaltó que Unicef reportó en 2019 que en Venezuela había al menos un millón de niños sin escolarizar. En el aspecto laboral, el salario mínimo cubrió 0,5% de la canasta básica durante 2020. Mientras que el índice de trabajadores que dependen de un salario, tanto en el sector público como el privado, cayó 46%. Los derechos laborales se convirtieron en el segundo motivo de protestas durante el año 2020.
Otra arista que abarca el informe es la profundización de la crisis por la pandemia del covid-19. Desde marzo de 2020, con el anuncio de la cuarentena en el país, el colapso hospitalario ha ido en ascenso. Los centros de salud padecen carencias desde el año 2014. Se enfrentaron a una pandemia sin los insumos y sin la cantidad de personal necesario.
Durante la presentación del estudio, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, cuestionó la falta de información pública en torno al manejo de la pandemia como a las jornadas de vacunación que se realizan en el país desde el mes de febrero.
Comentó que se desconoce el número de trabajadores de la salud que han sido vacunados, a pesar de que se trata de un grupo prioritario debido al alto riesgo de contagio.
“La pandemia fue una arista más que se sumó a la tragedia que vivimos en el sector salud. Tenemos hospitales colapsados, más del 70% de los centros de salud sin servicio de agua. En junio de 2020 empiezan a morir por covid nuestro personal sanitario. A pesar de que existen países que ya han vacunado al 100% de su personal de salud, en Venezuela este sector no está totalmente inmunizado”, afirma Contreras.
Señaló que en lo que va del año 2021 se han registrado 377 muertes de personal de salud que han fallecido con sintomatología relacionadas a covid-19. Es por ello que el gremio exige un plan de vacunación claro, público y transparente.
